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- 13/03/2026 00:00
Los gremios pidieron reflexionar sobre las implicaciones de la iniciativa en la calidad del debate democrático y el ejercicio del periodismo
Diversas organizaciones del sector periodístico expresaron su rechazo al proyecto de ley 391, que busca reformar la legislación sobre derecho a réplica y que fue aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.
El pronunciamiento fue emitido por el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí, quienes cuestionaron el alcance de la iniciativa aprobada por la comisión legislativa.
Las organizaciones señalaron que, tal como está planteado, el proyecto altera el equilibrio entre la responsabilidad informativa y la libertad editorial, al transformar un principio tradicional de autorregulación periodística en un mecanismo sujeto a sanción judicial.
“El ejercicio del periodismo se fundamenta en la búsqueda de la verdad y en el respeto a la sociedad. La buena práctica periodística incorpora de manera natural el derecho a la réplica y a la rectificación como herramientas de rigor y equilibrio informativo”, indicaron los gremios en un comunicado conjunto.
El proyecto de ley 391 propone reformar la Ley 22 de 29 de junio de 2005 para fortalecer el derecho de réplica, regular la publicación de rectificaciones en los medios de comunicación y establecer nuevas disposiciones relacionadas con sanciones por desacato.
La iniciativa fue presentada por el diputado Ernesto Cedeño del partido Movimiento Otro Camino (MOCA) y recibió nueve votos a favor en la comisión legislativa, sin votos en contra ni abstenciones, por lo que deberá pasar ahora al pleno de la Asamblea Nacional para su discusión en segundo debate.
Durante la sustentación del proyecto, Cedeño explicó que el objetivo de la propuesta es garantizar que cualquier persona pueda responder cuando considere que una información difundida afecta su honra o reputación.
El texto aprobado establece que la réplica o rectificación deberá publicarse con el mismo espacio y prominencia que la información original. Además, fija un plazo de 48 horas para su publicación, con la posibilidad de extenderlo por 24 horas adicionales cuando existan causas justificadas.
La iniciativa también obliga a los medios de comunicación a mantener una sección permanente destinada a la publicación de rectificaciones o aclaraciones de personas afectadas por informaciones difundidas.
Para los gremios periodísticos, estas disposiciones interfieren directamente en la autonomía editorial de los medios.
En particular, cuestionaron el establecimiento de plazos estrictos de 48 horas y la obligación de reservar espacios permanentes para respuestas, al considerar que estos mecanismos condicionan la gestión informativa y la organización interna de las redacciones.
Por su parte el Colegio Nacional de Periodistas (Conape) señaló que el proyecto establece obligaciones “desproporcionadas”.
“Estas disposiciones, aunque buscan proteger la honra y la dignidad de las personas, podrían generar efectos adversos en el ecosistema informativo, incluyendo riesgos de autocensura, presión indebida sobre las redacciones y limitaciones a la investigación periodística, especialmente en temas de interés público”, expresó el Conape en un pronunciamiento oficial.
Las demás organizaciones también manifestaron preocupación por la ampliación de responsabilidades jurídicas contemplada en el proyecto.
Según indicaron, la propuesta extiende eventuales sanciones más allá de quienes producen directamente los contenidos informativos, alcanzando a estructuras empresariales o administrativas que no participan en la elaboración del mensaje periodístico, e incluso a espacios de terceros o programas contratados.
“Se introduce una lógica de responsabilidad difusa que no fortalece el derecho a la información y que, por el contrario, puede generar efectos inhibitorios en el ecosistema mediático”, advirtieron.
Los gremios subrayaron que el derecho a réplica debe ser entendido como un ejercicio de responsabilidad informativa y no como un instrumento legal que limite la crítica o la fiscalización pública.
Asimismo, consideraron significativo que iniciativas de este tipo hayan logrado respaldo transversal en el debate legislativo.
“Cuando se trata de restringir o condicionar el ejercicio de las libertades públicas, las diferencias ideológicas suelen diluirse con rapidez”, señalaron.
En ese sentido, las organizaciones hicieron un llamado a reflexionar sobre las implicaciones institucionales de la propuesta y su impacto en la calidad del debate democrático.
El proyecto continuará su trámite en el pleno legislativo, donde los diputados deberán analizar su contenido en segundo debate antes de decidir si avanza dentro del proceso legislativo.
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