Sindicatos, narcotráfico y peculado: un resumen judicial del 2025

Investigaciones a líderes sindicales, imputación a decenas de funcionarios de juntas comunales, auxilios económicos, narcotráfico y peculado. En el 2025 la justicia panameña atendió varios casos de alto perfil. Aquí recopilamos algunos de los más significativos.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) estuvo en la mira de la justicia panameña desde el inicio del año.

En febrero, 83 miembros del colectivo fueron imputados cargos por delitos contra la seguridad colectiva, daños y lesiones personales. Esto fue debido a un incidente ocurrido el 12 de febrero en el edificio del Hospital del Niño. Durante una protesta, miembros del sindicato se enfrentaron con agentes de la Policía Nacional. De acuerdo a las autoridades, hubo 16 personas heridas, entre ellas cinco policías. Se ordenó la detención preventiva de los trabajadores.

El abogado del sindicato, Antonio Vargas, cuenta que el Ministerio Público solicitó una extensión de 1 año al plazo de investigación, pero el juez les concedió solo 6. Resalta que es necesario individualizar la responsabilidad de cada persona.

Meses después, serían los dirigentes del sindicato quienes serían objeto de investigaciones. En mayo, las autoridades aprehendieron a Jaime Caballero por presunto blanqueo de capitales. Le imputaron cargos por la presunta comisión de delitos contra la personalidad interna del Estado, contra la vida e integridad personal, contra la administración pública y por asociación ilícita para delinquir. Caballero se mantiene detenido, a la espera de la fecha de una audiencia para solicitar el cambio de medida cautelar.

Un par de semanas después de la detención de Caballero, el dirigente Genaro López fue aprehendido y le imputaron cargos por estafa agravada, asociación ilícita, blanqueo de capitales y otros delitos en relación a unos terrenos en Bocas del Toro. Se le decretó detención provisional, aunque esa medida cautelar fue cambiada en octubre por arresto domiciliario.

Por este caso, también se vinculó a los dirigentes Saúl Méndez y Erasmo Cerrud.

Méndez, se saltó la cerca de la embajada de Bolivia en Panamá buscando refugio. El país sudamericano le concedió asilo político y viajó allá. En julio, se confirmó que había abandonado Bolivia. El abogado Vargas considera que mantiene estatus de perseguido político y niega que exista una alerta roja de Interpol para su captura. Cerrud, por su parte, permanece asilado en la embajada de Nicaragua a la espera de un salvoconducto.

En julio también hubo un evento clave en un caso de alto perfil. Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), fue aprehendido por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

La investigación surgió a partir de un informe de la Contraloría General de la República que señalaba que el patrimonio de Meneses había aumentado en más de 400 mil dólares sin que se pudiera comprobar un origen lícito de los fondos.

De acuerdo al Ministerio Público, Meneses y otros funcionarios del Ifarhu formaban parte de un esquema mediante el cual personas recibían auxilios económicos y luego “reembolsaban” una parte a funcionarios.

Meneses permanece bajo detención preventiva luego que en diciembre un juez negara la solicitud de cambiar la medida cautelar.

El mismo día que se le negó el cambio de medida cautelar a Meneses, otro juez negó una solicitud similar de Abraham Rico Pineda.

Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, es una de las personas que han sido vinculadas en la Operación Jericó, un operativo dirigido a detener una organización de crimen organizado.

El 15 de agosto se hicieron 41 diligencias de allanamiento y se detuvieron a 28 personas, pero Pineda no se encontraba entre ellas. Se ofreció una recompensa de 25 mil dólares por él. Finalmente, el 20 de agosto Pineda fue aprehendido luego de comparecer al Sistema Penal Acusatorio a una audiencia.

El caso se remonta al 2023, cuando la Fiscalía de Drogas reveló una red criminal de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Desde entonces, se han realizado múltiples operativos en los que se decomisaron cientos de paquetes de droga y aprehendieron a nacionales y extranjeros vinculados.

El 27 de agosto se aprehendió al exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, junto a los empresarios Budy y Ralph Attie, así como la abogada Janice Becerra.

Este caso, conocido como Caso Fintek, tiene relación a una plataforma digital que manejaba vales digitales. En 2022, la empresa Fintek,, vinculada a los Attie, empezó a prestar el servicio. Oliva acordó con la empresa que no cobrarían al Estado por el servicio, pero sí cobrarían una comisión de 0,5% a las empresas, además de ofrecer el servicio de factoring.

El Ministerio Público arguye que Oliva benefició a los Attie con el acceso a la base de datos. Se logró la imputación de cargos por asociación ilícita para delinquir, peculado y corrupción de servidores públicos, pero el juez declaró que se cumplieron los requisitos mínimamente y que no está fortalecida la imputación. El juez negó la solicitud de detención provisional y decretó ilegal la aprehensión. En cambio, deberán reportarse periódicamente y tienen prohibido salir del país.

El 9 de diciembre, las autoridades aprehendieron a Héctor Brands, exdiputado y exdirectos del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes). Un total de 9 personas fueron aprehendidas, 6 de las cuáles son familiares de Brands.

El caso consiste en presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. De acuerdo al Ministerio Público, Brands recibió a través de una sociedad en la que es beneficiario final millones de dólares que no son justificados. La teoría es que empresas relacionadas a Brands se beneficiaron de millones de dólares en contratos durante su período como director de Pandeportes. Este dinero habría sido entonces triangulado entre compañías y familiares.

El juez ordenó la detención preventiva para el exfuncionario.

A lo largo del año también avanzaron las investigaciones por el uso de fondos provenientes de la descentralización en varios municipios y juntas comunales alrededor del país.

La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) ha presentado 290 denuncias al Ministerio Público para que se investigue el uso de más de 214,5 millones de dólares asignados alrededor del país. De acuerdo a un informe de la Contraloría General de la República, la lesión patrimonial asciende a 24,8 millones de dólares.

Desde el mes de julio, se han judicializado unas 23 causas e imputado a unas 44 personas entre funcionarios y exfuncionarios.