Crónica de una muerte anunciada, Panamá entra otra vez a lista gris del GAFI

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyó otra vez  a Panamá en su lista de ‘Jurisdicciones con deficiencias estratégicas' para prevenir el terrorismo y el lavado de dinero, junto a otros once territorios: Las Bahamas, Botsuana, Camboya, Etiopía, Ghana, Pakistán, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez y Yemen.

Panamá ya estuvo en esta lista en 2014 y salió en 2016.

La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, señaló que tras la revisión de los avances del marco regulatorio y su efectividad en la implementación de las prácticas para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo, el país fue incluido en un ‘documento de cumplimento y bajo monitorio'.

Así, Panamá entró otra vez a la ‘lista gris' de GAFI, a menos de diez días del cambio Gobierno, lo que supone otro reto más para el presidente electo Laurentino Cortizo.

En junio de 2014 (Gobierno de Juan Carlos Varela) Panamá ya estuvo en esta lista gris, pero en febrero de 2016 después de un ajuste en su marco legal (con la aprobación de la Ley 23 de 2015, Ley 10 de 2015, Ley 11 de 2015 y Ley 34 de 2015) logró salir. Por su parte, en el 2017 se aprobó la Ley 21 de 2017 y la Ley 70 de 2019.

Con el fortalecimiento de su marco regulatorio de acuerdo con los estándares internacionales, la ministra Varela de Chinchilla explicó que Panamá cumple 35 de las 40 recomendaciones de GAFI.

Para ponerlo en perspectiva, la ministra indicó que en el 2012 el país tenía un cumplimento de 4 de 49 acciones recomendadas, es decir, un avance del 10% en el 2014 y en 2019 un avance del 87%, de cumplimiento técnico y marco regulatorio.

El superintendente de bancos, Ricardo Fernández, considera que las consecuencias de esta nueva incorporación serán menores porque el país tiene un avance ‘sustancial' y señaló que prueba de ello es que ya se han recuperado las corresponsalías bancarias perdidas en 2014.

‘La inclusión a la lista del GAFI puede tener un impacto en el costo de fondos, que se pude encarecer por el riesgo país y otros costos asociados en la parte operativa', apuntó Fernández.

Por su lado, el economista y docente universitario Ramón Rodríguez expresó que Panamá tiene una economía de servicios, entre los cuales está el sector bancario, y sectores afines, y que el hecho de que tengamos casi el 85% de nuestro PIB vinculado al sector servicios es un elemento importante y de preocupación.

En ese sentido, Rodríguez y el financista y también docente universitario Allan Corbett, coinciden en que una de las consecuencias que puede tener a corto plazo el país es que su sistema bancario pierda corresponsalías, como ya ocurrió antes.

La primera inclusión del país en la lista gris del GAFI tuvo varios impactos en la economía panameña, entre ellos la pérdida de más de 70 corresponsalías bancarias.

Otro aspecto — destaca Rodríguez— es que podría impactar la inversión extranjera directa, fundamental en estos momentos en que hay déficit fiscal.

También advirtió de que puede afectar el grado de calificación de riesgo.

Crónica de una muerte anunciada

El centro financiero panameño tiene varios años bajo la lupa de los organismos internacionales por su supuesta falta de transparencia, especialmente después de su primera inclusión en la lista gris del GAFI y del destape de los ‘Panama Papers'.

Tras el escándalo de los "Panama Papers", el país aceleró diversas reformas para blindar su sistema financiero y suscribió varios convenios con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre ellos el de intercambio automático de información.

‘Panamá ha progresado en varias de sus acciones recomendadas... para mejorar el cumplimiento técnico y la efectividad, incluida la promulgación de la Ley 70 que introduce delitos fiscales y los convierte en delitos fundamentales para el lavado de dinero, lo que aumenta las obligaciones para los residentes',

Sin embargo, desde antes de esta nueva evaluación (del 21 de junio) ya se ventilaba el riesgo de la posible inclusión de Panamá en la lista gris, debido a la tardía aprobación del proyecto de ley 591 que penaliza la evasión fiscal (Ley 70 que castiga con penas de entre dos y cinco años de cárcel a quien evada tributos superiores a los $300,000) por parte de los diputados de la Asamblea Nacional, que extendieron por más de un año su discusión en el Pleno.

La autoridades panameñas solicitaron una nueva calificación de cumplimiento técnico que derivó en un Primer Informe de Seguimiento Intensificado de Panamá, elaborado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el mismo que fue avaluado en la plenaria de GAFI, de este viernes 21 de junio.

El documento recoge en el Informe de Evaluación Mutua (IEM) el ‘progreso' de Panamá y el ‘cumplimiento' técnico con nuevas calificaciones de diciembre de 2018 y fue publicado en enero de 2019, cuando Panamá todavía tenía pendiente (en primer debate) la aprobación del proyecto de ley de evasión fiscal en la Asamblea.

El mismo indica claramente que ‘considerando que los delitos fiscales no fueron aún tipificados como delitos determinantes del lavado de activos (LA), y que la metodología de evaluación, como también los procedimientos de evaluaciones mutuas del Gafilat disponen que sólo deben tenerse en cuenta las normas que se encuentren en vigor, la deficiencia señalada por el equipo evaluador se mantiene sin abordar'.

Como consecuencia, Panamá no mejoró su calificación en base a sus avances para tipificar el lavado de activos y se mantuvo en la categoría de ‘parcial cumplimiento', igual que en 2017. También colocó a Panamá en ‘seguimiento intensificado'.

Este último reporte de seguimiento (diciembre 2018) se presentó al GAFI el pasado mes de abril y se mostró los avances del país en el tema de cumplimiento de la ley de evasión fiscal, pero eso no fue suficiente, decantándose otra vez su inclusión en la temida ‘lista gris' del organismo,

De hecho, la propia ministra de Economía y Finanzas reconoció la semana pasada durante una conferencia la posible inclusión de Panamá en la lista del GAFI, por la tardía implementación de la Ley 70 que penaliza la evasión fiscal, aunque no precisó mayores detalles.

‘En esa área (ley que penaliza la evasión fiscal) a la fecha no existe tanto avance debido a que la ley entró en implementación en marzo de este año ', sostuvo Varela.

Precisó que ‘se mide cuánto ha sido el avance de Panamá desde 2017 a la fecha (2019) en el área de efectividad, que es la implementación de leyes que se han aprobado y que Panamá debe mostrar mejoras positivas intangibles en cada uno de los puntos de efectividad' .

En ese sentido, agregó que ‘también se han marcado ciertas debilidades en la ley 70 versus el estándar del GAFI, evaluación de riesgo que debe realizar el país para adaptarse a la ley de delito fiscal que ahora es parte de nuestra normativa'.

La titular del MEF afirmó que ‘el cumplimiento técnico es una realidad, o cumples o no cumples y son las reglas que pone el mismo GAFI'.

El pasado 11 de junio durante una conferencia de prensa, el gerente del Banco Nacional de Panamá (BNP), Rolando de León de Alba, también advirtió sobre el riesgo de Panamá de ingresar a la lista gris de GAFI, por su falta de cumplimiento de las normativas antiblanqueo en los sectores no financieros.

Alba manifestó que existía 'cierto pesimismo' en el Gobierno porque no se ha cumplido a cabalidad la normativa exigida por el GAFI en sectores como abogados, contadores o bienes raíces. Y, aseguró que el sector bancario, financiero y de seguros y afines cumplen 'superlativamente' con las reglas de prevención que se aprobaron en el 2014.

‘Panamá ha progresado en varias de sus acciones recomendadas... para mejorar el cumplimiento técnico y la efectividad, incluida la promulgación de la Ley 70 que introduce delitos fiscales y los convierte en delitos fundamentales para el lavado de dinero...', remarcó el GAFI en la conclusión de la plenaria este 21 de junio.

El pasado 22 de febrero de 2019, el GAFI había publicado una lista preliminar de doce ‘jurisdicciones con deficiencias estratégicas', en la que no apareció Panamá. Este mismo mes, la Unión Europea también incluyó al país en un lista de paraísos fiscales, pero a mediados de marzo de ese mismo año lo removió.

Marco regulatorio

En el último quinquenio, Panamá ha adoptado un serie de leyes, para cumplir con los estándares regulatorios de los organismos internacionales como el GAFI.

Por ejemplo, se aprobó la ley 23 de 2015 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capital, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (Ministerio de Economía y Finanzas).

La ley 10 de 2015 modifica y adiciona artículos del Código Penal (Ministerio Público).

La ley 11 de 2015 dicta disposiciones sobre asistencia judicial internacional en materia penal (Ministerio Público).

La ley 34 de 2015 modifica y adiciona artículos al Código Penal y otras disposiciones relacionadas al contrabando y defraudación aduanera (Ministerio Público).

La ley 21 de 2017 adopta nuevas normas para regular los fideicomisos (Superintendencia de Bancos) y la Ley 70 tipifica l evasión fiscal como delito precedente del blanqueo de capitales y actualizó los requisitos concernientes al beneficiario final (Ministerio de Economía y Finanzas).

En la reunión plenaria de GAFI celebrada en Orlando, Florida, este 21 de junio, donde se incluyó a Panamá en la lista gris se estableció un plan de acción de monitoreo.

Lo que pide el GAFI

El GAFI reveló la base de la inclusión de Panamá en el documento de cumplimiento bajo su monitoreo, a partir del cual sugirió a Panamá reforzar su efectividad:

1. Fortalecer la evaluación nacional de riesgo, incluyendo el riesgo del financiamiento del terrorismo y el delito fiscal.

2. Identificar los remitentes de dinero sin licencia, aplicando un enfoque basado en riesgo en el sector no financiero, y asegurando sanciones efectivas.

3. Asegurar la verificación y actualización de la información del beneficiario final, y fortalecer mecanismos eficaces de monitoreo de entidades offshore , evaluar los riesgos del uso indebido de personas jurídicas, y prevenir el uso indebido de accionistas y directores nominales.

4. Asegurar el uso efectivo de los insumos generados por la UAF; demostrar mayor capacidad para investigar el lavado de dinero que involucra delitos fiscales extranjeros, proporcionar mayor cooperación internacional con dicho delito; y continuar investigaciones con énfasis en áreas de alto riesgo.

CCIAP rechaza la inclusión de Panamá en lista gris del GAFI

EMPRESARIOS

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) rechazó la decisión de incluir al país en la lista de naciones que necesitan ser supervisadas en el proceso de implementación de medidas para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo que fue emitida por el GAFI. El sector privado y gubernamental —sostuvo la CCIAP— han trabajado arduamente en robustecer su marco legal, regulatorio e institucional con la adopción de normas alineadas a los estándares internacionales y la inclusión en la lista no hace reconocimiento a todo el esfuerzo y resultados logrados en un tiempo relativamente corto.

‘Panamá viene dando pasos en la dirección correcta de manera consistente y el mensaje que le envía GAFI al país con esta medida es nefasto puesto que tiene un efecto desmoralizador frente al esfuerzo requerido para impulsar todos los cambios implementados', puntualizó Jorge Juan de la Guardia, Presidente de la CCIAP.