Economía circular en Panamá: un cambio de paradigmas con implicaciones económicas y sociales

Panamá ha iniciado una etapa relevante en la evolución de su modelo de desarrollo con la reciente aprobación de la Ley de Economía Circular. Esta normativa introduce un marco legal que busca transformar la lógica tradicional de producción y consumo, orientándola hacia un esquema que prioriza la eficiencia en el uso de recursos, la reducción de residuos y la reincorporación de materiales a los ciclos productivos. Más allá de su dimensión ambiental, la economía circular plantea un cambio estructural con efectos directos sobre la competitividad, el empleo y la sostenibilidad fiscal del país.

Históricamente, la economía panameña ha seguido un modelo lineal basado en la extracción de recursos, su transformación en bienes y la disposición final como desechos. Este esquema ha acompañado el crecimiento económico, pero también ha generado externalidades negativas, entre ellas la presión sobre los sistemas de recolección y disposición de residuos, el deterioro de ecosistemas estratégicos y una creciente dependencia de insumos importados. La economía circular propone un replanteamiento de este modelo, al considerar los residuos como recursos con valor económico y al promover ciclos productivos más largos y eficientes.

La Ley de Economía Circular establece principios orientadores que buscan integrar este enfoque en la planificación pública y en la actividad privada. Entre ellos se encuentran la reducción en la generación de residuos, el ecodiseño, la reutilización de materiales, el reciclaje y la valorización de subproductos. Desde una perspectiva económica, estos principios introducen incentivos para la innovación, fomentan la creación de nuevos mercados y promueven una asignación más eficiente de los recursos disponibles.

El impacto potencial sobre la población panameña es significativo. Panamá presenta niveles elevados de generación de residuos sólidos por habitante, especialmente en áreas urbanas, lo que se traduce en mayores costos operativos para los gobiernos locales y en riesgos ambientales que afectan la calidad de vida. La economía circular ofrece una alternativa para reducir estos costos mediante la optimización de procesos, la formalización de actividades de aprovechamiento de residuos y la creación de empleo asociado a nuevas cadenas de valor.

Uno de los aspectos centrales de la ley es su enfoque en la planificación de largo plazo. El marco normativo contempla la elaboración de planes estratégicos y la definición de indicadores que permitan medir avances en materia de circularidad. Esta dimensión es particularmente relevante desde el punto de vista económico, ya que permite evaluar el impacto de las políticas públicas, mejorar la eficiencia del gasto y orientar la inversión hacia sectores con mayor potencial de retorno social y económico.

En este contexto, la creación de la Red Nacional de Economía Circular constituye un componente clave para la implementación del nuevo modelo. La Red surge como un espacio de articulación entre instituciones públicas, sector privado, academia y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de facilitar la coordinación, el intercambio de conocimiento y la construcción de capacidades técnicas. Su existencia responde a la necesidad de superar la fragmentación institucional y de generar consensos en torno a un enfoque que requiere la participación de múltiples actores.

El Centro Internacional de Desarrollo Sostenible ha desempeñado un rol relevante en la conformación de esta Red, aportando una visión técnica que vincula la economía circular con los objetivos de desarrollo sostenible y con la planificación económica. Desde esta perspectiva, la circularidad no se limita a la gestión de residuos, sino que se concibe como una estrategia transversal que incide en la productividad, la innovación y la resiliencia económica.

Desde el punto de vista macroeconómico, la economía circular ofrece oportunidades concretas para diversificar la estructura productiva de Panamá. Si bien el país cuenta con una economía dinámica basada en servicios, su alto grado de apertura y concentración sectorial lo hace vulnerable a choques externos. El desarrollo de actividades asociadas al reciclaje industrial, la reparación, la remanufactura y la logística inversa puede contribuir a generar encadenamientos productivos internos y a fortalecer el valor agregado local.

Asimismo, la circularidad puede reducir la dependencia de materias primas importadas, lo que tiene implicaciones positivas sobre la balanza comercial y la estabilidad de precios. En un entorno internacional caracterizado por volatilidad y tensiones en las cadenas de suministro, la capacidad de reutilizar materiales y optimizar recursos se convierte en una ventaja competitiva. Desde esta óptica, la economía circular no solo responde a consideraciones ambientales, sino que se alinea con objetivos de seguridad económica.

En el ámbito laboral, la transición hacia un modelo circular puede generar nuevas oportunidades de empleo, particularmente en actividades intensivas en mano de obra como la clasificación, el procesamiento y la valorización de materiales. Estos empleos pueden desempeñar un papel importante en la formalización de actividades que históricamente han operado en la informalidad, contribuyendo a mejorar ingresos y condiciones laborales. No obstante, para que estos beneficios se materialicen, será necesario acompañar el proceso con programas de capacitación y fortalecimiento de capacidades técnicas.

La implementación de la economía circular también plantea desafíos. Requiere inversiones en infraestructura, marcos regulatorios claros, incentivos económicos adecuados y una coordinación efectiva entre instituciones. Además, implica un cambio cultural tanto en productores como en consumidores, quienes deben incorporar criterios de sostenibilidad en sus decisiones cotidianas. Desde la economía pública, uno de los retos será diseñar instrumentos que alineen los incentivos privados con los objetivos sociales de largo plazo.

Otro elemento crítico es la necesidad de contar con información confiable y sistemas de medición robustos. Sin datos adecuados sobre flujos de materiales, generación de residuos y desempeño económico de las actividades circulares, resulta difícil evaluar impactos y ajustar políticas. En este sentido, el fortalecimiento de los sistemas estadísticos y la generación de indicadores específicos serán determinantes para el éxito de la estrategia.

Panamá cuenta con condiciones favorables para avanzar en este proceso. Su posición logística, su marco institucional y la creciente conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad crean un entorno propicio para consolidar la economía circular como un pilar del desarrollo. La ley recientemente aprobada y la creación de la Red Nacional representan avances significativos, pero su efectividad dependerá de la capacidad de traducir los principios en acciones concretas y resultados medibles.

En última instancia, la economía circular debe entenderse como una herramienta de política económica orientada a mejorar la eficiencia, fortalecer la competitividad y promover un crecimiento más equilibrado. Su adopción ofrece la posibilidad de reconciliar objetivos económicos y ambientales, al tiempo que genera beneficios sociales. El desafío para Panamá será sostener el compromiso político e institucional necesario para convertir este marco conceptual en una realidad económica tangible para la población.