Contradicciones por las reformas a leyes antiblanqueo y transparencia fiscal

En la primera semana de diciembre, el Gobierno presentó un paquete de reformas para actualizar las leyes antiblanqueo y de transparencia fiscal a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional. Sin embargo, la propuesta generó opiniones en contra y a favor entre los economistas y los abogados consultados por La Estrella de Panamá.

En el paquete de reformas se incluye la elevación de la Intendencia a Superintendencia de Sujetos No Financieros; que los abogados lleven el estado financiero sin diferenciar por tipos las sociedades y el tercero se refiere a los últimos dueños beneficiarios.

El abogado Alfonso Fraguela advirtió de que la medida que más se vulneraría es la de confidencialidad que tienen los abogados con sus clientes. “Lo que las autoridades quieren es que en algunos casos los profesionales incurran en la violación de revelar información de su cliente, una actitud que no está permitida dentro del secreto profesional que estipula la carrera”, expresó Fraguela.

Para el economista Eddie Tapiero, otro factor negativo es que las propuestas se exceden en materia de regulaciones y que al final restarán competitividad al sector nacional dentro del entorno global. “Hay que mantener un balance de lo que es regulación para así no ahogar a un sector con tantas medidas comerciales que en vez de beneficiar solo perjudican”, acotó Tapiero.

Por su lado, el abogado Carlos Lee apoyó la idea de Tapiero al mencionar que a mayores exigencias, al capital o las sociedades extranjeras se les dificultará las posibilidades de desarrollar sus actividades comerciales.

“Definitivamente las regulaciones atentan contra el sólido sistema financiero que tiene Panamá”, recalcó Lee.

Por su parte, el economista Rolando Gordón sostuvo que las propuestas fueron creadas para beneficiar la transparencia del país. “Hay que evolucionar y cumplir con las exigencias internacionales para que todas las sociedad anónimas que tengamos sean controladas, para así evitar las posibilidades de que el país sea utilizado como un sitio para evadir impuestos”, apuntó Gordón. Y añadió que “las reformas hay que hacerlas si son necesarias. Que un sector no esté de acuerdo porque afecta su negocio, eso es otro tema”.

Respecto a los comentarios sobre los posibles oligopolios que se estarían creando con el cambio de la Intendencia a Superintendencia de Sujetos no Financieros, el economista Felipe Argote aseguró que no existe tal posibilidad. “Eso no es cierto, lo único que se hace son métodos de burocracia, porque se crean más restricciones o controles por parte del Estado para poder que un organismo internacional no nos incluya en una lista. Los oligopolios se dan cuando hay una o dos sociedades”, afirmó el economista.

La propuesta permitiría la modificación de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 que adopta medidas contra el blanqueo de capitales y la ley 52 de 27 de octubre 2016 sobre registros contables.

La modificación a las leyes de antiblanqueo y de transparencia fiscal buscan atender parte de las exigencias del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para que Panamá pueda salir de su lista gris antes de junio del próximo año 2020.