Idoneidad de personal extranjero no pasará por Consejo Técnico de Salud

A través del decreto Ejecutivo 1687 del 29 de diciembre de 2020, el gobierno reguló la incorporación de 220 técnicos, especialistas y médicos cubanos a la batalla contra la covid-19 en los hospitales panameños.

El documento permite la práctica del personal de salud sin la necesidad de que sea el Consejo Técnico de Salud quien acredite las hojas de vida de los extranjeros. En cambio, los créditos serán revisados “según el caso, por el Colegio Médico de Panamá en coordinación con la Dirección General de Salud Pública”, se lee en el documento.

Un método poco ortodoxo, violatorio de la Constitución, a juicio del decano de la Facultad de Medicina, Enrique Mendoza, miembro del Consejo Técnico, quien alega que la carta magna otorga esa función a la Universidad de Panamá.

Mendoza se mostró en desacuerdo con la contratación de médicos bajo decreto; asevera que la Ley 89 de 2013 es clara sobre el método a seguir para incluir en el sistema a cualquier galeno extranjero, pues los nacionales la cumplen.

“La contratación de médicos extranjeros está regulada por dos leyes, y dice claramente que no se permite la contratación de médicos extranjeros por grupo o por contingente, debe ser individual; en este caso se ha procedido a una contratación por grupo, cuando está prohibido en la ley, que también establece que tienen que presentar los papeles ante el Consejo Técnico de Salud”, expresó el decano. Añadió que la ley exige a los foráneos pasar un examen que hasta el momento no han hecho.

En el decreto confiere al Minsa, como rector de salud, la facultad constitucional y legal para dicha tarea, además que no se puede desconocer el papel fiscalizador y regente que tiene sobre el bien público y su conexión con las determinantes sociales en defensa del patrimonio sanitario de la comunidad.

A raíz de lo anterior, se establecieron a partir del 17 de diciembre medidas de emergencia extraordinaria para permitir el ejercicio de profesionales idóneos extranjeros en el sector público durante el estado de emergencia nacional.

Los apremios que viven los médicos en las salas de hospitales y cuidados intensivos parecen rebasar las formalidades de la ley, con todo y lo que ello pudiera implicar.

Los especialistas nacionales que atienden de lleno el sector público urgen refuerzos. Otros médicos dividen las consultas entre la privada y la pública, y unos más no se han incorporado a la batalla por ser una población en riesgo. Esta situación carga mucho más el peso y la responsabilidad para los especialistas del sector público que trabajan sin descanso desde que se anunció el primer caso, el 9 de marzo de 2020.

Hay intensivistas que no ven la luz del día, atienden hasta 20 pacientes graves por turno, solos. La batalla en los hospitales públicos se vive intensa ante el incremento excesivo de casos, la limitada capacidad hospitalaria y la falta de insumos. Es ahí cuando personifican verdaderas proezas para salvar vidas. A esto se suma que no tienen ayuda de sus pares nacionales. El Minsa ha efectuado tres convocatorias a las que respondieron algunos profesionales, contados con los dedos de la mano, lo que ha urgido a buscar ayuda del extranjero.

Entre los argumentos del Minsa para el método de contratación, ponderan las estadísticas que muestran un incremento de casos y su extensión en todo el territorio, “las cifras evidencian que los médicos trabajan al límite de su capacidad, específicamente los especialistas de las áreas críticas, terapeutas respiratorios y enfermeras intensivistas indispensables para que el aumento realizado de la capacidad instalada repercuta en una disminución de la letalidad”, se lee. El aumento de la demanda y números de camas conlleva al agotamiento y desgaste de los profesionales de la salud debido al insuficiente personal que está desempeñando sus funciones en la pandemia.