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19 de Ene de 2022

Economía

Una jueza federal solicita corregir el plan de ajuste de la deuda de Puerto Rico

Buscan recortar la deuda pública del Gobierno puertorriqueño de más $70,000 millones a $34,000 millones

Dinero, dólares
Vista de billetes de dólares, en una fotografía de archivo.Archivo | EFE

La jueza federal responsable de la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, solicitó modificar el Plan de Ajuste de la isla o demostrar su validez, lo que supone un varapalo para el Gobierno local.

A través de un documento difundido este miércoles, Swain señaló varios aspectos "problemáticos de los materiales del plan propuesto por los deudores".

Estos deberán ser revisados y modificados, en caso necesario, por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el ente establecido por el Congreso en Washington para monitorear el impago de la deuda puertorriqueña y el buen uso de las finanzas públicas.

El Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) fue firmado por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, el pasado 26 de octubre, tras ser aprobado por ambas cámaras legislativas, pero sufrió algunas enmiendas a su redacción original en los temas más controvertidos.

La jueza pide por ello hacer cambios o demostrar al tribunal por qué "la moción de confirmación no debe ser denegada en ausencia de tales modificaciones".

"Las disposiciones de preferencia en los materiales del plan propuesto son demasiado vagas y/o amplias, por lo tanto, parecen ser incompatibles" con ciertas secciones de la Ley Promesa, que busca dar estabilidad financiera de largo plazo al gobierno de la isla, precisó.

El PAD propone, entre sus medidas, recortar la deuda pública del Gobierno puertorriqueño de más 70.000 millones de dólares a 34.000 millones y, según argumentó en su momento el gobernador, es "esencial para terminar con el proceso de quiebra y regresar al progreso".

Sin embargo, sus críticos alegan que la norma da preferencia a los tenedores de bonos de deuda del Estado Libre Asociado y no garantiza el pago de pensiones de empleados públicos ni permite que se destinen suficientes fondos para gastos sociales.

La jueza Swain anuló de hecho en octubre la Ley de Retiro Digno que pretendía proteger las pensiones de los funcionarios, en un golpe para el intento del Ejecutivo liderado por Pierluisi de detener la polémica reforma a las pensiones.