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- 11/02/2020 06:00
- 11/02/2020 06:00
En su última revisión, publicada este jueves 6 de febrero, la agencia internacional Fitch Ratings mantuvo la calificación y el grado de inversión de Panamá en “BBB”, lo cual significa que la confianza en este tema se mantiene “estable”.
El economista y catedrático universitario Ramón Rodríguez explicó a La Estrella de Panamá que la calificación de triple “B” es una calificación "buena y aceptable", que está en grado de inversión y no de especulación; y esto los inversionistas lo ven “positivo”.
“La calificación es estable para nuestro país y todavía lo ubica en el grado de inversión. Esta nota traería para Panamá una mayor inversión y, por ende, mayores oportunidades de empleo porque exhorta a los inversionistas a seguir invirtiendo en el país”, afirmó Rodríguez.
A su vez, indicó que esta evaluación favorecería el costo del financiamiento de lo que el Gobierno pide prestado, lo cual podría disminuir. “El costo del dinero va a ser más bajo para la banca y para los usuarios”, sostuvo el catedrático.
El grado de inversión representa el índice de confianza en que las obligaciones de deuda de un país serán cubiertas oportunamente, lo cual genera mayores flujos de inversión hacia una determinada nación.
Si bien en su diagnóstico, Fitch resaltó las fortalezas de Panamá, como la baja inflación y la fuerte entrada de inversión directa extranjera al país, estimada en 8.5% del PIB, también rebajó su perspectiva de riesgo de “estable a negativa”.
Respecto a esta nota, Fitch Ratings reconoció que el cambio obedece al aumento de la deuda, producto de las cuentas y obligaciones por pagar que acumuló la administración anterior. También consideró el crecimiento económico más lento que registra el país en los últimos dos gobiernos.
Para Rodríguez, dicha calificación (de estable a negativa) “hay que tomarla con mucha efectividad porque también es un llamado para que el país haga sus adecuaciones en el manejo del déficit fiscal y endeudamiento”.
Con relación a la calificación de Fitch, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó que el Gobierno, al tomar posesión, estableció una estrategia para hacerle frente a los atrasos en el pago de los proveedores y otras obligaciones, y así reactivar la economía.
La entidad precisó que en el segundo semestre de 2019, el Gobierno canceló obligaciones por pagar acumuladas hasta 2018 por unos $1,400 millones, monto que involucró pagos pendientes con proveedores, productores nacionales, educadores, e interés preferencial a los bancos y otros.
Añadió que en ese mismo periodo, el Gobierno también canceló cuentas por pagar acumuladas a la Caja del Seguro Social (CSS) por $421.4 millones.
Esta semana, la agencia calificadora de riesgo Moody's también observó un “deterioro” en los indicadores fiscales de Panamá al término del año pasado, pues en marzo se esperaba que la relación entre la deuda y el PIB se estabilizara por debajo del 40%, pero tras varias emisiones de bonos en la segunda mitad del año, la deuda habría ascendido hasta el 46% del PIB al término del ejercicio.
Calificó como “sorpresas negativas” el deterioro de los indicadores, la superior desaceleración económica del país y la crisis de las reservas de la CSS.
El economista Felipe Argote dijo a este diario que ese 46% en la relación deuda /PIB significa que la deuda creció $519 millones en 2019. Y agregó que para mejorar inversión se deben reducir los gastos y aumentar la inversión pública.
“Si perdemos grado de inversión se encarece el crédito con aumento de interés. Las inversiones se captan más con seguridad jurídica que con mercadeo. Ningún modelo económico funciona en un ambiente de corrupción”, apuntó.
Fitch, asimismo, reconoció que los niveles de deuda respecto al PIB se mantienen por debajo de la mediana de los países con igual calificación que Panamá (BBB).
Según el MEF, la calificación de Fitch está respaldada en el desempeño macroeconómico sólido y estable de Panamá, el aumento sostenido del ingreso per cápita, su posición geográfica y los activos estratégicos del país, como el Canal de Panamá.
Las calificadoras Standard & Poor's y Moody's Investors Services mantienen su grado de inversión para el país.
De hecho, en un informe previo, destacó que al finalizar el año fiscal 2019, el sector público no financiero (SPNF) cerró con un déficit por debajo de la meta establecida por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF).
Precisó que en 2019, la LRSF establecía un tope al déficit del SPNF de $2,340 millones, equivalente a 3.5% respecto al PIB, pero con la estrategia financiera y el presupuesto del Estado ejecutado por el Gobierno terminó en $2,100 millones o 3.1% respecto al PIB.
En cuanto a la modificación de los límites del déficit establecidos en la LRSF, Fitch espera que el déficit fiscal disminuya gradualmente a 2.75% del PIB en 2020 y 2.5% en 2021, hasta llegar a 2.0% en 2022. Para 2020, proyecta un crecimiento del PIB de 4.0%, respaldado por las operaciones de la mina de cobre y la inversión tanto pública como privada.