Panamá: El país que atrae millones, pero recauda migajas

Panamá brinda condiciones excepcionales para la inversión y los negocios. Su ubicación estratégica en el corazón del continente, la presencia del Canal Interoceánico, su estabilidad climática, puertos de clase mundial, modernas infraestructuras y una red logística altamente eficiente lo consolidan como un eje fundamental del comercio global y regional.

A lo anterior se suma un sistema financiero sólido y abierto al capital internacional, una conectividad digital en constante expansión y la segunda Zona Libre más grande del planeta, enclavada en la provincia de Colón. Todo ello acompañado por el uso del dólar como moneda de curso legal, una inflación históricamente baja, un régimen fiscal territorial que no grava las rentas generadas fuera del país y una generosa arquitectura de incentivos y beneficios fiscales que el gobierno otorga al sector privado.

Estas fortalezas han hecho de Panamá un destino atractivo para la inversión extranjera, un hub logístico de referencia mundial, un centro financiero regional y un lugar de operaciones para cientos de empresas multinacionales. La narrativa internacional sigue hablando del milagro panameño, de su crecimiento económico y de su rol como plataforma de negocios para América Latina y el Caribe.

Sin embargo, detrás de estas ventajas comparativas y competitivas que ofrece el país, se esconde un divorcio entre la Panamá que deslumbra a los inversionistas y los resultados que arrojan las finanzas públicas y algunos indicadores sociales. Mientras los negocios encuentran terreno fértil, el Estado panameño enfrenta crecientes dificultades para sostener el modelo de bienestar social mínimo que exige la ciudadanía.

En 2024, el déficit fiscal del Gobierno Central se ubicó —sin ajustes contables— en 8,4 % del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel comparable al registrado en los años más duros de la pandemia de la COVID-19. Aún más alarmante es que dicho déficit continuó acompañado de un ahorro corriente negativo, lo que significó que el Estado no solo se endeudó para financiar inversiones públicas, sino que también recurrió a préstamos para cubrir gastos operativos como salarios, subsidios e intereses de la deuda. En otras palabras, el país está pidiendo prestado no solo para construir, sino para funcionar.

La debilidad estructural en la recaudación de ingresos fiscales es evidente. La recaudación tributaria alcanzó en 2024 apenas el 6,6 % del PIB, la más baja de toda la región latinoamericana. Para poner en perspectiva lo que supone este resultado, en 2012, los ingresos tributarios representaban el 11,6 % del PIB, lo que revela una caída de cinco puntos porcentuales en estos 12 años. Esta disminución representa una pérdida aproximada de $4.350 millones anuales en ingresos fiscales que podrían haberse destinado a educación, salud, infraestructura o a contribuir con la seguridad social.

Este deterioro es más que una estadística. Mientras la recaudación tributaria fue del 6,6 % del PIB, el presupuesto mínimo que por ley debe asignarse al sector educación es de 7,0 %. Es decir, lo recaudado por impuestos tributarios no alcanza siquiera para cubrir una obligación legal del Estado en el sector educación. Y si no se puede cubrir la educación, ¿De dónde saldrán los recursos para atender otras áreas como la salud pública, la protección social, el abastecimiento de agua potable o el mantenimiento de infraestructuras básicas?

La respuesta, aunque incómoda, es clara: se financia lo que se puede, no lo que se necesita. El resultado es un Estado que administra la escasez, prioriza con dificultad y posterga decisiones estructurales a costa del bienestar colectivo. Es un Estado que administra la nación un día a la vez.

A este cuadro fiscal se suma también una arquitectura compleja de incentivos, exoneraciones y beneficios fiscales. Panamá otorga una gama amplia de incentivos fiscales a múltiples sectores: puertos, aviación, turismo, energía, zonas francas, Ciudad del Saber, Panamá Pacífico, call centers, sociedades de inversión, agroindustria, minería y para la importación de vehículos bajo diferentes regímenes especiales. También se incluyen exoneraciones otorgadas bajo convenios diplomáticos.

La mayoría de estos beneficios fiscales están blindados por la figura de la seguridad jurídica, lo que reformas orientadas a revisarlos o eliminarlos se hacen a veces imposibles, incluso cuando su efectividad económica no ha sido comprobada.

En contraste, los subsidios dirigidos a los hogares han sufrido un recorte luego de la pandemia. El gobierno anterior redujo el subsidio a la tarifa eléctrica, mientras que la actual administración eliminó el bono de $10.000 que facilitaba la compra de vivienda para familias de bajos ingresos, desapareció el subsidio que mantenía el precio tope del arroz y redujo los beneficios que otorgaba la Ley de Interés Preferencial para las viviendas. A lo anterior se anunció la posibilidad de aumentos en las tarifas del transporte público.

La frágil situación de las finanzas públicas está limitando la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales, una población que exige educación de calidad, atención médica oportuna, agua potable, viviendas accesibles y una pensión digna para envejecer sin miedo.

Las causas del deterioro de las finanzas públicas son múltiples, pero hay factores que destacan con claridad: la evasión fiscal, que sigue siendo una práctica extendida y en gran medida impune; la corrupción que drena recursos públicos y socava la confianza en las instituciones; la rigidez del gasto público, donde gran parte del presupuesto está comprometido con el pago del servicio de la deuda pública, planilla y gastos de entidades autónomas, donde el Gobierno Central tiene poca injerencia; y el peso excesivo de los incentivos y beneficios fiscales que no están sujetos a evaluaciones de costo-beneficio económico y social.

Para responder efectivamente a las crecientes necesidades sociales, Panamá necesita una reforma fiscal que eleve la recaudación tributaria a por lo menos un 15 % del PIB en los próximos cinco años. Este objetivo no puede alcanzarse únicamente subiendo impuestos, sino a través de una estrategia que incluya la reducción decidida de la evasión fiscal, el fortalecimiento institucional de la administración tributaria y una revisión rigurosa de los incentivos y exoneraciones fiscales que hoy erosionan la base imponible sin una evaluación real de su impacto económico y social.

La desconexión entre lo que Panamá produce y lo que logra recaudar se ha vuelto insostenible. Mientras el país continúa creciendo y acumulando activos estratégicos, su capacidad para financiar políticas públicas sociales permanece atrapada en un modelo fiscal regresivo, fragmentado e insuficiente. Superar esta contradicción es una condición indispensable no solo para mejorar la cohesión social, sino también para preservar la estabilidad democrática y la sostenibilidad del desarrollo.