Préstamo del BID por $40 millones permitirá actualizar las estadísticas de personas con discapacidad

A finales del mes de octubre, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribió con el Gobierno Nacional de Panamá un contrato de préstamo por $40 millones, a fin de favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad en Panamá y conocer las estadísticas reales de esta población del país.

El financiamiento es por un periodo de 15 años, a un plazo de desembolso de cinco años, con un periodo de gracia de 5.5 años y una tasa de interés basada en la Libor. Le ejecución del préstamo se hará en el periodo 2020-2021.

Con esta nueva operación para Panamá, el BID apoya la inclusión social de las personas con discapacidad mediante mejoras en la cobertura y calidad de los servicios de salud, educación y aquellos que aumentan su autonomía.

El programa permitirá, además, conocer la situación real de la población discapacitada del país y actualizar las cifras, así como también mejorar la calidad de vida de estas personas y eliminar las brechas a los diferentes servicios.

“Las personas con discapacidad tanto en la región como en Panamá tienen las más altas tasas de pobreza, enfrentan barreras a la inclusión educativa, brechas en los servicios de salud, entre otros; y con el programa se busca contribuir al cierre de esas brechas, con un enfoque especial en áreas rurales y de difícil acceso, donde estas brechas son más profundas”, afirmó la jefa de Equipo del BID, Carolina Freire.

La directora de la Secretaría Nacional de Discapacitados (Senadis), Donahy Raquel Shaud, aseveró que Panamá tiene una población de discapacitados de un 11,3% con discapacidad y la mayor prevalencia de las mismas se encuentran en las áreas rurales con un 8,4%, en base a las estadísticas de la primera encuesta nacional de discapacidad (Pendis) 2006.

Shaud señaló que la anterior es la única cifra que tiene Panamá respecto a la población de discapacitados, pero que dentro del programa de financiamiento se está considerando realizar un segundo censo (Pendis 2) que permita actualizar la población de discapacitados en el país.

Sin embargo, con base en esas estadísticas de 2006 se puede decir que en este momento el 60% de la población con discapacidad del país tiene alguna necesidad de apoyo. Panamá podría estar llegando a prácticamente 444 mil personas con discapacidad, producto de las enfermedades crónicas degenerativas que los ha llevado a algún tipo de discapacidad; no necesariamente nos basamos en quién nace con la discapacidad. En 2006 era de alrededor de 350 mil personas discapacitadas.

“Desde 2006 hasta la fecha, Panamá no cuenta con un nuevo indicador que establezca (el censo de discapacitados). Como medida de diferentes estudios, aun no científicamente comprobados, porque para ello estamos trabajando en el Pendis 2, pudiéramos decir que dentro de la población panameña, desde 2006, que era de alrededor de 350 mil personas, a la fecha podríamos estar prácticamente en 444 mil personas con discapacidad”, afirmó Shau.

De acuerdo con la funcionaria, debido a que todo censo de población conlleva un costo millonario para poder realizarlo, lastimosamente ha habido dos periodos de gestión del gobierno que no han podido contar con un presupuesto asignado para realizar y hablar de indicadores actualizados.

Señaló que dentro de la planificación del plan de Senadis en el periodo de gestión 2019-2020 se contempló un monto para la realización de este censo, pero debido a la pandemia, ese fondo tuvo que ser prácticamente eliminado de la partida presupuestaria.

No obstante, en la planificación del préstamo del BID se contempló el monto para el desarrollo de una segunda encuesta de discapacitados (Pendis 2), cuyo costo para su desarrollo podría oscilar en más de $3 millones, aproximadamente, apuntó Shau.

“Debemos, a través de la realización del Pendis 2, poder demostrar cómo estamos realmente en ese escenario de la discapacidad en Panamá”, apuntó Shau.

Explicó que la encuesta ayuda en gran medida a superar las brechas sociales, porque la de 2006 demostró que las diferentes regiones de Panamá contemplan tipos de discapacidad como en el área de Tonosí Los Santos, que presentó discapacidades cognitivas y cognoscitivas. Este censo determinaría aún mucho más poder redistribuir las finanzas en proyectos de investigación para este tipo de discapacidades que se van a demostrar que Panamá tiene, así como enfermedades raras también.

“, Panamá estaría saliendo de esa deuda y estaríamos hablando de indicadores reales y eso nos ayuda a tomar decisiones y medidas como país y establecer políticas que den resultados y que nos consideren a nosotros en algún momento que estamos cumpliendo verdaderamente con toda esta base de datos que requieren”, manifestó Shau.

Las discapacidades más comunes son la visual, movilidad reducida y el síndrome de Down.

Carolina Freire, jefa de Equipo del BID, explicó que el programa tiene cuatro grandes áreas de intervención.

El primer eje es contribuir a la medición y valoración de la discapacidad.

El segundo eje es mejora el acceso y calidad de la salud para las personas con discapacidad.

El tercer eje es fortalecer el modelo de educación inclusiva que el país tiene.

Y el cuarto eje es fortalecer la autonomía de las personas con discapacidad.

Con respecto al primero, que es medición y certificación, dijo que a través del programa se espera financiar el fortalecimiento del sistema de certificación.

La certificación es una prueba internacional estándar que se llama CIF (Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud), y que Panamá adoptó, lo cual es un gran avance para el país.

Las juntas evaluadoras que dirige el Ministerio de Salud y coordina Senadis certifican la condición de discapacidad de la persona y Senadis emite la certificación oficial, con lo cual las personas que la obtienen pueden acceder a ciertos beneficios que les otorga la ley de equiparación de oportunidades, como descuentos en diferentes servicios, medicamentos, eléctricos, etcétera, y otra serie de facilidades.

Destacó, además, que lo que se busca es ampliar la capacidad de la Senadis para fortalecer su sistema de certificación. Y eso se hará mediante la digitalización del sistema de certificación que ya existe en una primera etapa a través del Renacer (Registro Nacional de Certificación).

Indicó que hoy en Panamá, solo el 2,1% de las personas con discapacidad está certificada. “Este es un proceso voluntario, en que la persona debe querer hacerlo”, subrayó Freire.

La meta del proyecto en cinco años es certificar al 6,9% de esta población discapacitada, es decir certificar a más de 22 mil personas en ese periodo.

“Lo que se busca es enfocarnos en cerrar esa brecha en áreas rurales e indígenas. Del total de personas certificadas los últimos cinco años solo el 21% proviene de áreas rurales, por eso queremos enfocarnos en la digitalización y el fortalecimiento del sistema en esas áreas”, enfatizó Freire.

Por su parte, mediante el eje de salud se pretende aumentar la cobertura y los servicios de salud; lo que se busca a través del programa es trabajar con la Senadis y el Minsa en ampliar los servicios de rehabilitación. Panamá cuenta con los centros Reintegra, que se hicieron justamente para ampliar los servicios fuera de la capital.

“Allí viene una parte del fortalecimiento de los Reintegra existentes y agregar una oferta nueva con la comarca Ngäbe donde hoy no hay este servicio”, dijo Freire, al tiempo que señaló que “hay áreas en el país que aun teniendo centros Reintegra, carecen de servicios”.

Por eso, adelantó que a través del programa van a hacer un modelo de rehabilitación basada en la comunidad, que se llama RBC (Rehabilitación basada en la comunidad), una metodología certificada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se utiliza globalmente y que en Panamá se ha estado implementando en el área de educación.

Pero ahora hay que instalar el modelo en el área de salud para capacitar la familia hacia la comunidad, con el fin de que puedan brindar algunos servicios de seguimiento y de apoyo a las personas con discapacidad en la propia comunidad.

En el área de salud una parte importante es fortalecer el programa de tamizaje neonatal de la mano del Minsa, pues en la medida en que se pueda hacer una detección temprana de la discapacidad visual, auditiva o metabólica, se puede referir a los niños de la primera infancia a los servicios que requieren o a las ayudas técnicas a tiempo.

“Hoy Panamá tiene una muy buena cobertura en su tamizaje neonatal; de hecho hay una ley de tamizaje neonatal, y hay que fortalecerla sobre todo en los hospitales fuera de la ciudad de Panamá, enfocándose en las áreas de difícil acceso”, remarcó Freire.

Expresó que en el área de salud con Senadis, además, es importante fortalecer el Fondo de Discapacidad (Fodis) creado también por decreto.

Detalló que el Fodis es el programa dentro de la Senadis que entrega ayudas técnicas a personas con discapacidad.

Estas ayudas técnicas pueden ser desde sillas de ruedas especializadas, hasta lentes o bastones y diferentes instrumentos para que la persona pueda vivir su vida autónomamente.

En el área educativa trabajarán de la mano con el Ministerio de Educación (Meduca) en el fortalecimiento de bibliotecas de recursos para estudiantes con discapacidad en escuelas rurales y trabajar en campañas de sensibilización con toda la comunidad educativa, para crear ambientes más inclusivos en todas las escuelas.

Mientras que en el ámbito de autonomía personal tienen planeado hacer un proyecto piloto con 1,750 familias y personas con discapacidad que son parte del programa Ángel Guardián, para entrenar y certificar a asistentes personales que puedan brindar asistencia a personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo.

Este componente se trabaja con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para “las personas beneficiarias de Ángel Guardián, que son personas en situación de pobreza extrema y con altas necesidades de apoyo, y están focalizadas”.

La hoja de ruta para el país es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que Panamá suscribió. “Esa es la meta que ha trazado el país y el BID también está apoyando”, afirmó la representante del BID.