Procedimiento concursal de reorganización, alivio en tiempos de crisis

Con la hibernación económica y la coyuntura que ya marcaba tiempos difíciles para el desarrollo y crecimiento, es un hecho que empresas de diversa magnitud se encuentran camino a la insolvencia o a la incapacidad de servir las obligaciones contraídas con los acreedores.

De acuerdo con las estadísticas, 2.6 mil millones –1/3– de la población mundial ha sido puesta en alguna forma de cuarentena, ocasionando un impacto drástico en la oferta y demanda de productos y servicios.

Se estima que las industrias en general, tanto en el ámbito regional como internacional, han reducido su actividad en un 80% mientras que otras han dejado de operar, comprometiéndose así la estabilidad económica y credibilidad crediticia de estas.

Dicho estado de hibernación compromete el giro normal del negocio, porque a pesar de que exista la capacidad de continuidad y la intención de pagar luego de la crisis, el incumplir masivamente con los acreedores en los plazos acordados pone a la empresa en riesgo a ser demandada, embargada, e incluso, sometida a procesos de lanzamiento.

De ser llevados estos procesos judiciales a efecto, las empresas podrían terminar por ser liquidadas forzosamente con el objetivo de cumplir con los acreedores, tomando en cuenta que estos últimos buscan recuperar completa o incluso parcialmente sus cuentas por cobrar.

Este es un escenario que muchos empresarios desean evitar, porque la liquidación compromete el bienestar humano y significaría la aceptación del fracaso empresarial.

Considerando las consecuencias de una escasa liquidez, la insolvencia se convierte en un tema sensitivo sin discriminar la magnitud de un negocio. Esto primordialmente porque los fondos de contingencia son insuficientes frente a la paralización de más de 30 días de actividad sin miras a una recuperación segura.

Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas panameñas, al igual que en otras jurisdicciones, son las que se estima que se encuentren en mayor peligro, dado que son las unidades económicas con menor capacidad para los créditos bancarios que, en primera instancia, podrían otorgar el apalancamiento requerido.

Frente a esta situación, los asesores están dando una fuerte mirada a la consideración del marco legal de insolvencia, como medio de protección a empresas viables en este panorama caótico.

En la república de Panamá, la Ley 12 del 19 de mayo de 2016 otorga esta posibilidad al sector empresarial. Establecida con el objetivo principal de otorgar una oportunidad para que las empresas como unidad de explotación económica sean protegidas de procesos judiciales, mientras se aplican las medidas correctivas de un plan detallado de reorganización que debe de ser acordado con los acreedores.

Este es un proceso que requiere la participación de asesoría legal y financiera. Mientras el abogado guía al deudor, en este caso empresario, a acogerse a los beneficios de la ley, el asesor financiero reforzará el potencial del proceso de reorganización.

El marco legal de insolvencia es una oportunidad para el empresario y un beneficio para la sociedad civil, ya que disminuye el impacto negativo que puede significar el despido masivo de colaboradores.

A partir de este hecho, se reconoce la importancia de protección, porque limitar la continuidad de una empresa sería el punto de partida a la privación de los recursos económicos.

Dicho esto, serán diversos los comerciantes que ahora se cuestionen si su compañía debería acogerse a este marco legal. En primera instancia, se recomienda una evaluación detallada de la actual situación financiera, administrativa y legal de la empresa, así como el análisis de la viabilidad de la unidad económica poshibernación. Este sería el punto inicial para decidir sobre la capacidad de servicio a los acreedores, mediante la práctica de un plan de reorganización o mirar si definitivamente se debe de entrar en un proceso de liquidación voluntaria antes que forzosa.

Si bien podemos ver que existe una solución potencial, también hay limitantes para el empresario panameño en cuanto a este tema, empezando por el hecho de que esta ley de insolvencia es relativamente nueva y, por ende, muchos en la plaza comercial la desconocen.

Por otra parte, a pesar de que en el ámbito local se establecen exigencias en materia administrativa, comercial y fiscal, es común encontrar una elevada informalidad en cuanto a planeación financiera y registros contables.

Esto impone un obstáculo, porque la empresa que no cuente con registros íntegros, completos y exactos, no podrá cumplir con los requerimientos de la Ley 12 con respecto a la presentación de sus estados financieros.

Otra limitante es la complejidad de los planes, que deben ser comprehensivos además de integrar la reorganización de diversas áreas: financiera, administrativa e incluso temas laborales.

Además, en el panorama actual, estos planes tendrán que incorporar explícitamente la confianza del consumidor y los cambios en el hábito de consumo, ya que el temor a la exposición al virus y los días que las personas han estado confinadas tendrán una influencia en los hábitos tradicionales, lo cual podría poner en riesgo los esfuerzos encaminados a la reorganización. Además, las empresas deberán contar con un capital humano estrictamente enfocado a la materialización del plan.

Por el momento, las perspectivas apuntan a una leve recuperación en el tercer trimestre de 2020 con mejoras considerables para el primer trimestre de 2021, sin embargo, esto se condiciona a que la crisis sanitaria no se exacerbe en las próximas semanas.

En otras jurisdicciones, principalmente en economías desarrolladas, el marco legal de insolvencia es cuestionado, ya que al ser múltiples las industrias paralizadas, se considera que los lineamientos deberían de ser reformados en consonancia con el problema de liquidez actual, que se ha desencadenado a partir de la crisis sanitaria.

Como podemos deducir, la ley de insolvencia podría ser la oportunidad de muchos que desean retomar sus operaciones comerciales. Sin embargo, el éxito estará condicionado a una asesoría legal y financiera impecable que asegure planes de reorganización efectivos.