¿Freno al despilfarro? Panamá redefine el futuro de las APP con asesoría global

La política de infraestructuras en Panamá entra en una etapa de estricta fiscalización y selectividad técnica. Este martes 9 de junio, el Consejo de Gabinete aprobó el Decreto N.° 6-26, el cual autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a suscribir un convenio marco con la Corporación Financiera Internacional (CFI) —entidad del Grupo Banco Mundial—.

El propósito de este acuerdo es proveer asesoría especializada a las instituciones públicas en la estructuración de proyectos bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), buscando erradicar la improvisación financiera en las obras estatales.

El decreto fija una hoja de ruta operativa rigurosa: las asistencias técnicas se formalizarán mediante contratos de servicios directos entre las entidades y la CFI, previa autorización de sus respectivas leyes orgánicas.

Para resguardar las finanzas del Estado, todas las solicitudes deberán canalizarse a través del MEF hacia la Secretaría Nacional de APP, y los contratos definitivos requerirán tanto el refrendo de la Contraloría General de la República como la partida presupuestaria garantizada en el Presupuesto General del Estado.

El análisis: el fin de construir por construir

Esta decisión gubernamental representa un giro estratégico clave. Desde la creación del Régimen APP mediante la Ley 93 del 19 de septiembre de 2019 —diseñada para elevar la competitividad, generar empleo y mejorar los servicios públicos—, el país ha avanzado con tres obras viales de gran envergadura: la Panamericana Este, la Panamericana Oeste y la Vía Centenario.

Sin embargo, la experiencia regional demuestra que el éxito de este modelo no radica en la cantidad de contratos firmados, sino en la asignación correcta de los riesgos y en la sostenibilidad de los activos a largo plazo.

En una entrevista con La Estrella de Panamá, Denis Leduc, especialista Senior en APP en el Sector de Infraestructura y Energía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aportó un análisis oportuno sobre el momento que vive el país.

Leduc destacó que, pese a ser un actor nuevo en este esquema, Panamá posee un marco institucional robusto, pero advirtió que el portafolio debe diversificarse con cautela hacia agua, saneamiento o infraestructura social, como hospitales y centros educativos.

Para evitar la saturación del modelo y asegurar la eficiencia del gasto, Leduc reveló que el BID está acompañando al Gobierno en un proceso de depuración técnica.

“Con el apoyo del BID, Panamá está avanzando en un ejercicio de priorización nacional de proyectos APP para identificar qué iniciativas tienen mejores condiciones para desarrollarse bajo esta modalidad. Ese paso es muy importante, porque no se trata de aplicar APP a todo, sino de utilizarla en aquellos proyectos donde realmente aporte eficiencia, una mejor gestión del riesgo, mejores estándares de mantenimiento y sostenibilidad en el tiempo”, explicó el especialista.

Un modelo de ciclo completo

El enfoque analítico que introduce este doble acompañamiento internacional (CFI y BID) ataca directamente los vicios históricos de la obra pública tradicional: los sobrecostos y el abandono post-construcción. Un contrato de APP bien estructurado unifica la edificación, la operación y el mantenimiento durante décadas bajo reglas claras.

Un ejemplo de esta metodología es el reciente proyecto vial reactivado por el presidente José Raúl Mulino, donde el BID no solo aportó recursos de cooperación técnica, sino también la asesoría de firmas consultoras internacionales para guiar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) desde sus fases iniciales.

La meta final de esta redefinición del modelo APP es la institucionalidad. Tal como concluyó Leduc, el verdadero reto del Estado panameño no consiste únicamente en levantar más cemento, sino en edificar confianza para los mercados inversionistas. “Esa continuidad institucional es clave para generar confianza, atraer inversión privada y consolidar un portafolio de proyectos con impacto real. El desafío no es solo construir más infraestructura, sino asegurar que esa infraestructura genere valor, cuente con un buen mantenimiento y sea sostenible en el tiempo”, puntualizó.