Gobierno acumula $300 millones en deuda por subsidios de interés preferencial

El pleno de la Asamblea Nacional pasó este jueves a tercer debate al proyecto de ley 341, que establece modificaciones a la Ley de Interés Preferencial.

Entre las modificaciones aprobadas se encuentran las del artículo 7 que dicta que a partir de la entrada en vigencia de la norma, el subsidio estatal aplicable a los préstamos hipotecarios otorgados bajo el régimen de interés preferencial se den de conformidad a los tramos, dependiendo del precio de compra de la vivienda y su ubicación.

Para ello, se plantea dividir el país en dos regiones: Región 1: Panamá y Panamá Oeste, y Región 2: Colón y el resto del país.

El debate se centró en los cambios de los porcentajes de la tasa subsidiada para que pase de 4 % a 3,5 %, así como en la deuda que tiene el Estado para pagar a proveedores y banco el reconocimiento de este subsidio brindado en años anteriores.

Durante su intervención, el ministro de Economía y Finanzas (MEF) encargado, Fausto Fernández, explicó que hasta el momento, el Gobierno adeuda a los bancos de $280 millones a $300 millones en intereses preferenciales. La cifra, dijo, es sólo de los últimos 12 meses.

Comentó que decidieron asignar $78 millones dentro del Presupuesto General del Estado de 2026 para seguir saldando cuentas pendientes.

Fernández además confesó que “la ley ha estado generando compromisos por alrededor de $300 millones por las modificaciones que se han hecho en las leyes anteriores de intereses preferenciales, que van a tener su punto máximo entre 2028 y 2029 de $350 millones en la cartera actual que ya se tiene contratada; la nueva, obviamente, va a estar ingresando un punto de fluctuación”.

Sin embargo, aclaró que hoy en día el Gobierno cuenta con un programa de compra de bonos con Letras del Tesoro, que se los dan a los bancos para reanimar un año de deuda para así saldar el excedente, que no está cubierto dentro del presupuesto del Estado.

En medio de los cuestionamientos sobre por qué la ley actual no funcionó para los fines creados, que han llevado nuevamente a proponer su modificación, el ministro encargado del MEF aclaró que todo se debió a la inclusión del artículo 12, que regulaba y daba atribuciones fuera de su capacidad legal a la Superintendencia de Bancos y obligaba a los intermediarios financieros a realizar refinanciamientos garantizados, que lo único que hacía era quitarles ese incentivo de seguir prestando.

También subrayó que no fue el MEF el encargado de proponer una reducción de la tasa subsidiada para que pasara de 4 % a 3,5 %, ya que todo fue una iniciativa trabajada dentro de la misma Asamblea. No obstante, sí reconoció que hubo las comunicaciones para analizar si era factible la reducción del porcentaje antes mencionado y extenderlo por dos años, que es lo que se está haciendo en estos momentos, porque el efecto era menor.

El diputado Ernesto Cedeño, en este contexto, indicó que es de la teoría de mantener los mismos números de 4 % para ayudar a los panameños a adquirir una vivienda nueva. “De esta forma, las personas sentirían un apoyo más efectivo y real del Estado”, dijo.

Sin embargo, el diputado Jorge Herrera, proponente del proyecto de ley 341, recordó que con la ley anterior quedó todo paralizado y no se llegó a un convencimiento entre la banca y la población sobre las tasas subsidiarias. Aun así, se encuentra a favor de que se proponga cambiar los porcentajes a 4 %, sólo si se garantiza que los panameños podrán acceder al beneficio de interés preferencial. “La idea es garantizar que las personas puedan acceder a una casa digna, pero también entendiendo que el Estado tenga la capacidad de pagar las cuentas a los bancos”, concluyó.