Proyecto de ley busca elevar controles a constructoras

El proyecto de ley 212, que analiza la Asamblea Nacional, plantea nuevas reglas para el desarrollo de proyectos residenciales en Panamá, con posibles efectos sobre los costos, los riesgos de inversión y las condiciones para la construcción de viviendas.

La iniciativa, analizada por la Subcomisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, presidida por el diputado Lenín Ulate, establece mayores responsabilidades para las promotoras y constructoras frente a vicios ocultos, daños estructurales y deficiencias en proyectos residenciales.

Uno de los principales cambios propuestos establece que los permisos de construcción para proyectos de desarrollo residencial urbano solo se otorguen cuando existan condiciones verificables que garanticen la prestación de servicios básicos indispensables, como agua potable, energía eléctrica, vías de acceso, transporte y alcantarillado.

Esta condición busca reducir los riesgos asociados al desarrollo de urbanizaciones que carecen de infraestructura básica y, al mismo tiempo, ofrecer mayores garantías a las personas que compran una vivienda.

El proyecto también establece un mecanismo para aquellos casos en que no existan inicialmente las condiciones requeridas. Cuando las instituciones competentes presenten alternativas técnicas y jurídicamente viables que sean aceptadas por el promotor, la autoridad municipal podrá proceder con el otorgamiento del permiso de construcción.

Otro punto acordado durante la discusión establece que los permisos otorgados de forma válida solo podrán suspenderse cuando las autoridades competentes comprueben un incumplimiento de las condiciones bajo las cuales fueron concedidos.

La suspensión deberá contar con una inspección previa, una oportunidad para subsanar el incumplimiento y el respeto al debido proceso.

El planteamiento busca establecer reglas más claras tanto para las empresas que desarrollan proyectos habitacionales como para los compradores, en un mercado donde las condiciones de infraestructura pueden incidir en el valor y la funcionalidad de los bienes inmuebles.

La discusión del proyecto también contó con la participación de la Asociación de Propietarios de Inmuebles, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y moradores del distrito de Arraiján.

Los participantes presentaron propuestas para fortalecer el proyecto de ley, que mantiene su análisis en la Asamblea Nacional.