El proceso de investigación de quejas, denuncias y verificaciones

El Departamento de Investigación al Consumidor, de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), es el encargado de realizar las resoluciones en primera instancia de las investigaciones administrativas en quejas, denuncias y verificaciones de oficio que se realizan en todo el país.

Todos los agentes económicos citados por las diversas irregularidades detectadas por los verificadores de esta entidad, deben comparecer a esta unidad administrativa para presentar sus respectivos descargos.

Las diferentes leyes que comprende el Departamento de Investigación al Consumidor, en este proceso, son:

Durante los meses comprendidos desde el 2019 hasta la fecha, se han presentado avances significativos en diferentes áreas en los que se han implementado la regulación de las diferentes normativas, tales como:

Entre el periodo de noviembre de 2019 a octubre de 2020 se tramitaron a nivel nacional, un total de 4,712 expedientes por diferentes leyes. Se sancionaron 1,619 expedientes en primera instancia, totalizando $693,985.00 en resoluciones con multas.

Como consecuencia de la pandemia de la covid-19 y en vista del estado de emergencia el Gobierno Nacional estableció medidas para evitar la especulación de precios, y facultó a la Acodeco, mediante el Decreto Ejecutivo No. 114 de 13 de marzo de 2020, a regular el margen bruto máximo de venta en toda la cadena de comercialización en la República de Panamá, de artículos de aseo personal, limpieza y consumo, que sean de primera necesidad.

De igual manera, se autorizó a esta institución a regular el Decreto Ejecutivo No. 612 de 8 de mayo de 2020, que flexibilizó la medida de prohibición de venta de bebidas alcohólicas, según quedó modificado por el Decreto Ejecutivo No. 730 de 18 de junio de 2020.

Además, mediante Resolución No. A-029-2020 de 25 de junio de 2020 se habilitó la tramitación por medios electrónicos, de los procesos de investigación a los agentes económicos, contenido en el Decreto Ejecutivo 46 de 23 de junio de 2009.

La acción conjunta y el ejercicio de monitoreo, por parte de la Dirección Nacional de Protección al Consumidor, han contribuido para que el proceso de la investigación de quejas, denuncias y verificaciones se hayan mantenido, a pesar de la situación generada por la pandemia.