Fiscalía pide condena para dos personas en caso Patrimonio Histórico

El Ministerio Público presentó este martes 10 de marzo sus alegatos finales en el juicio por Patrimonio Histórico y otras obras de reordenamiento vial. De las nueve personas que habían sido imputadas inicialmente, dos firmaron acuerdos con la Fiscalía, para otros cinco se pidió absolución y solo para dos personas se pidió condena por el delito de peculado.

Se trata del exministro de Obras Públicas Federico Suárez y el empresario Marcelo De la Rosa.

“Fiscalía consideró que había suficientes pruebas dentro de la investigación para solicitar las sentencias que corresponden contra el exministro de Obras Públicas, y así se sostuvo en el acto de audiencia. Se pide la sentencia que corresponde, al igual que para uno de los particulares que contrata con el Estado. Se piden las dos sentencias condenatorias”, manifestó la fiscal Ruth Morcillo. Explicó que en el caso de los cinco miembros de la comisión evaluadora, no pudieron comprobar que tuvieran el conocimiento previo para actuar con complicidad en la adjudicación de los proyector. “Con relación a la Comisión Evaluadora, pese a que desde un momento se pensó, o en esa línea se enrumbó la investigación para establecer la posible vinculación de la Comisión Evaluadora, al final hubo que pedir la sentencia absolutoria, porque no pudimos establecer el conocimiento. Es decir, más allá de esa función que como Comisión Evaluadora hicieron al dar los porcentajes para las empresas licitantes o las empresas concursantes, que además hubiesen tenido el conocimiento que sí aplica para nosotros, para el resto de los servidores públicos. Por eso, se solicita la sentencia absolutoria que corresponde”, detalló.

La teoría de la fiscalía se apoya en las múltiples auditorías, así cómo informes periciales realizados por la Contraloría General e instituciones estatales. También cuentan con las declaraciones de dos personas que se acogieron a acuerdos de colaboración, Mauricio Cort y el exdirector de Administración de Contratos del Ministerio de Obras Públicas, Jorge Ruiz, quien también mantiene un acuerdo de pena.

Explicó que estos proyectos (restauración del patrimonio histórico del Casco Antiguo, ampliación de la vía Domingo Díaz, tramos 1 y 2 de la Vía Brasil y Cinta Costera 3) se relacionan con la trama más amplia de sobornos de Odebrecht. “Era el móvil de la constructora reunirse con los servidores públicos para repartir los contratos y, a su vez, contratar con sobreprecio, porque acuérdense que ese sobreprecio, desde la teoría de fiscalía, permite que la empresa contrate para poder pagar coimas”, acotó Morcillo. Añadió que la lesión patrimonial supera los 100 millones de dólares.

Este miércoles se espera que continúe el juicio con los alegatos de los abogados defensores. La jueza Águeda Rentería debera entonces evaluar los testimonios y pruebas para dictar su fallo.