Productores y MiAmbiente debaten el manejo del parque Volcán Barú

Un nuevo plan de manejo tiene a agricultores y al Ministerio de Ambiente enfrentados; los primeros reconocen el desorden y el gobierno iba a ejecutar sin consultar

El futuro manejo dentro del Parque Nacional Volcán Barú (PNVB) se encuentra en una encrucijada, con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y más de 400 productores agrícolas buscando un punto de equilibrio entre la conservación y la producción de alimentos frescos. Mientras MiAmbiente defiende la necesidad de proteger un ecosistema vital, los productores argumentan que un nuevo plan de manejo podría ser una amenaza para la economía local y la seguridad alimentaria del país.

El jueves, un encuentro que buscaba un acercamiento entre ambas partes contó con la presencia de Tomás Fernández, director nacional de PNVB Áreas Protegidas de MiAmbiente, quien asistió en representación del ministro Juan Carlos Navarro.

Desde la perspectiva de los productores, la situación es clara. Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (Acpta), aseguró que la comunidad no invadió el parque. “Nosotros no invadimos el parque, el parque nos invadió a nosotros”, sentenció Jiménez. La historia, según los productores, respalda esta afirmación: las comunidades de Paso Ancho, Bella Vista, Las Cumbres, Alto Pineda y Bajo Grande se establecieron a inicios de los años 70, reubicadas por el gobierno de turno tras las crecidas del río Chiriquí Grande. El PNVB, en contraste, fue creado años más tarde, en 1976, mediante el Decreto Ejecutivo 40. Esta situación histórica ha llevado a que muchas de estas familias aún no cuenten con títulos de propiedad.

MiAmbiente, en un comunicado de prensa, manifestó que el propósito del encuentro con los productores es construir un consenso para la conservación del parque, una reserva natural de 14.322 hectáreas que alberga el punto más alto del país y donde nacen 11 de los ríos más importantes de la provincia de Chiriquí y del país.

El borrador o revisión del plan de manejo del propuesto en 2023 no ha sido aprobado ni puesto en marcha. El conflicto surgió porque las autoridades querían iniciarlo sin las consultas necesarias. Incluso Jiménez lo tildó de “inconsulto”.

En el desarrollo de la reunión los productores solicitaron a MiAmbiente la suspensión temporal del nuevo plan de manejo del parque.

El plan de manejo del PNVB de 1976 prohíbe en la zona, además de labores agrícolas, tala, quema, cacería, minería y extracción.

El punto más alto del territorio nacional con 3.475 metros sobre el nivel del mar, el PNVB cuida y protege al volcán Barú. La influencia del parque abarca diversos poblados, entre ellos: Volcán y Cerro Punta, distrito de Tierras Altas; Alto Boquete, Bajo Boquete, Palmira y Los Naranjos, del distrito de Boquete; Guabal, del distrito de Boquerón, y Potrerillos, del distrito de Dolega.

Posición de MiAmbiente

La institución dijo que el plan de manejo vigente, desde 2004, prohíbe la tala, la deforestación y exige la conservación de los bosques. No obstante, guardaparques de la institución identificaron “situaciones que amenazan esta área protegida”, como la expansión de la frontera agrícola, el uso intensivo de agroquímicos, cortes de caminos ilegales y la existencia de fincas sin título de propiedad.

MiAmbiente destacó que busca frenar el “desorden” generado por la falta de un ordenamiento territorial y proteger el área para el ecoturismo, una actividad económica creciente en la región.

El impacto en el agro

Los productores argumentan que el nuevo plan restringe sus actividades de forma injusta, afectando la producción de más de 400 hectáreas de cultivos. Sus principales preocupaciones se centran en la producción de papa y cebolla (unas 300 hectáreas) y otras hortalizas (unas 100 hectáreas), cuya suspensión podría significar una caída del 30 % en la producción de Tierras Altas, y afectaría los precios en el territorio nacional.

Lorenzo Jiménez calificó el encuentro entre productores y MiAmbiente como productivo, al asegurar que “los funcionarios llevarán las inquietudes al ministro Navarro, y eso es lo que queríamos”. Por su parte, Tomás Fernández se comprometió a encontrar un balance que priorice la conservación, pero que también permita una ruta de trabajo con los productores.

Ambas partes se encuentran en una encrucijada y coinciden en la necesidad de un diálogo continuo para resolver este desafío que enfrenta la producción agrícola con la urgente conservación de un ecosistema clave para Panamá.

Aún no hay una fecha tentativa para la próxima reunión entre las partes involucradas, pero el ministro Navarro está al tanto de la situación, por lo que están a la espera de que convoque a un nuevo encuentro para discutir los términos, ya que los productores apoyan la idea de producir de manera sostenible y cuidando el medio ambiente, pero sin sacrificar la producción de alimentos, debido a que esas tierras hace 50 años no contaban con el aporte vegetativo de hoy.

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