La salida de la lista gris estaría en la cancha de los sujetos no financieros

Viéndose como un todo, la salida de Panamá de la lista gris puede no ser tan sencilla como todos quisieran. Y es que —como aclaró el recién estrenado Superintendente Bancario de Panamá, Amauri Castillo— Panamá es un Centro Bancario Internacional, no así un Centro Financiero.

Un centro financiero —explicó Castillo— requiere una mayor integración, desarrollo y madurez de instrumentos financieros, manejo de fondos, mercado de capitales y demás, que si bien Panamá está desarrollando en cierta medida, aún no se consolida con los volúmenes de activos que maneja el sistema bancario. 

Y aunque la plaza panameña se siente sólida y con un crecimiento estable — tiene activos por $124,074 millones hasta noviembre del año pasado —y estándares de cumplimiento avanzados como Basilea III, el sector de los ‘sujetos no financieros’ —la otra pieza del rompecabezas— es la determinante en el largo camino que tiene que recorrer el país para salir de la lista gris.

El camino está trazado. La Cancillería lleva adelante un plan integral que incluye visitas a gobiernos sancionadores, bancos corresponsales, campañas de imagen país, etc. Recientemente se aprobó un Registro Único de Beneficiarios finales que aún espera la sanción del Ejecutivo, la penalización del envío ilegal de remesas y la modificación de la excepción en la ley que penaliza la evasión fiscal por encima de los $300,000 anuales. Originalmente se eximía del proceso penal al pagar la deuda y se cambió para dar ese ‘beneficio’ una primera y única vez.

Castillo, quien ya estuvo en la Superintendencia por 12 años en periodos previos como Secretario General, piensa que salir de la lista gris no puede hacerse solo en base a un ‘checklist’, sino que se requiere replantear un nuevo modelo como país.

Y ese modelo incluye a buffetes legales, abogados, casinos, notarios, contadores, constructoras, contratistas, zonas económicas especiales, promotoras, casas de empeño y otros actores que también han sido señalados en las evaluaciones del país como vehículos en potencia para fondos malhabidos.

Carlos Barsallo, presidente de la Junta Directiva de Transparencia Internacional Panamá sostiene que las fórmulas legales desarrolladas en los últimos 25 años, en particular las relativas al agente residente y sus obligaciones no han funcionado adecuadamente; en parte por su deficiente formulación, “en ocasiones intencional”, y por “la palpable falta de voluntad” en su estricta aplicación. Y cita los resultados constantes de Panamá en evaluaciones mutuas sobre cumplimiento de recomendaciones sobre blanqueo desde hace más de 20 años y el propio análisis de Panamá en su auto evaluación nacional de riesgo en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo efectuada en el año 2018.

Reconociendo el avance con la aprobación del registro único de beneficiarios finales, Barsallo plantea que persisten algunas inconsistencias como que la base de datos no podría ser accedida por el Órgano Judicial, o sea la Corte Suprema de Justicia y tribunales inferiores. “Por ejemplo, en los procesos civiles en los cuales una parte requiera conocer quien es el beneficiario final de una sociedad anónima o fundación de interés privado, un juez no estará facultado para obtener dicha información. Esto afecta potencialmente la correcta administración de justicia”, advierte.

Dicho Registro Único no será publico —o al menos hasta ahora así lo ha adoptado Panamá—. Será custodiado y administrado por la Superintendencia de Sujetos No Financieros y podrán tener acceso a dicha información el Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio de Economía y Finanzas, respetando la ley de privacidad de datos personales.

Lo que podría ser un talón de Aquiles es la anonimidad de los accionistas y el uso práctico de testaferros, vía figuras como directores/dignatarios nominales, apunta Barsallo. Esta práctica es común en Panamá y muchas veces incluso, se publicita en los portafolios de servicios de las grandes firmas forenses del país.

La próxima reunión Plenaria de GAFI será en febrero. Allí se verán los resultados del ‘cara a cara’ realizado en enero. Luego viene otra reunión ‘cara a cara’ en mayo y otra en septiembre donde verán la efectividad de lo cumplido en el plan de acción, avanzó Gustavo Villa, secretario general de la Superintendencia Bancaria. Luego en la plenaria de octubre, el GAFI decide si autorizan una visita ‘in situ’ para verificar el cumplimiento; ésto se daría a inicios del próximo año en todo caso. Posteriormente “en el escenario más positivo”, en la plenaria de junio de 2021 es que “podríamos salir de la lista”, explicó Villa.