Expropiación en isla Margarita reaviva debate sobre seguridad jurídica y clima de inversión

La decisión del Gobierno panameño de expropiar por “interés social urgente” las fincas de isla Margarita, en Colón, pertenecientes a la empresa portuaria Panama Colón Container Port (PCCP), ha provocado una ola de reacciones encontradas en el sector logístico y marítimo.

Aunque existe consenso sobre la necesidad de reactivar esa zona estratégica para aliviar la congestión portuaria del país, la medida ha abierto un intenso debate sobre la legalidad del proceso, su impacto en la confianza inversionista y el posible riesgo arbitral.

Los expertos Carlos E. De La Lastra, Rommel Troetsch y Ángel Sánchez Chiappetto, presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), coinciden en que la inacción en isla Margarita ha tenido un alto costo económico y que la reactivación del proyecto portuario es vital para mantener la posición del país como hub regional.

Troetsch advirtió que la medida llega en medio de una crisis logística, marcada por la congestión en los principales puertos y las quejas de las navieras. “No hay duda de que construir un puerto ahí es urgente para Panamá”, subrayó.

Sánchez Chiappetto complementó que los puertos nacionales están cerca de operar a plena capacidad, por lo que la expansión es indispensable. “El desarrollo de isla Margarita es un punto de lanza necesario para mantener la posición estratégica de Panamá como hub regional y global”, afirmó.

De concretarse el desarrollo de la zona, los expertos prevén efectos económicos positivos y cuantificables, aunque la magnitud dependerá del avalúo oficial y del modelo de reactivación —ya sea mediante una nueva licitación o a través de un desarrollo estatal.

Troetsch enfatizó que la rapidez en la ejecución será determinante: “Entre más rápido se haga la construcción del puerto, mejor para el país, para el servicio logístico y para la generación de empleos”.

Donde las opiniones se dividen es en el plano legal y de inversión. La palabra “expropiación” —poco frecuente en el contexto portuario panameño— ha despertado alertas sobre la seguridad jurídica.

“Es una noticia sorpresiva; hacía tiempo que no se escuchaba la palabra expropiación”, dijo Troetsch, quien advirtió que este tipo de acciones “puede crear dudas entre los inversionistas”, recordando que los contratos ley del sector siempre se han respetado como garantía de estabilidad.

De La Lastra coincidió en que, aunque la intención es recuperar una zona inactiva, la decisión podría generar incertidumbre: “Esto también podría perjudicar la atracción de inversión por tratarse de una expropiación”.

Sánchez Chiappetto, en tanto, pidió equilibrio: “Respaldamos la necesidad de avanzar en el Plan Maestro Logístico, pero cualquier proceso de expropiación debe realizarse con estricto apego al marco legal, garantizando el debido proceso de indemnización”.

La expropiación de las 41 fincas concesionadas a PCCP se formalizó mediante el Decreto Ejecutivo No. 90 del 20 de octubre de 2025, publicado en la Gaceta Oficial.

El documento, de 11 páginas —nueve dedicadas a justificar la medida—, cita antecedentes históricos desde el Tratado Hay–Bunau Varilla, firmado tras la separación de Panamá de Colombia, para sustentar el interés público del proyecto.

El decreto instruye al Registro Público a cancelar los gravámenes sobre los terrenos y al Ministerio Público a iniciar los procesos judiciales necesarios para determinar las indemnizaciones a los propietarios.

Uno de los mayores riesgos identificados es el posible arbitraje internacional. Según Troetsch, corresponderá al consorcio afectado —que incluye a la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) y a su socio Northarc Management— decidir si acepta la indemnización o recurre a instancias internacionales.

No obstante, De La Lastra considera que PCCP carece de fundamento legal para demandar al Estado: “No le veo fuerza legal a una demanda contra el Estado y, si es el caso, sería una demanda completamente arbitraria, que no tiene sentido porque aquí no se ha cumplido las condiciones del contrato”.

Pese a las tensiones, los expertos coinciden en que Panamá debe mantener la apertura a la inversión extranjera. “El dinero está ahí, listo para llegar, pero hay que formalizar el camino y brindar confianza jurídica”, concluyó Troetsch.

El Gobierno aún debe aclarar el futuro de las tierras, los mecanismos de compensación y la ruta de desarrollo, mientras el sector observa con cautela un proceso que podría definir el rumbo logístico y la reputación económica del país.