Empresa Suiza explica cómo se auditó Cobre Panamá y por qué importa

La empresa SGS Panamá Control Services Inc. hizo un recuento de los resultados de la auditoría integral que realizaron a la mina Cobre Panamá, encargada por el Ministerio de Ambiente, después que esta semana la Comisión Interministerial entregará al presidente de la República, José Raúl Mulino, las recomendaciones finales para analizar el futuro de ese yacimiento.

El proceso, según los ejecutivos, buscó evaluar de manera técnica, ambiental, financiera y de riesgos la operación minera más grande del país tras declararse inconstitucional el contrato entre el Estado y la empresa First Quantum en noviembre de 2023.

Miguel Enrique Gutiérrez Soto, auditor líder del proyecto, y Óscar Abad, director general de recursos naturales de SGS, explicaron la metodología aplicada y subrayaron la relevancia de este tipo de auditorías para garantizar transparencia y credibilidad en una actividad económica de alto impacto como la minería.

La auditoría se estructuró en cuatro componentes principales: fiscal-financiero, ambiental, técnico-operativo y de riesgos.

Para su ejecución, SGS desplegó un equipo de 25 especialistas en áreas como geología, hidrogeología, biología, ingeniería de minas y geotecnia, quienes trabajaron tanto en campo como en gabinete.

“La metodología que utilizamos tiene todo su soporte científico y la rigurosidad técnica necesaria. Buscamos reducir al mínimo la subjetividad para emitir un concepto profesional”, afirmó Gutiérrez Soto.

El proceso incluyó la construcción de un flujograma con 41 etapas, desde la extracción de la roca mineralizada hasta la obtención del concentrado, lo que permitió evaluar cada fase de la operación.

La revisión se apoyó en normas internacionales, como los estándares ISO, para garantizar objetividad y comparabilidad con prácticas globales.

El resultado final se plasmó en 15 tomos, que abarcan desde el resumen ejecutivo y los términos de referencia hasta los hallazgos y conclusiones.

De los 370 compromisos ambientales evaluados, se detectaron nueve incumplimientos, principalmente en corredores de fauna, manejo de aguas y programas de reforestación.

Según los voceros, uno de los hallazgos más relevantes fue la potencial generación de drenaje ácido, riesgo que la empresa controla mediante una planta de producción de cal y sistemas de monitoreo de acidez en aguas.

Aunque reconocieron que también se identificaron deficiencias en el cumplimiento de la reforestación, consideradas como oportunidades de mejora.

“La auditoría integral permitió identificar correctivos, como reforzar los controles para evitar la generación de drenaje ácido y garantizar la continuidad de los procesos sin exponer rocas por tiempos prolongados”, explicó Abad.

Los auditores destacaron que este tipo de procesos fortalecen la supervisión estatal y aportan credibilidad internacional.

“Cuando se obtiene una calificación como la alcanzada, se puede afirmar que el desempeño está por encima de la media global”, señaló Gutiérrez Soto.

Ambos coincidieron en que las auditorías periódicas son esenciales para garantizar que las operaciones mineras cumplan con estándares ambientales y sociales, y para ofrecer a la ciudadanía datos verificables que permitan un debate informado.

“Lo que no se mide, no existe. La auditoría es una herramienta valiosa para la toma de decisiones del Estado y para la transparencia frente a la sociedad”, agregó el auditor líder.

El informe, entregado al Ministerio de Ambiente, constituye una base técnica para orientar futuras decisiones gubernamentales sobre la operación minera.

Según SGS, el trabajo conjunto con la institución permitió que la entidad conociera de primera mano los hallazgos y recomendaciones.

Aunque el impacto económico y laboral de la paralización del proyecto no formó parte del alcance de la auditoría, los especialistas señalaron que el documento ofrece insumos valiosos para avanzar hacia un modelo de desarrollo que combine protección ambiental con generación de empleo.

“El informe incluye metodología, descripción de procesos, hallazgos e identificación de riesgos. Es una documentación técnica favorable para quienes deben tomar decisiones”, puntualizó Abad.

Los expertos compararon la experiencia panameña con países como Chile, donde la minería representa cerca del 39% del PIB y la sociedad tiene mayor conocimiento sobre la actividad.

En ese sentido, recomendaron fortalecer la cultura minera en Panamá y establecer frecuencias claras de auditorías, como ocurre en otros sectores regulados.

“La auditoría integral debe ser general, porque los componentes están interrelacionados. Sí se debe establecer una frecuencia, porque lo que no se mide, no se sabe”, concluyó Gutiérrez Soto.