Chancay en tensión: supervisión estatal y defensa empresarial chocan en megapuerto

El Puerto de Chancay, operado por el consorcio binacional Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. (CSPCP), se ha convertido en el epicentro de un debate que combina lo regulatorio, comercial y geopolítico. La discusión no solo gira en torno a su rol como megaproyecto logístico, sino sobre el alcance de la supervisión estatal frente a la inversión extranjera y la soberanía nacional.

Cosco afirmó que sus operaciones no vulneran la soberanía peruana, subrayando que el puerto carece de “cualquier extraterritorialidad política, administrativa, tributaria ni regulatoria” y reiterando su “firme compromiso” con la normativa nacional y los mandatos judiciales.

El debate se intensificó tras un fallo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que resolvió a favor de un amparo presentado por la empresa contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), ordenándole abstenerse de ejercer funciones regulatorias y fiscalizadoras sobre el puerto, más allá de la supervisión de tarifas. Cosco explicó que la vía judicial fue necesaria porque la Ley del Sistema Portuario Nacional asigna a la Autoridad Portuaria Nacional (APN) la protección de los derechos de los usuarios, no a Ositrán. La compañía enfatizó: “Esto no significa que el Estado pierda capacidad alguna de control y fiscalización”.

Frente al escenario judicial, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) recordó que la inversión privada, nacional o extranjera, se ejerce en igualdad de condiciones y bajo una economía social de mercado, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, la infraestructura crítica y la competitividad. Además, subrayó que el terminal debe cumplir plenamente con el ordenamiento normativo peruano, incluyendo la supervisión de entidades públicas como la Autoridad Portuaria Nacional (APN), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Municipalidad Distrital de Chancay, que ejercen de manera efectiva control y fiscalización. La PCM advirtió que recurrirá a los recursos legales disponibles si se configuran supuestos que limiten indebidamente las competencias estatales.

El debate tomó una dimensión internacional tras las alertas del Departamento de Estado de Estados Unidos, que expresó preocupación por la supervisión de un puerto bajo mayoría china. Cosco respondió que las autoridades peruanas ejercen “todas sus atribuciones de control y supervisión” con facilidades del propio puerto. Además, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, calificó las críticas de EE.UU. como “falsa acusación y desinformación” y señaló que China se opone firmemente a estas afirmaciones.

El puerto, inaugurado en noviembre de 2024, tiene una inversión de 1,300 millones de dólares, está ubicado a 70 km al norte de Lima, cuenta con capacidad para un millón de contenedores al año y aspira a consolidarse como el principal hub de comercio entre China y Sudamérica, con participación accionaria del 60 % para Cosco y 40 % para la minera Volcán.