PANAMÁ. El cambio de las reglas de juego a los contratos ya establecidos entre la República y PYCSA e ICA (administradores de los corredores Norte y Sur, respectivamente) podría convertirse en una dificultad en la aspiración de Panamá de lograr el grado de inversión.
Analistas consultados sostienen que las decisiones de las agencias calificadoras de riesgo están basadas en que estas empresas no sólo toman en cuenta “los aspectos cuantitativos y números fríos sino también lo cualitativo de un país, en donde la institucionalidad y el respeto a los contratos son materia importante”.
Ante el cuestionamiento sobre si la creación de una empresa mixta para administrar los corredores pondría en riesgo las negociaciones para lograr el grado de inversión, el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, respondió que en ambos casos se está actuando con apego a la ley y esto no afectaría el proceso con las calificadoras.
“En todo momento se ha hablado de una solución negociada de común acuerdo con los concesionarios”, insistió.
El funcionario expresó que desde que dieron a conocer los informes de auditoría, que buscaban nacionalizar los corredores, han sostenido reuniones con ambos concesionarios para establecer criterios de negociación, las cuales han avanzado positivamente.
“El grado de inversión es una prioridad del gobierno”, aseguró Vallarino.
Sobre la mesa se encuentra la propuesta del gobierno de crear una empresa mixta para administrar ambos corredores, en la que el Estado tendría más del 50% de las acciones y el control de los peajes. Esta intención también incluye a la autopista Panamá - Colón.
Sobre la empresa mixta, Diego Hernández, vocero de ICA, declaró que la operación del Corredor Sur lo norma un contrato con el Estado, por lo que prefirió no emitir juicio hasta que se inicie la renegociación de los contratos.
Recordó que “el Corredor Sur cuenta con una emisión de bonos de deuda internacional sujeto a calificación por empresas calificadoras, por lo que tanto, el Estado como concesionario debe respetar los compromisos adquiridos”.
Hernández confía en que las futuras negociaciones con el Estado predomine el clima de inversión y seguridad para las empresas locales e internacionales que invierten en el país.
Para Kevin Harrington-Shelton, administrador judicial de Pycsa, quien ha demandado a la empresa antes mencionada por incumplimientos, la creación de una empresa mixta es una prueba del gobierno para ver las reacciones.
Pese a que se trató de obtener reacciones de parte de PYCSA y de las calificadores Fitch Rating, Moody”s y Standard & Poors al cierre de esta edición los esfuerzos fueron infructuosos. Analistas concluyen que en definitiva, los corredores son un escollo más que una ayuda para lograr el grado de inversión.
