Pandemia pone en riesgo el 31% de la fuerza laboral panameña

El virus SARS-CoV-2 causa estragos en la economía de los países que resienten su impacto a causa de la cuarentena y el regreso a una “nueva normalidad” en forma gradual. Datos proporcionados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estiman que 1,600 millones de trabajadores de la economía informal, casi la mitad de la población activa mundial, corre peligro de ver desaparecer sus fuentes de sustento.

Mientras empresarios y sindicalistas aún no logran un acuerdo sobre las medidas que se implementarán en la desescalada o reapertura gradual de los negocios, la OIT presenta un panorama preocupante sobre el impacto laboral del virus en el istmo, lo que evidencia la necesidad de concretar acuerdos a través del diálogo.

Tomando en cuenta que la fuerza laboral total del país se calcula en 1,920,642 personas, la organización de trabajo estima que, de ellos, 595,512, es decir el 31% del total de la ocupación laboral, se verán vulnerados debido a la afectación económica. Esta cifra incluye a los hogares como empleadores.

En Centroamérica y República Dominicana aproximadamente 8,3 millones de personas verán en riesgo sus empleos, esto representa un 36% del total de la ocupación total que es de 22,6 millones.

Por otra parte, los trabajadores de la economía informal que viven por cuenta propia conforman el 98%, mientras que los asalariados en la microempresa son aproximadamente el 66%. Cifras que el gobierno debe mirar con lupa, puesto que apuntan a las políticas económicas de recuperación que debe implementar para reflotar estos sectores. Hasta ahora, solo se conoce sobre el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que consiste en $300 millones, que serán destinados a la micro y pequeña empresa, así como al sector agropecuario. Monto que aún no se desembolsa o se han publicado los criterios que primarán en los préstamos. Integrantes de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas han advertido de que el monto no será suficiente para inyectar liquidez al sector, pues calculan que será necesario el triple para sacar adelante a las microempresas.

En cuanto al sector empresarial formal, 436 millones de empresas del mundo afrontan grave riesgo de interrupción de la actividad. En este contexto, aparecen 232 millones de compañías que forman parte del comercio mayorista y minorista; 111 millones de manufacturas; 51 millones de servicio de alojamiento y servicio de comida y 42 millones del sector inmobiliario y otras actividades comerciales.

Las ramas de alojamiento, alimentación, comercio al por mayor y menor, y bienes raíces, son sectores intensivos que emplean a millones con bajos salarios, particularmente en servicios de alojamiento, alimentación y comercio al por menor. Principales candidatos a conformar el grueso de desempleados.

La manufactura, por su parte, ha sido afectada con el cierre de fábricas y la interrupción de cadenas globales de suministros.

En el sector transporte se evidencia que a pesar de que las aerolíneas, almacenajes y transporte de carga han sido golpeados, otros sectores del transporte relacionados al comercio en detalle en línea tienen una demanda alta.

La OIT señala un riesgo en el sector de la agricultura, la seguridad alimentaria por las medidas de contención y cierre de fronteras. Con el tiempo, los trabajadores de este ramo podrían ser más afectados si el virus llega a las áreas rurales.

La noticia amable en todo este panorama que parece interminable, es que Panamá tendrá una recuperación satisfactoria para el próximo año, con un crecimiento económico del 4,2% y para 2022 se perfila en 4%. No obstante, en el presente caerá a menos 2%. Otros países de la región, como Costa Rica, vislumbran una recuperación muy similar a la de Panamá con 4,5% en 2021 y 3,5% en 2022. El semblante económico es muy similar en El Salvador, aunque en el presente año caerá hasta un 4,3%.

No obstante, hay un punto importante a considerar en cuanto al impacto del virus. En Centroamérica, Panamá es el país más afectado en cuanto a la participación del producto interno bruto de los sectores productivos, alcanzando un 35%, seguido de Guatemala (30%), Honduras y El Salvador (24%), Nicaragua (23%) y Costa Rica (22%).

Ante este panorama, la OIT llama a los gobiernos a implementar varios pilares en la lucha contra la covid-19 basados en las normas internacionales del trabajo.

El primero es estimular la economía con empleo, una política fiscal activa, orientación flexible de la política monetaria y préstamos para sectores específicos, incluido el sector de la Salud. Una segunda columna consiste en ampliar la protección social a toda la población, aplicar medidas de mantenimiento del empleo y ofrecer a las empresas ayuda financiera.

En tercer lugar, sugieren adaptar las modalidades de trabajo (como el teletrabajo), prevenir la discriminación y exclusión, poner la sanidad a disposición de toda la población y ampliar el recurso a una licencia remunerada.

El último pilar radica en buscar soluciones mediante diálogo social, a través del fortalecimiento de la capacidad y resiliencia de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Esto incluye fortalecer la capacidad de los gobiernos y el diálogo social, la renegociación colectiva y los mecanismos de las relaciones laborales.