CSS: la verdad debajo del tapete (parte I)

Quienes esperaban toda una novedad en la muy publicitada propuesta del economista Ernesto Bazán en relación al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), muy probablemente se sienten frustrados. Salvo algunas pequeñas variantes, se trata prácticamente de la misma propuesta adelantada por el sector empresarial.

Esto queda claro para cualquiera que haya leído las reseñas que sobre el tema se publicaron en el diario La Prensa el 13 de abril, el 14 de septiembre y el 19 de octubre de 2021. En este se trata, a nuestro juicio, de un nuevo episodio del intento de los sectores económicamente dominantes del país que buscan avanzar hacia las cuentas individuales y la privatización del manejo de los fondos de pensión.

En la primera parte de su argumentación, Bazán aborda principalmente el componente institucional-organizativo de la propuesta. En la misma parte señalando que la CSS se debe dividir en dos: una que atienda exclusivamente los problemas de salud (CNS); otra que atienda las pensiones (CNP). La forma en que se presenta esta propuesta muestra una triple debilidad.

En primer lugar, la misma ni siquiera apunta hacia un modelo de atención universal para la población que cumpla con el mandato constitucional. En segundo lugar, no dice nada en cómo manejar los programas de la CSS que por su naturaleza integran prestaciones de salud y prestaciones económicas, como lo son claramente el programa de enfermedad y maternidad y el de riesgos profesionales. Incluso el programa de IVM, que como su nombre lo indica, incluye en su cartera pensiones por invalidez, precisa de la actuación de las comisiones médicas.

Se debe agregar que la creación de una estructura administrativa duplicada significa la elevación de los costos burocráticos, que, además, complica los trámites administrativos que los asegurados tendrán que seguir para lograr las prestaciones.

Pese a que Bazán señala que no plantea un sistema privado de manejo de los fondos de pensiones, su propuesta señala directamente que cualquiera que quiera competir con la nueva CNP podría “solicitar una licencia a la Superintendencia de Pensiones”, obviamente se trata de la instalación de empresas del sector financiero en el ámbito de la administración de los fondos de pensiones.

Latinoamérica demuestra que la supuesta competencia es un mito de los privatizadores . De hecho, existe una alta concentración oligopólica en el negocio de los fondos privados de pensión. Los datos de Carmelo Mesa Lago referidos al período 2018-2019 muestran que en Colombia las dos mayores empresas controlaban el 80,5% del mercado, mientras que en Uruguay y Perú este porcentaje fue de 74,0% y 68,0%, respectivamente.

La propuesta analizada tiene, a nuestro juicio, un sesgo antidemocrático. En esta se plantea que en la junta directiva de la CNP no debe haber una participación asegurada para los trabajadores, los pensionados y los profesionales de la salud. Bajo la idea de un supuesto gobierno corporativo, el dominio estaría prácticamente en manos de los sectores económicamente dominantes.

Lo mismo ocurriría con la nueva superintendencia de pensiones, que estaría poblada por agentes económicos que vendrían e irían hacia el sector financiero privado, apareciendo el problema de la captura administrativa.

Nada garantiza que un modelo como el propuesto avale una real seguridad para los fondos de los asegurados. Por ejemplo, en Perú, de acuerdo con Isabel Ortiz, “durante la crisis financiera mundial 2008-2009, los activos de los fondos de pensiones se redujeron en un 50% o más, debido a que los administradores de cartera de las AFP habían invertido en instrumentos de alto riesgo, incluso superiores a los asumidos por los participantes en la bolsa peruana”.

En nuestro próximo artículo analizaremos críticamente el modelo de pilares propuesto por el economista Bazán.