Más de 300 mil empleos de restaurantes, bares y discotecas están en juego por el confinamiento

Actualizado
  • 07/01/2021 11:33
Creado
  • 07/01/2021 11:33
Los dueños de estos negocios no se oponen al cierre, pero exigen medidas en torno a la economía del país

"Si vemos todo lo relacionado a nuestro rubro que se ve afectado por el problema, en los restaurantes, bares y discotecas, realmente estamos hablando de arriba de 300 mil empleos que están en juego", advirtió  este jueves 7 de enero, Ricky Méndez, representante de la Asociación Cervecera Artesanal de Panamá.

Sólo en la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas y de la Asociación Cervecera Artesanal de Panamá, unas 10 mil plazas de trabajo directo y  25 mil indirectos en los restaurantes, bares y discotecas han sido paralizadas con el nuevo confinamiento decretado  por el Gobierno Nacional desde finales de diciembre del año pasado.

"Sólo en estas dos asociaciones 10 mil empleos están paralizados, de los cuales sólo el 30% se pudo empezar a reitengrar, pero con las nuevas medidas que se pusieron a partir del mes de diciembre y ahora en enero, estamos volviendo hacia el mismo número. Y esos son empleos directos", sostuvo Méndez en declaraciones a TVN .

Mientras que "en empleos indirectos estaríamos hablando de alrededor de 25 mil, entre las personas que hacen los despachos o a quienes se les compran los insumos, etcétera".

Por su parte, Luis Pinedo, de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas, expresó que no se oponen a las medidas sanitarias que se han tomado, pero no se pueden seguir tomando medidas solamente basadas en la parte científica, sin ver la parte social, económica y la estabilidad de un país completo, integralmente.

"Esto no es una lucha entre salud versus economía. Esa dicotomía que se ha vendido hace que la gente en la calle diga: es que los empresarios están en contra de la salud, es que la economía también es salud, porque esas 9 mil personas que trabajan directamente con los restaurantes bares y discotecas tienen familia, pagan escuelas, pagan salud. No estamos hablando que no es una cosa o la otra", manifestó Pineda.

En ese contexto señaló que las decisiones tienen que ser consensuadas, entre esa integralidad que un país tiene.

"Los dueños de restaurante bares y discotecas no nos oponemos a este cierre, pero tienen que haber medidas en torno a la economía que este país tiene", enfatizó Pineda.

Señaló que han estado sentados en todas las mesas que el Gobierno Nacional propuso e instaló, y en conversaciones múltiples, pero muchas de sus observaciones fueron ignoradas y algunas otras conversadas, sin embargo hasta el día de hoy no han recibido ningún tipo de beneficio económico.

 "Uso la palabra beneficio y no ayuda porque nosotros no necesitamos ayuda. Hemos brindado como empresarios a este país empleos, impuestos, sostenibilidad. Ahora lo que requerimos es que nuestras empresas, las cuales significan familias, no significan número, no significan empresas y logros, (sino) familias panameñas que necesitan seguir viviendo, mandando a sus hijos a la escuela, yendo a los supermercados, eso es lo que significan los beneficios, como el crédito fiscal", apuntó Pineda.

En ese sentido, destacó que hoy se cumplen 30 días de la última propuesta y carta que le enviaron al Gobierno donde le pidieron un crédito fiscal, como un documento transferible para poder pagar impuestos, venderlo o hacer algún tipo de transacción económica. Sin embargo, todavía "estamos esperando la respuesta del presidente, de la Presidencia, del Ministerio de Comercio e Industrias, alguien tiene que respondernos la carta y decirnos si es viable o no", puntualizó. 

De enero a agosto de 2020, la pandemia de la covid-19 lanzó el desempleo en Panamá a un 18.5%, la mayor tasa en los últimos 20 años, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INEC), que publica la Contraloría General de la República.

En agosto del año pasado, el número de desocupados era de 146,111 personas. A la fecha de la encuesta (agosto), el número ascendió a 371,567 con la suma de 225,456 personas desvinculadas o con contratos suspendidos producto de la emergencia sanitaria por la pandemia de la covid-19.

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