Un paraíso fiscal cuestionado, pero al que todos quieren tener acceso

El país se encuentra en una encrucijada en cuanto a las listas grises. Y es que de eso depende, en gran parte, la fluidez de los capitales en un mundo globalizado.

La noticia de la inclusión de Panamá, junto con Nigeria y Arabia Saudita, por parte de la Comisión Europea, en la lista de 23 países que muestran ‘deficiencias estratégicas' en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo cayó como balde de agua fría hace dos semanas. Máxime cuando la Asamblea Nacional —con un año de retraso— aprobó en enero, finalmente, la polémica ley que penaliza la evasión fiscal y la convierte en delito precedente del blanqueo de capitales.

Pero al parecer la aprobación de la ley no complació a la Unión Europea, cuyo parlamento aún debe aprobar dicha decisión en bloque para ratificar o no la inclusión de Panamá en esa lista.

INVENTARIO

La plaza cuenta con dos bancos oficiales, más

bancos con licencia general y

bancos con licencia internacional

Incluso el diputado Elías Castillo increpó al senador francés Olivier Cadic y al embajador galo por la mención de Panamá en esa lista, según una nota informativa de la Asamblea.

Sin embargo, parece que el pulseo previo que se extendió por un año entre sectores privados y el Gobierno, y que finalmente puso un tope mínimo de defraudación fiscal de $300,000 anual para ser penado con cárcel, sí convenció al Grupo de Acción Financiera (GAFI). En su última lista (publicada el 22 de febrero) después de su reunión plenaria, dejaron fuera a Panamá. Pero advirtió que la lista ‘oficial' la publicarán en junio, lo que ha dejado al país nuevamente a la expectativa.

Las listas per se no afectan en mayor medida —a nivel de costo— los servicios empresariales y legales que ofrecen empresas panameñas, pero sí afectan a entidades bancarias y financieras.

Como estas trabajan con dólares americanos y sin un banco central que emita papel moneda, el flujo de capitales extranjeros es vital para sostener la actividad financiera del país. La inversión extranjera directa totalizó $4,866.2 millones hasta septiembre pasado.

La inclusión en listas grises incrementa la cantidad de requisitos que los bancos europeos —y sus sucursales panameñas— deben cumplir para transaccionar con bancos de la plaza local. También incrementaría los costos para las transacciones entre bancos europeos y sus clientes residenciados en Panamá.

Y si bien con la salida de importantes bancos de marca mundial en los últimos años el Centro Bancario Internacional ha migrado a un centro bancario más bien regional, Panamá aún sigue en el mapa financiero con 47 bancos de licencia general, 26 bancos con licencia internacional y $120,610 millones en activos acumulados hasta noviembre pasado.

De esta forma, Panamá se adentra en un año electoral con un dilema más reputacional que legal. Es un paraíso fiscal con el que nadie se quiere pelear, por el potencial de crecimiento económico —uno de los más altos del mundo—, un canal interoceánico prometedor y una agresiva inversión estatal en infraestructura, que prefiere consorcios internacionales para obras públicas.

Y es quizás el mismo dilema que mantiene a los sectores de servicios legales y el bancario un tanto polarizados en cuanto a la adopción o no de las ‘recomendaciones' de los organismos internacionales, entre ellas la penalización de la evasión fiscal.

Lo que para un sector es rentabilidad y ejercicio de la soberanía fiscal, para el otro representa un golpe reputacional que les cierra algunas válvulas de flujo externo.

Y si sumamos las iniciativas para repatriar esos capitales, como llevan adelante Ecuador y Colombia, el panorama se podría complicar un poco.