Se efectuan gestiones para salir de la lista de países que no combaten la pesca ilegal y que Panamá pueda seguir exportando mariscos a la UE
- 15/05/2026 00:00
En un momento de definiciones críticas para el sistema financiero y de servicios de Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha acelerado el paso con el proyecto de ley de sustancia económica. Esta normativa, que actualmente atraviesa el escrutinio de la Asamblea Nacional, que el próximo lunes inicia el debate con cada una de las propuestas presentadas, representa mucho más que un ajuste técnico para satisfacer las exigencias de la Unión Europea (UE); es, en palabras de las autoridades, el blindaje necesario para asegurar que el país pueda seguir compitiendo en las grandes ligas del comercio internacional.
María Cristina Vilá de Van Hoorde, jefa de gabinete del MEF y quien lidera el proyecto de Sustacia Económica, explicó en una entrevista con La Estrella de Panamá que el objetivo central es diáfano: mejorar la competitividad del país, atraer inversión extranjera directa y promover la transparencia sistémica.
La meta inmediata, dijo, es la exclusión de Panamá de las “listas negativas” de organismos internacionales, un estatus que actualmente impone cargas financieras y limitaciones operativas que frenan el crecimiento económico nacional.
Uno de los pilares de este proyecto es la corrección de vulnerabilidades históricas. Vilá de Van Hoorde reconoció que la permanencia de Panamá en listas internacionales se debe a que el marco legal actual posee “rajas” o vacíos que permiten la proliferación de estructuras opacas.
“Esta norma busca sellar esas rajas e ir blindando nuestro sistema para que se use correctamente”, puntualizó.
El proyecto apunta directamente a erradicar las sociedades anónimas que existen únicamente en papel, sin infraestructura ni personal real detrás. Bajo la nueva ley, las empresas que generen rentas pasivas en el extranjero deberán demostrar que cuentan con una operación sustancial en territorio panameño.
Esto implica el cumplimiento de un proceso de reportería y la presentación de evidencias que sustenten los ingresos recibidos. Aquellas entidades que no logren validar su sustancia o fallen en sus obligaciones de reporte se enfrentarán a una penalidad fiscal del 15%, una medida disuasoria diseñada para alinear al país con los estándares globales modernos.
La urgencia de esta ley se refleja en el interés del sector privado internacional. Vilá de Van Hoorde reveló que el MEF ha recibido expresiones directas de interés de grupos financieros y bancos que desean establecerse en el país, pero que condicionan su entrada a la salida de Panamá de las listas negativas.
Durante una reciente gira de inversionistas en Washington, una banca multinacional presentó al ministro de Economía una lista de empresas con proyectos listos para iniciar en Panamá, pero cuyos financiamientos están congelados hasta que se levanten las sanciones internacionales.
“Hay una diversidad del sector financiero y de otras áreas de negocio interesados en venir al país”, aseguró la jefa de gabinete del MEF, subrayando que incluso las 200 empresas europeas ya establecidas verían una mejora inmediata en su competitividad al eliminarse las sobrecargas financieras que hoy enfrentan.
Uno de los puntos que ha generado mayor debate en la Asamblea es la definición de conceptos como “recursos humanos adecuados” y “gastos operativos suficientes”.
Vilá de Van Hoorde aclaró que, siguiendo la práctica internacional, estos términos se enmarcan de forma macro en la ley para luego ser desarrollados mediante reglamentación técnica. Panamá ya posee experiencia en este ámbito con regímenes especiales como Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) y Panamá Pacífico, los cuales servirán de referencia para construir los nuevos criterios una vez aprobada la ley.
En cuanto al sector marítimo, que ha solicitado ser excluido debido a la naturaleza móvil de sus activos, la jefa de gabinete indicó que el reto es demostrar que los controles y la supervisión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) son lo suficientemente robustos para evitar mal uso.
Explicó además que existe una confusión conceptual: gran parte de lo que genera la industria marítima se considera “renta activa”, por lo cual no caería bajo el alcance de esta normativa, la cual se enfoca principalmente en rentas pasivas.
La comparación con otros países de la región es inevitable y deja una lección dolorosa para Panamá. Jurisdicciones como Uruguay y Costa Rica, que también fueron sancionadas por temas de sustancia económica, lograron implementar sus normativas en apenas dos años, manteniendo su régimen de tributación territorial. En contraste, Panamá lleva casi siete años en este proceso y aún no ha concluido la etapa legislativa.
“Si Panamá quiere ser un país competitivo como Singapur, tenemos que aprender sobre la dinámica internacional y desarrollar los mejores estándares”, sentenció Vilá de Van Hoorde.
Advirtió que no es posible aspirar a ser una economía de vanguardia manteniendo reglas y prácticas del siglo pasado. “Los cambios duelen, pero el reto es implementarlos de la manera más eficiente y amigable posible”.
A pesar de la complejidad técnica, el proyecto actual no es una imposición unilateral del Ejecutivo. Según la jefa de gabinete del MEF, el texto es el resultado de siete meses de consultas con gremios como Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, Cámara Panameña de la Construcción, Consejo Nacional de la Empresa Privada y diversas asociaciones de abogados y contadores.
Se estima que hasta un 70% del contenido de los artículos recoge la redacción y sugerencias de la sociedad civil. Sin embargo, el tiempo apremia, ya que la Unión Europea realiza sus revisiones de listas en octubre y febrero.
Si bien la ley de sustancia es un requisito crítico, no es el único; Panamá también debe mejorar su efectividad en el intercambio de información tributaria, recalcó Vilá de Van Hoorde.
La expectativa del MEF es que, con la aprobación de esta ley antes de octubre, el país pueda al menos moverse al “Anexo 2”, lo que significaría un alivio sustancial al levantarse las sanciones directas que hoy pesan sobre la economía nacional.