Arbitrajes mineros: Gobierno destinará $6.7 millones para defensa contra Petaquilla y Cerro Quema

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional evaluó este martes diversas solicitudes de créditos adicionales y traslados de partidas presentadas por entidades del Estado, por un monto global que supera los $36 millones, correspondientes a la vigencia fiscal 2026.

Entre las solicitudes analizadas destacó un crédito adicional extraordinario a favor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por $25,422,421.00, sustentado por el ministro Felipe Chapman, quien explicó que los recursos se destinarán a fortalecer el presupuesto de inversiones de la cartera.

El dinero será utilizado, a través de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, para la contratación de servicios de saneamiento de un terreno de aproximadamente 456 hectáreas en el sector de Río Piña, corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón.

Asimismo, se revisó un traslado de partida del MEF por $5,015,000.00, con el objetivo de cumplir obligaciones relacionadas con procesos de contratación pública bajo procedimientos excepcionales, en apego a las normas presupuestarias vigentes.

En el marco de la sesión, también se abordaron los arbitrajes internacionales que enfrenta Panamá y que con la aprobación de contratos en defensas suman $6,7 millones.

La diputada Janine Prado solicitó detalles sobre los contratos y montos destinados a las firmas que representan al país.

La jefa de la Oficina de Arbitraje de Inversiones del MEF, Michelle Mastellari, explicó que el contrato con la firma española Everchip Sur Land Niches, por $2.4 millones, corresponde a la defensa en el arbitraje interpuesto por Petaquilla Minerals, antigua dueña del proyecto minero Molejón.

Otro contrato, por $4.3 millones, fue suscrito con Warstons y Scoot Resolution para representar al país en el arbitraje iniciado por Orla Mining, vinculado al proyecto Cerro Quema. Ambos casos se tramitan bajo el Tratado de Libre Comercio con Canadá.

Prado insistió en que, según los objetos de gasto detallados, se estarían destinando $2.6 millones a una de las firmas, lo que Mastellari confirmó como parte de los créditos reconocidos y honorarios ya contemplados en la vigencia fiscal.

La funcionaria precisó que estos pagos corresponden a servicios de defensa ya prestados y que, en algunos casos, aún se requiere formalizar los contratos mediante los procesos de requisición y refrendo.

Mastellari informó que en el caso de Omega Engineering, Panamá resultó favorecida en el laudo arbitral, pero la empresa no ha cumplido con el pago de los gastos del proceso. Por ello, el Estado interpuso una acción judicial en Miami para ejecutar la decisión a favor de la República.

Orla Mining, titular del proyecto Cerro Quema en la provincia de Los Santos, presentó un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

La empresa alega que la cancelación de sus concesiones constituye una violación del Tratado de Libre Comercio Canadá–Panamá y del derecho internacional de inversiones.

El tribunal arbitral está integrado por Yves Derains (Francia), Horacio Grigera (Argentina, designado por la empresa) e Ignacio Torterola (Argentina, designado por Panamá). La compañía reclama al menos $400 millones, más intereses.

Por su parte, Petaquilla Minerals, antigua operadora de la mina de oro Molejón en la provincia de Colón, también ha recurrido a instancias internacionales.

Tras el cierre de la mina en 2014, la empresa sostiene que las medidas adoptadas por el Estado afectaron sus derechos de explotación y busca una compensación económica.

Aunque el monto exacto de la reclamación no ha sido divulgado, el caso se mantiene activo en foros internacionales.