Nuevo subsidio de $3,000 para vivienda revive el debate sobre quién recibe el beneficio

El Gobierno Nacional creó el Programa Nacional de AbonoPaTi para la adquisición de vivienda nueva, que contempla un “subsidio estatal no reembolsable de $3,000 para la compra de viviendas nuevas de hasta $80,000”, según establece el Decreto Ejecutivo No. 35 del 17 de septiembre de 2026.

La norma establece que “el abono total aplicable se acreditará al precio de compra antes de determinar el monto definitivo del préstamo hipotecario, con el propósito de reducir el capital a financiar y la letra mensual correspondiente, y facilitar que el solicitante pueda cumplir con los parámetros de capacidad de pago establecidos por el acreedor hipotecario, conforme a las condiciones del presente Decreto Ejecutivo”.

El Programa está destinado a completar el aporte del beneficiario para conformar el abono total aplicable a la adquisición de una vivienda elegible mediante un préstamo hipotecario.

La medida llega dos años después del vencimiento, el 30 de junio de 2024, del Fondo Solidario de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), que otorgaba un bono de $10,000 para facilitar el acceso a créditos hipotecarios, y un mes después de que el Ejecutivo sancionara la Ley 546 del 31 de agosto de 2026, que exonera del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI), equivalente al 2%, la compra de la primera vivienda nueva de hasta $120,000.

El nuevo programa también se plantea mientras el Estado mantiene compromisos pendientes derivados del Fondo Solidario de Vivienda. A finales de agosto de 2026, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, confirmó que la deuda con promotores y empresas constructoras vinculadas al programa asciende a $65 millones.

De ese monto, explicó, ya se han cancelado aproximadamente $20 millones, por lo que quedarían cerca de $45 millones por pagar.

“El Fondo Solidario de Vivienda no lo eliminamos, la ley se venció con una deuda gigantesca que le estamos haciendo frente. El Estado ha pagado más de $90 millones de deudas heredadas”, señaló Jované.

Para atender los compromisos pendientes, el ministro recordó que el Gobierno aprobó un decreto ejecutivo que permitirá utilizar letras del Tesoro como mecanismo de financiamiento.

“Lo pensamos pagar a través de letras del Tesoro. Ese decreto ejecutivo ya está aprobado para iniciar ese pago y honrar el 100% de los compromisos del Estado”, explicó el ministro el su momento, y sostuvo además que el uso de letras del Tesoro permitirá cumplir con estos compromisos sin afectar otros programas de inversión pública.

La intención del Gobierno, añadió, es que el sector privado continúe siendo motor de desarrollo mediante alianzas público-privadas que impulsen nuevos proyectos de vivienda y mejoramiento habitacional.

Requisitos del nuevo programa

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 35, publicado en la Gaceta Oficial Digital No. 30614 C, para acceder al AbonoPaTi tanto la persona como la operación hipotecaria deberán cumplir con las condiciones aplicables al Régimen de Intereses Preferenciales establecido en la Ley 468 del 24 de abril de 2025, sus modificaciones y reglamentación, además de los requisitos adicionales establecidos en el decreto.

“El Programa no sustituye, modifica, exceptúa ni flexibiliza los requisitos establecidos para el Régimen de Intereses Preferenciales”, aclara la normativa.

El programa será administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

¿Quién recibe finalmente el beneficio?

El diseño del nuevo subsidio abre una discusión entre economistas sobre quién termina capturando el beneficio económico de los $3,000.

Para el economista y catedrático universitario Felipe Argote, “lo menos recomendable es pagar subsidios por deuda. Eso es lo que menos se recomienda”.

A su juicio, el mecanismo termina favoreciendo a quienes venden las viviendas y no necesariamente a quienes las compran.

“Efectivamente, ese es un subsidio a los vendedores de casa, no para los que lo compran”, afirmó.

Argote planteó que, si el objetivo fuera subsidiar directamente a los compradores, una alternativa sería entregarles un voucher de $3,000 que pudieran negociar con cualquier vendedor.

“Eso bajaría el precio de las casas porque los promotores de vivienda bajarían el precio porque tú tienes un voucher. Entonces se lo baja. El promotor de vivienda le está dando el subsidio al promotor. Si tú le das 3 mil dólares a un zapatero por cada zapato que venda, o digamos que si tú eres un zapatero y el gobierno te va a dar 3 dólares por cada zapato que vendas, tú no le vas a bajar 3 dólares al zapato. Tú le vas a bajar 1 y te vas a quedar con los otros 2. Eso es lo que hacen los caseros y a veces Newton, así que no lo recomiendo”.

Raúl Moreira, economista y financista y expresidente del Colegio Nacional de Economistas, plantea una lectura distinta. Considera que el apoyo de $3,000 para la compra de una vivienda inicial es positivo, pero advierte que su alcance es menor al del antiguo Fondo Solidario de Vivienda.

“Aún cuando suena positivo el hecho de que se apoye con $3,000 la compra de una vivienda inicial, queda lejos de compensar el antiguo fondo solidario en el cual los 10,000 iban directamente hacia las familias y los promotores se beneficiaban a través de la compra de las unidades que ofrecían en venta”, señaló.

Para Moreira, el nuevo esquema distribuye de otra manera el costo fiscal y deja pendiente determinar quién captará una mayor parte del beneficio.

“En el mecanismo actual se divide el sacrificio fiscal en donde ahora queda pendiente por ver en qué medida se benefician las familias al pagar un costo menor por su vivienda por el no pago del ITBI o sencillamente los beneficios se queden del lado de las promotoras”, sostuvo.

El economista también advierte sobre el efecto que este tipo de medidas puede tener sobre las finanzas públicas, aunque considera que esa presión sería menor frente a los costos asociados, a su juicio, con problemas de transparencia en la contratación pública.

“Este tipo de medidas podría ejercer presión sobre las finanzas públicas, pero no tanto la presión que se ejerce si no se toman las medidas correctas, por ejemplo, de transparencia en la contratación pública, ya que el abuso en la contratación directa de empresas para ejecutar proyectos de inversión pública encarece los mismos, destinando recursos en exceso para los mismos que pudieran satisfacer necesidades sociales como la dotación de vivienda a los sectores más humildes”, afirmó.