Otro golpe a la reputación financiera del país

Panamá ha hecho innumerables cambios en su legislación para cumplir con los estándares internacionales y evitar el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, en medio de una crisis en la que está sumergido el mundo por la propagación del coronavirus, la Comisión Europea la incluye en una lista discriminatoria de jurisdicciones que supuestamente no están haciendo lo suficiente para contener estos flagelos.

Economistas consultados por La Estrella de Panamá consideran que la medida impuesta busca proteger los intereses de las economías europeas, que sus coterráneos paguen mayores impuestos en un momento en que la globalización está en reversa.

Los expertos opinan que el Gobierno debe usar su músculo diplomático para rechazar esta acción discriminatoria que causa daño a la reputación del istmo. E incluso puede aplicar medidas de retorsión y evitar que empresas de la comunidad participen en licitaciones con el Estado, dijo Frank De Lima, exministro de Economía y Finanzas.

El exministro piensa que las implicaciones económicas de la inclusión del país en esta lista discriminatoria, serán mínimas. Indicó que en estos momentos, en lo que el país y el mundo están enfrentados es en una emergencia sanitaria, los inversionistas y empresarios están enfocados en la reapertura comercial y la economía postpandemia.

Para el economista y docente Eddie Tappiero, la postura de la Unión Europea está relacionada con la fragmentación que se está produciendo en el mundo y que provoca que los países estén mirando hacia adentro en lugar de integrarse.

“Es una medida desubicada e insensible en un momento en que se enfrentan presiones fiscales”, resalta Tappiero. Considera que reducir la capacidad de adquirir un préstamo o de facilitar condiciones crediticias en un momento crítico es un “golpe duro” para el país y demuestra poca solidaridad.

Para revertir los daños que puede provocar la inclusión del país en una lista discriminatoria, el docente se inclina por una campaña de transparencia que demuestre al mundo que en el istmo se están haciendo las cosas correctamente. “Panamá hace las cosas bien y no es culpable de la fragmentación que existe allá”, agregó el docente.

Además, propone la mediación de un organismo internacional que resuelva el problema mediante una resolución de conflictos.

Samuel Moreno Peralta, presidente del Colegio Nacional de Economistas, apuntó que la restricción de la Comisión Europa llega en un momento en que el país necesitará inversiones para paliar la pérdida de muchos empleos en el país.

A juicio del presidente del colegio de economistas, la inclusión del país en esta lista nos pone en desventaja con otras economías que son consideradas más confiables. “Hay muchas empresas que se animan a invertir en estas economías”, que son consideradas responsables, en donde se puedan garantizar los ingresos lícitos, añade Moreno Peralta.

Mientras que para el economista Felipe Argote, la medida busca presionar a los bancos panameños para que persigan a los evasores europeos. “Nos hemos convertido en los recaudadores de los países desarrollados”, dijo. Advirtió que mientras más crítica sea la situación económica en los países europeos, mayores cantidades de medidas implementarán para que sus nacionales paguen sus impuestos.

Los bancos panameños tiene una política robusta denominada “conoce a tu cliente”, que protege a los clientes y productos y evita que sean usados para acciones criminales. “El dinero de lavado no está en nuestro centro financiero, sino en Europa y Asia”, advierte de De Lima. Al mismo tiempo, el exministro explicó que el problema histórico han sido las sociedades anónimas panameñas, sin embargo, han sido sujetas a cambios como la eliminación de las acciones al portador y el registro de beneficiarios finales. “Este tema está subsanado”, concluyó De Lima.

Postura de Panamá

Panamá, a través de la Cancillería, manifestó de manera enérgica su disconformidad con esta acción y la consideró “inconsulta, arbitraria y extemporánea” porque no obedece a la realidad del país. Además, no es una evaluación independiente de la Unión Europea, sino que se sustenta en la evaluación de la inclusión de Panamá en la lista gris del GAFI de junio de 2019.

El país, además, no ha recibido una notificación formal de su inclusión en está lista discriminatoria y tampoco se ha establecido un mecanismo que le brinde la oportunidad al país de presentar los avances que ha tenido en esta materia.

El Gobierno reclamó que la inclusión del país en esta lista, en medio de una crisis sanitaria, es lamentable e inconsistente con una política de solidaridad y cooperación.

“El Gobierno, bajo la coordinación de UCSI en Presidencia y la UAF, seguirá trabajando en su plan de acción con miras a salir de la lista del GAFI en febrero de 2021, consistente con la agenda de país en materia de transparencia, de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, de fortalecimiento de sus instituciones y del cumplimiento efectivo de la ley”, concluyó la Cancillería.