El laberinto fiscal y económico del exministro De Lima

Un año después de haber culminado la administración del presidente Ricardo Martinelli, no cesan los cuestionamientos a la gestión de los asuntos económicos durante su periodo, entre 2009 y 2014. Del malestar que agita a muchos panameños, hablamos con Frank De Lima, quien laboró como viceministro de Economía, ministro de Economía y presidió la junta directiva de Tocumen, S.A. Por supuesto, no podía faltar el tema de Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA). Comienza el Think Tank de La Estrella de Panamá.

COMO PRESIDENTE DE TOCUMEN, S.A., ¿PIDIÓ USTED QUE SE PAGARAN LOS IMPUESTOS A LA DGI?

Sí. Y es público. Cuando nos encontrábamos en el proceso de estructurar la emisión de bonos para financiar la expansión del aeropuerto internacional, la empresa KPMG descubrió que Tocumen, S.A. nunca había pagado impuesto de inmueble. KPMG nos recomendó que nos pusiéramos al día con el fisco, con el fin de dar más tranquilidad a los tenedores de bonos. Fue entonces que Tocumen se reunió con la DGI.

¿QUÉ FUNCIONARIOS DE TOCUMEN PARTICIPARON EN LA REUNIÓN?

El gerente y el gerente financiero. En todo momento hubo comunicación directa entre ambas instituciones.

EL ACTUAL GERENTE DE TOCUMEN NOS HA ASEGURADO QUE NO EXISTE UN SOLO REGISTRO DE LLAMADA O DE GESTIÓN DE COBRO POR PARTE DE COBRANZAS DEL ISTMO. ¿QUÉ OPINA AL RESPECTO?

Estoy seguro de que es así. Cuando yo formaba parte de la junta directiva de Tocumen, jamás hubo una comunicación con Cobranzas del Istmo. Toda la comunicación se daba entre la DGI y Tocumen. Cuando se hace la emisión de bonos, y esto es público, como se puede ver en los archivos de la Bolsa de Valores de Panamá, estaba contemplado que se usarían $100 millones para el pago de impuestos.

El cheque que emitió Tocumen, S.A., y que La Estrella de Panamá publicó, sale a nombre del Tesoro Nacional. Tocumen en ningún momento emitió un cheque a Cobranzas del Istmo, porque nuestra comunicación siempre fue con la DGI.

Como el resto del pueblo panameño, quedé sorprendido cuando se conoció de un pago de comisiones de la DGI a Cobranzas del Istmo.

¿QUÉ PAPEL JUGARON USTED, EL ACTUAL MINISTRO DULCIDIO DE LA GUARDIA, EL EXMINISTRO ALBERTO VALLARINO Y LUIS CUCALÓN EN LA DECISIÓN DE TRASPASAR EL COBRO DE IMPUESTOS A UNA EMPRESA PRIVADA?

Entendimos que la DGI requería más auditores y que no se tenía la capacidad para cobrar los impuestos del año, mucho menos los morosos. Según nuestros cálculos, había más de mil millones de dólares en impuestos con una antigüedad mayor de dos años y no contábamos con el personal ni la capacidad para gestionar su cobro.

Entonces, en la Reforma Fiscal se incluyó un artículo que permitía que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hiciera una tercerización del cobro de impuestos a una empresa privada. Ese proceso lo llevó adelante la DGI y se escogió a la empresa Cobranzas del Istmo.

Yo era el viceministro de Economía, conocía del tema y lo que se estaba haciendo en el proceso. Estuve de acuerdo en que se buscara un tercero para el cobro de impuestos, porque es una práctica común que utilizan muchas empresas. Los bancos, por ejemplo, lo hacen.

Cuando yo asumí la responsabilidad del ministerio, mantuvimos el servicio de Cobranzas del Istmo. El equipo legal que avaló ese contrato fue el mismo que me acompañó durante mi gestión como ministro.

¿QUIÉNES ESTABAN EN EL EQUIPO LEGAL?

La directora de Legal, la señora Marta Patricia de González, y otros abogados de larga trayectoria en el MEF. Cuando se hizo la contratación, el equipo legal señaló que el proceso estaba en orden.

¿Y CUCALÓN, DE LA GUARDIA Y VALLARINO?

De La Guardia era el jefe inmediato de Luis Cucalón, pues, si vemos el organigrama del MEF, la DGI reporta al viceministerio de Finanzas. A ambos los había llevado al ministerio Alberto Vallarino, cosa que él ha dicho públicamente. Los tres habían trabajado juntos en Banistmo.

En el tema específico de Cobranzas, es decir, los detalles del proceso de contratación, yo no tuve una participación activa. Tengo entendido que se hizo un proceso de licitación y que se publicó.

¿Y EL SEÑOR VALLARINO?

El contrato lo firmó Cucalón y Alberto Vallarino firmó una nota estableciendo, junto con la Contralora, el monto de la fianza. Como el contrato no tenía monto definido, porque no se sabía cuánto iba a cobrar la empresa, la fianza la calcularon en base a una fórmula.

¿NO LE LLAMA LA ATENCIÓN QUE PARA HACER UNA CONTRATACIÓN DIRECTA SE ESTABLECIERA EN FIANZA $500 MIL?

Lo que yo escuché y leí fue que se hizo una invitación a participar y que varias empresas presentaron propuestas. Se llamó, se hizo un acto público y un llamado a expresión de interés. Llegaron varias empresas, pero solo una, Cobranzas del Istmo, cumplió con los requisitos establecidos por la DGI. Bajo este escenario, no podemos hablar de una contratación directa.

A SU GOBIERNO LE CORRESPONDÍA AUMENTAR LA TARIFA ELÉCTRICA . NO HACERLO GENERÓ PRESIÓN AL PRESUPUESTO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, PRECISAMENTE CUANDO ENTRÓ EL GOBIERNO DE VARELA. ¿POR QUÉ SE EVADIÓ ESTA RESPONSABILIDAD?

En el MEF habíamos hecho un estudio, una propuesta de aumento de la tarifa eléctrica de 15%, para sufragar los gastos del incremento de los subsidios eléctricos. Esta información la compartí en el período de transición con el ministro designado, Dulcidio De La Guardia. Posteriormente, cuando el presidente electo Juan Carlos Varela hizo una visita al grupo editorial La Estrella de Panamá , leí los comentarios de que él no estaba de acuerdo con el aumento propuesto.

L uego me comuniqué con el ministro designado De La Guardia, e intercambiamos varios correos. Al final, en el Consejo de Gabinete nuestro, se decidió que fuera una decisión de la nueva administración. Aun después del cambio de Gobierno, la nueva administración tenía toda la potestad para establecer un aumento de tarifa a partir del segundo semestre de 2014.

EL EXMINISTRO DE LA GUARDIA HA SEÑALADO QUE AL FINAL DE SU GOBIERNO SE APROBARON CRÉDITOS ADICIONALES, EN SU MAYORÍA, CON INGRESOS INEXISTENTES ¿QUÉ DICE USTED AL RESPECTO?

Uno de los créditos aprobados fue el de Tocumen. Creo que se aprobó asignar como $220 millones a una partida presupuestaria destinada a sufragar los desembolsos para el contratista encargado de la construcción de la terminal sur del Aeropuerto. Dicho crédito estaba respaldado por la emisión de bonos y no tiene ningún impacto en el cálculo de déficit fiscal, porque Tocumen está excluido (del sector público no financiero).

Otro aumento o crédito que se solicitó estaba destinado a la Caja de Seguro Social (CSS), ya que la ley obliga al MEF a representar a la CSS en estas tareas. De esta manera, si comenzamos a analizar los casos uno por uno, la gran mayoría de los créditos no tenían impacto sobre el déficit fiscal. En los últimos meses, en esta administración, el MEF ha aprobado créditos en momentos en que las recaudaciones están por debajo de lo presupuestado. También hay que tomar en consideración que el 100% del presupuesto no se ejecuta y con ese ahorro de la no ejecución se puede hacer traslados (de partidas) para sufragar las necesidades de las instituciones que sí tienen un alto nivel de ejecución presupuestaria.

SU GOBIERNO NO VACILÓ EN ACUDIR A PROYECTOS LLAVE EN MANO, DEJANDO CUENTAS POR PAGAR DE MÁS $4,000 MILLONES. ¿NO CREE QUE SE ABUSÓ DE ESTE INSTRUMENTO FINANCIERO?

Lo positivo de los llave en mano es que ayudan a la programación del flujo de caja. Hay proyectos que tienen una vida útil de entre 40 y 50 años, como la Línea del Metro. Sería difícil esperar que el gobierno pueda pagarlo en el periodo de ejecución de la obra. No veo mal que se extiendan más allá de una administración los plazos para el pagos de obras importantes como el metro o el reordenamiento vial. También es importante mencionar que se tenía un tope para los proyectos llave en mano. Nada más se podía usar hasta un 20% del presupuesto de inversiones del año siguiente. Pero, ¿qué pasó? En muchos casos, principalmente en los proyecto de salud, como hospitales y los Minsa-Capsi, hubo retrasos de parte del contratista, lo cual ha afectado el cronograma de pagos de los proyectos llave en mano. Eso no es imputable al MEF, es imputable al contratista. Vemos que la actual administración sigue con el concepto de llave en mano para la línea dos del metro y creo que sería saludable usar ese mecanismo de pago diferido.

Con respecto a la línea tres del metro, que va hacia Panamá Oeste y que conlleva un puente, ya se está hablando de la posibilidad de que este sea pagado con los peajes. Creo que la población no favorece ese tipo de decisiones y que una alternativa sería usar los pagos diferidos para hacer el puente y la tercera línea del Metro.

¿CREE QUE TUVO SENTIDO QUE SU GOBIERNO COMPRARA LAS AUTOPISTAS? ¿ALGÚN DÍA SERÁN GRATIS, COMO PROMETIÓ EL EXPRESIDENTE MARTINELLI?

Cuando se hizo el estudio del plan estratégico, para el que contratamos a la firma consultora MacKensie, una de las cosas que salieron a relucir fue la poca conectividad de los centros logísticos de nuestro país. Los contratos de concesión que existían en los corredores Norte y Sur prohibían que el gobierno hiciera una carretera que fuera competencia. Además, la demanda que existía para el uso de estos corredores indicaba que el servicio que se estaba brindando era deficiente. Los concesionarios no tenían ningún incentivo de mejorar el servicio, porque bajo la fórmula que tenían para calcular el pago, el dólar que invirtieran hoy, nunca iban a recuperarlo. La adquisición de las autopistas se hizo a través de la emisión de bonos y una derogación del presupuesto nacional.

El pago de esos corredores, que se hace a través de los peajes que pagan los usuarios del sistema, ha permitido, igualmente, hacer las ampliaciones del Corredor Norte, la ampliación de Brisas del Golf y está por culminar la ampliación hasta la 24 de Diciembre. También la ampliación del corredor o la autopista Madden Colón hasta los puertos. Todo esto bajo el esquema de emisión de bonos. ¿Que si serán gratis o no a futuro? Esa es una decisión que corresponde al gobierno de turno cuando se cancelen los bonos. Yo sí creo que sería positivo que se contara con algún tipo de peaje, que permitiría costear el mantenimiento y hacer mejoras. El MOP ahora está estudiando hacer otra nueva emisión de bonos para financiar la ampliación del Corredor Sur de Tocumen hasta Paitilla, cuando en nuestra administración se hablaba de dar en concesión los derechos de rellenos que existen frente a Atlapa. Ambas posibilidades son viables; son alternativas financieras que permiten no tener que usar el presupuesto nacional. Al final de cuentas, para contestarte, yo creo que sí fue positivo que el gobierno adquiriera esas concesiones.

¿HUBO SOBRECOSTOS EN LA COMPRA DE LAS AUTOPISTAS?

El MEF contrató en ese momento a dos consorcios que hicieron un peritaje del valor de los corredores, lo que nos sirvió para negociar con los concesionarios. Recuerda que ya ellos tenían un contrato ley con el Estado. No estaban obligados a vender, lo cual complicó un poco más el proceso de negociación. Creo que, al final, la decisión fue en el mejor interés del país.

ERAN BIEN CONOCIDOS LOS PROBLEMAS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE JUBILACIONES DE LA CSS ¿POR QUÉ SU GOBIERNO NO HIZO NADA ?

La persona más adecuada para contestar sería el exdirector de la CSS. Lo que yo recuerdo haber conversado con Billy era que el déficit actuarial iba a comenzar a partir de 2017. Quizás, por esa razón, en vista de que el déficit no se iba a generar durante nuestra administración, por ende, se decidió no hablar de la posibilidad de hacer una nueva reforma. La administración del presidente Juan Carlos Varela lo está discutiendo y creo que todos los sectores de la sociedad deben sentarse, sin prejuicios, en una mesa de diálogo y buscar las mejores opciones para salvar la situación de la CSS .

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ANÁLISIS

Conclusiones del Think Tank

Cuando todos son culpables, nadie es culpable. Este podría ser el caso en lo que respecta a Cobranzas del Istmo, S.A., empresa contratada por el gobierno de Ricardo Martinelli para el cobro de impuestos morosos. De allí la importancia de cuestionar a todos aquellos que estén vinculados. Frank De Lima, exviceministro de Finanzas, exministro de Economía y expresidente de la junta directiva de Tocumen, S.A., no podía faltar. Sobre Cobranzas Del Istmo, De Lima confirma, una vez más, que esta empresa nunca realizó gestión de cobro alguna en Tocumen, S.A., lo que coincide con lo señalado por el actual gerente del aeropuerto, Joseph Fidanque. Lo que sí hizo Cobranzas del Istmo fue solicitar el pago de comisiones por $21.8 millones por los impuestos pagados por Tocumen, S.A. a la Dirección General de Ingresos. Otros aspectos de la entrevista llaman también la atención. El exministro presenta argumentos que contradicen cuestionamientos del actual gobierno a la administración Martinelli. Sobre el hecho de que el gobierno anterior no ajustara la tarifa eléctrica, lo que la administración Varela ha considerado una evasión de responsabilidades, De Lima asegura que se presentó una propuesta de aumentar la tarifa durante la transición de gobierno, que conversó al respecto con el ministro designado, Dulcidio De La Guardia, y que, en última instancia, esta administración pudo haber realizado ajustes a la tarifa en el segundo semestre de 2014. Otro hecho que resalta Frank De Lima es que el actual gobierno también está aprobando créditos extraordinarios, a pesar de que no cumple con la programación fiscal y han disminuido los ingresos este año.

‘ En vista de que el déficit del programa IVM de la CSS no se iba a generar durante nuestra administración, no se habló de la posibilidad de hacer una nueva reforma'.

‘ En muchos casos, han habido retrasos del contratista, afectándose el cronograma de pagos de los llave en mano'.

‘ La administración actual sigue con los llave en mano para la construcción de la Línea 2 del Metro'.

‘ Lo que yo escuché y leí fue que se invitó a participar a varias empresas y que varias de ellas presentaron propuestas, pero solo Cobranzas del Istmo calificó. Bajo este escenario, no es una contratación directa'.

‘ Teníamos una propuesta de aumento de la tarifa eléctrica de 15%. Lo compartí en la transición con el ministro designado, De La Guardia'.