La calificación soberana
de Panamá y sus efectos reales en la economía

La calificación de riesgo soberano constituye un elemento central para medir la percepción internacional sobre la solvencia económica de un país y su capacidad de honrar sus obligaciones financieras. En el contexto de Panamá, las evaluaciones más recientes efectuadas por las principales agencias calificadoras internacionales Fitch Ratings, Moody’s Investors Service y Standard & Poor’s Global Ratings presentan una combinación de resultados que refleja fortalezas macroeconómicas, pero también desafíos fiscales relevantes para la sostenibilidad financiera de mediano y largo plazo.

En diciembre de 2025, Fitch Ratings ratificó la calificación soberana de Panamá en “BB+” con perspectiva estable, manteniendo al país fuera del llamado grado de inversión bajo su metodología de evaluación. Esta decisión se basó en la combinación de un ingreso per cápita relativamente alto, la estabilidad correspondiente al uso del dólar como moneda de curso legal y un sector financiero robusto, en contraste con elementos que incluyen una base de ingresos públicos estrecha, niveles de deuda elevados y una carga de intereses en aumento. La agencia destacó en particular la necesidad de fortalecer la disciplina fiscal y mejorar la transparencia en la gestión presupuestaria para avanzar hacia calificaciones superiores en el futuro.

Las cifras fiscales que acompañan esta evaluación muestran una trayectoria creciente de la deuda pública bruta como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), proyectándose en torno a 67.2% al cierre de 2025, frente a un nivel cercano a 62.5 % en 2024. Este incremento se ubica por encima de lo que tradicionalmente se considera prudente en términos comparativos regionales, y constituye un factor clave en la evaluación del riesgo país. De igual manera, la proporción de los pagos por intereses sobre los ingresos fiscales se ha incrementado, reduciendo la flexibilidad del gasto público para atender prioridades sociales y de desarrollo.

Contrariamente a Fitch, Moody’s Investors Service mantiene a Panamá dentro del grado de inversión con una calificación de “Baa3”, aunque con perspectiva negativa. Esta valoración reconoce la resiliencia del crecimiento económico panameño, la importancia estratégica del Canal de Panamá como motor de ingresos y el rol del sector servicios en la dinámica económica nacional. Sin embargo, la perspectiva negativa asignada por Moody’s pone de manifiesto que los riesgos fiscales aún persisten y que su materialización podría influir adversamente en la trayectoria de mejora de la calificación si no se implementan medidas de consolidación efectivas.

En el mismo sentido, Standard & Poor’s Global Ratings ha ratificado la calificación de Panamá en “BBB-” con perspectiva estable, evidenciando una confianza formal en la calidad crediticia del país dentro del umbral de grado de inversión bajo su marco de análisis. La evaluación de S&P resalta avances en la gestión de deuda y la percepción de que las autoridades han adoptado medidas que pueden contribuir a estabilizar las cuentas públicas, aunque también subraya que los riesgos fiscales y la exposición a choques externos permanecen como factores de seguimiento.

Este conjunto de calificaciones diferenciadas refleja metodologías variadas entre las agencias, pero converge en la identificación de elementos positivos y desafíos estructurales dentro de la economía panameña. Las notas otorgadas por Moody’s y S&P apuntan a una percepción de riesgo moderada dentro del grado de inversión, mientras que la valoración de Fitch indica que, bajo sus criterios, existen vulnerabilidades que impiden el retorno inmediato a ese rango.

Para comprender el contexto económico que sustenta estas evaluaciones, es necesario considerar los datos oficiales más recientes sobre desempeño económico y variables fiscales. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la economía panameña experimentó un crecimiento real acumulado de 4.2 % entre enero y septiembre de 2025 con respecto al mismo periodo del año anterior, confirmando la continuidad de una trayectoria positiva de expansión. Este dinamismo económico se inserta dentro de una tendencia sostenida de crecimiento, aunque con variaciones sectoriales que responden a condiciones internacionales y a factores internos como eventos climáticos y ajustes en actividades productivas.

En 2024, el INEC reportó un crecimiento del Producto Interno Bruto real de 2.9 %, lo que reflejó una desaceleración relativa comparada con años previos, pero aún representó una expansión económica en términos absolutos. Otros indicadores oficiales, como el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), mostraron variaciones significativas interanuales durante 2025, impulsadas principalmente por sectores como transporte, comercio y servicios financieros, elementos que confirman la importancia de estos segmentos dentro de la economía nacional.

No obstante, el dinamismo económico por sí solo no es suficiente para garantizar una calificación de riesgo soberano elevada. Las cifras fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestran que, aunque se han realizado esfuerzos por reducir el déficit del sector público no financiero, el país aún enfrenta desequilibrios que superan los objetivos estructurales establecidos por la normativa de responsabilidad fiscal. En 2024, el déficit del sector público no financiero fue equivalente a aproximadamente 7.4 % del PIB, y las proyecciones para 2025 prevén una reducción hacia niveles cercanos a 4 % del PIB, aunque sin alcanzar plenamente las metas de consolidación fiscal deseadas para calificaciones de mayor calidad crediticia.

El crecimiento reciente de la deuda pública y su relación con el tamaño de la economía constituye uno de los principales factores considerados por las agencias de riesgo. La expansión de esta relación refleja, por una parte, la necesidad de financiamiento para atender los compromisos presupuestarios del Estado y, por otra, los efectos de choques externos en ingresos públicos, como los derivados de variaciones en los ingresos asociados al Canal de Panamá y las fluctuaciones económicas globales que afectan la actividad comercial y los servicios logísticos. Esta situación plantea un desafío adicional para el diseño de políticas fiscales que combinen sostenibilidad, eficiencia en el gasto y prioridades de desarrollo humano.

Desde la perspectiva de las agencias calificadoras, mantener grado de inversión o recuperar dicha condición depende en gran medida de la capacidad del país para implementar reformas estructurales orientadas a reducir los desequilibrios fiscales y fortalecer los mecanismos de transparencia presupuestaria. Los análisis de riesgo soberano ponen especial énfasis en la ampliación de la base de ingresos fiscales, la mejora de la eficiencia en la recaudación, la gestión prudente del gasto corriente y la protección de la inversión pública productiva como componentes fundamentales de una estrategia de consolidación.

Las implicaciones de las calificaciones soberanas se extienden más allá de la esfera del financiamiento público. Un riesgo país percibido como más alto se traduce en mayores costos de acceso a los mercados de deuda externa, encareciendo la emisión de bonos soberanos y, en algunos casos, limitando la participación de ciertos inversionistas institucionales que requieren grados mínimos de calidad crediticia para sus portafolios. Esto puede tener efectos indirectos en el costo del crédito para el sector privado, especialmente en financiamientos de largo plazo y en proyectos de inversión que dependen de condiciones favorables de fondeo internacional.

El entorno de tasas globales elevadas y la volatilidad de los mercados financieros añade una capa adicional de complejidad para las economías emergentes y en desarrollo, como Panamá. En este contexto, las decisiones de política fiscal y las reformas estructurales no solo responden a metas de calificación, sino también a la necesidad de fortalecer la resiliencia frente a condiciones externas adversas, cuidar el balance de pagos y preservar la estabilidad macroeconómica.

Panamá mantiene un perfil económico robusto apoyado en sectores clave como logística, comercio y servicios financieros, factores que han sostenido su crecimiento en años recientes. Sin embargo, los desafíos fiscales identificados por las agencias calificadoras —particularmente la gestión del déficit y la trayectoria de la deuda pública— señalan la importancia de consolidar políticas que permitan asegurar la sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

En síntesis, la evaluación del riesgo soberano de Panamá refleja una realidad económica en la que coexisten perspectivas positivas de crecimiento con desafíos fiscales significativos. La combinación de calificaciones diferenciales por parte de Fitch, Moody’s y S&P muestra que, aunque el país mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos, la consolidación fiscal y la implementación de reformas estructurales son componentes críticos para avanzar hacia una trayectoria de crecimiento sostenible y, eventualmente, mejorar las condiciones de acceso al financiamiento internacional en términos más favorables. En este escenario, las cifras oficiales del INEC y del MEF ofrecen una base confiable para comprender el desempeño económico y fiscal del país, y constituyen un referente indispensable para cualquier análisis profundo sobre la solvencia y el riesgo soberano de Panamá.

*La autora es miembro del Colegio de Economistas de Panamá