Panamá busca blindar su logística con nuevas leyes de Estrategia Marítima y Concesiones Portuarias

Panamá ha iniciado formalmente un proceso de reingeniería legislativa para blindar su sector más estratégico.

Este martes, la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional instaló la Mesa Técnica Multisectorial para el estudio de la Estrategia Marítima y el Desarrollo Económico, un espacio que busca transformar la actual incertidumbre jurídica en un marco normativo robusto capaz de competir con gigantes logísticos como Singapur o Hong Kong.

Este movimiento legislativo no es casual. Surge en un contexto de alta sensibilidad tras los recientes fallos de inconstitucionalidad que afectaron concesiones portuarias y las crecientes dudas sobre la capacidad de fiscalización del Estado.

La ausencia de los principales actores institucionales —la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP)— en el inicio de este foro fue el primer punto de fricción señalado, evidenciando el reto de lograr la “armónica colaboración” que exige la Constitución.

El diputado Eduardo Gaitán, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, recordó que el Artículo 317 de la Constitución es claro: la ACP debe coordinar la estrategia marítima con el resto del Estado.

Sin embargo, dijo, la realidad operativa muestra una desconexión que esta mesa técnica pretende subsanar mediante la creación de dos iniciativas legislativas fundamentales: una Ley de Estrategia Marítima y una Ley de Concesiones Portuarias.

“Nosotros ya habíamos previsto estas situaciones desde septiembre del año pasado”, afirmó Gaitán, refiriéndose a la fragilidad de los contratos actuales.

El objetivo es que las futuras concesiones no solo sean rentables para las empresas, sino que garanticen beneficios tangibles para el país y seguridad para los trabajadores.

“La lección a aprender es que esto no se vuelva a repetir; un fallo de inconstitucionalidad no es un debate, es un hecho que afecta nuestra soberanía y el estado de derecho”, enfatizó el diputado, haciendo referencia directa a la crisis de Panama Ports Company (PPC) y la incertidumbre de sus 4,000 colaboradores.

Por su parte, Jorge Barnett, director del Centro de Innovación de Georgia Tech Panamá, advirtió sobre la fragmentación de la información y las regulaciones.

Aunque Panamá cuenta con una Estrategia Logística Nacional 2030, Barnett subrayó que “la estrategia son solo palabras si no se traducen en acción”.

“El riesgo de no actuar es ceder espacio a países vecinos que están alcanzando niveles de sofisticación técnica que Panamá, por exceso de confianza en sus activos naturales, ha descuidado”, mencionó.

Para los especialistas que integran las mesas de responsabilidad ambiental, laboral e infraestructura, el problema de Panamá no es la falta de visión, sino la incapacidad de ejecución.

Eduardo Lugo, consultor internacional de Maritime & Logistic Consulting Group, señaló una carencia crítica: la falta de métricas locales de eficiencia.

Advirtió que todo esto pasa mientras países de la región avanzan en digitalización y sostenibilidad, Panamá sigue dependiendo de estadísticas de tráfico básicas sin medir su productividad real frente a competidores globales.

Lugo fue tajante al señalar que la institucionalidad debe ser reforzada. “Tenemos una ACP con el norte claro, pero una AMP que necesita ser fortalecida para cumplir su mandato en el sector portuario y de servicios auxiliares”, explicó.

Según el experto, el mundo exige hoy descarbonización y automatización, temas que deben ser el eje de cualquier nueva planificación.

Desde el sector privado, el Consejo Nacional de la Empresa Logística (COEL) ve en esta mesa técnica una oportunidad para “limpiar” el ecosistema legal panameño.

Ángel Sánchez Chiapeto, presidente de COEL, denunció que el país aún mantiene leyes de aduanas que datan de 1956, las cuales resultan obsoletas ante los tratados internacionales vigentes.

“Es muy común que se firmen tratados internacionales que privan sobre la ley local, creando contradicciones”, señaló Sánchez.

Para el gremio, la actualización normativa debe incluir no solo la parte comercial, sino también la seguridad, digitalización y sostenibilidad.

La voluntad política, según Sánchez, se medirá al finalizar estas mesas: “La voluntad la veremos cuando veamos cuántas de estas iniciativas fueron tomadas en cuenta para nuevas leyes”.

La metodología de trabajo estipulada por la Comisión de Economía procesará los datos de los técnicos para presentar las propuestas de ley “lo más pronto posible”.

La urgencia es real: Panamá se enfrenta a un mercado global dominado por “grandes tiburones” y, como bien señaló el diputado Gaitán, si el marco legislativo no se actualiza, la competitividad del país se diluirá.

La meta final de esta Mesa Técnica es cerrar el círculo entre el discurso político, la necesidad técnica y la ejecución del Ejecutivo.