La falta de datos sobre la tierra frenan el desarrollo y encarecen las obras en la región

La falta de información catastral actualizada y la desconexión entre los registros públicos encarecen hasta en un 30% el costo y los tiempos de ejecución de las obras de infraestructura en América Latina y el Caribe, según advirtió Ivonne Moreno, especialista senior en administración de tierras del Banco Mundial (BM).

Durante su ponencia en la XII Conferencia y Asamblea Anual de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad (RICRP), celebrada en ciudad de Panamá, Moreno señaló que el desconocimiento sobre la titularidad de los predios —si pertenecen al Estado o a particulares— provoca retrasos críticos y encarece proyectos estratégicos como metros, puentes, aeropuertos y carreteras, llegando incluso a provocar la cancelación de iniciativas públicas.

Moreno explicó que “la región enfrenta un acelerado proceso de urbanización que llevará a que cerca del 80% de la población latinoamericana viva en ciudades hacia el periodo comprendido entre 2030 y 2050”.

Dado que las urbes aportan actualmente alrededor del 80% del producto interno bruto global, el 88% del empleo formal y el 83% del consumo de los hogares, la especialista del BM subrayó que el crecimiento urbano desordenado y bajo la informalidad representa uno de los mayores desafíos económicos y sociales.

Sin embargo, sostuvo que las barreras para modernizar la gestión territorial no son de carácter tecnológico, sino institucional y de gobernanza de datos.

Para Moreno, muchos países caen en la llamada trampa del salto tecnológico al intentar adquirir herramientas digitales sin haber simplificado previamente sus marcos normativos y procedimientos internos.

Recordó que en América Latina existen cuatro obstáculos estructurales recurrentes: derechos no registrados, regulaciones y mandatos superpuestos entre entidades, altos costos de la formalidad y una débil valoración y captura de valor del suelo.

En ese sentido, planteó que no siempre es necesario esperar reformas legales complejas para agilizar los trámites, ya que gran parte de los cuellos de botella pueden resolverse mediante actos administrativos, reglamentos y acuerdos de coordinación entre instituciones.

Desde la perspectiva del ciudadano y del inversionista, Moreno ilustró cómo la ausencia de ventanillas únicas e interoperabilidad obliga a los usuarios a recorrer múltiples oficinas para completar una sola transacción inmobiliaria o solicitar una licencia de construcción, golpeando con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerables que carecen de recursos para costear asesoría legal.

Asimismo, indicó que cuando un inversionista busca tierras disponibles para proyectos agroindustriales, turísticos o ambientales, las instituciones suelen carecer de bases de datos integradas que crucen la vocación del suelo, la infraestructura cercana y la seguridad jurídica de la tenencia.

Como hoja de ruta para construir ciudades inteligentes, la especialista propuso avanzar hacia un identificador predial único, habilitar servicios abiertos que permitan a los propios ciudadanos verificar y actualizar la información de sus inmuebles, y priorizar proyectos piloto enfocados en las necesidades estratégicas de cada país, bajo un enfoque adaptado a su propósito.

Además, recalcó que los sistemas de catastro y registro tienen la capacidad de autofinanciarse en el mediano plazo mediante la ampliación de la base gravable —incorporando predios que hoy no tributan— y el uso de instrumentos de captura de valor del suelo derivados de la inversión en obra pública, lo que permitiría presentar resultados tangibles ante los ministerios de Economía y Finanzas para sostener la modernización territorial.

Por ejemplo, Panamá, a través de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), avanza en un proceso de modernización de su sistema catastral gracias a un préstamo de $60 millones otorgado por el BM, con el objetivo de digitalizar la información territorial del país, fortalecer la seguridad jurídica y mejorar las condiciones para la inversión.

El administrador general de la Anati, Andrés Fernando Pagés Chanis, quien también participó en la conferencia, explicó que el financiamiento forma parte de una modalidad innovadora denominada “préstamo contra resultados”, mediante la cual los desembolsos se realizan conforme la entidad cumple con los objetivos y entregables establecidos. Según indicó, es la primera vez que este mecanismo se aplica en Panamá.

Pagés destacó que la iniciativa surgió tras varios años de trabajo conjunto con el organismo internacional y busca transformar el modelo catastral del país hacia un sistema multifinalitario e interoperable, capaz de integrar información entre instituciones públicas como el Registro Público, la Dirección General de Ingresos y otras entidades vinculadas a la gestión territorial.

Actualmente, Panamá solo cuenta con un 35% del territorio debidamente catastrado, una situación que, según Pagés, limita la planificación territorial y puede generar retrasos o mayores costos en proyectos de infraestructura e inversión debido a la falta de información precisa sobre la propiedad de los terrenos.

El administrador agregó que la meta final es alcanzar un catastro completamente digitalizado, transparente y accesible. A su juicio, contar con información territorial actualizada fortalecerá la seguridad jurídica, facilitará la toma de decisiones públicas y privadas, y contribuirá a atraer nuevas inversiones al país. “La seguridad jurídica es lo que buscan los inversionistas a nivel mundial”, sostuvo.