Superintendencia rechaza regulación de tasas de interés y advierte sobre cargos excesivos

Durante la presentación de la memoria institucional de 2025 ante la Comisión de Economía y Finanzas, el superintendente de Bancos de Panamá, Milton Ayón Wong, se manifestó en contra de la regulación de las tasas de interés, argumentando que el mercado panameño es altamente competitivo y que la intervención estatal podría ser contraproducente.

Ayón Wong citó el caso de Costa Rica, donde la imposición de topes provocó que unas 300,000 personas quedaran fuera del sistema bancario formal y recurrieran a prestamistas informales con tasas usureras de entre 10% y 20% quincenal.

Subrayó que “Panamá mantiene tasas más bajas que otros países de la región gracias a la libre competencia: mientras la tasa hipotecaria promedio local ronda el 6.5%, en Costa Rica es de al menos 10.5% y en Colombia llega al 11%”.

Respecto al panorama de las tasas, indicó que factores internacionales —como el conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio del combustible y la inflación en Estados Unidos— sugieren que se mantendrán estables en el corto plazo.

El superintendente explicó que, aunque la tasa de la Reserva Federal de EE. UU. es una referencia, en Panamá lo que realmente determina los niveles es el costo de los depósitos a plazo fijo.

También lanzó una advertencia a los bancos sobre los cargos y comisiones, al señalar que han detectado cobros “exagerados”.

Aclaró que, aunque no desean regularlos, lo harán si las entidades no mantienen una “razonabilidad” en el trato al cliente.

En paralelo, la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) levantó la voz de alerta frente a la proliferación de iniciativas legislativas que afectan al sistema financiero.

Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la ABP, calificó la situación como “casi sin precedente”, al señalar que existen más de 23 proyectos de ley en trámite que impactan a los bancos.

Subrayó que la banca es una actividad técnica que requiere análisis especializado y consultas previas con actores clave como la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Nacional.

Uno de los proyectos más polémicos busca imponer controles a las tasas de interés, incluyendo topes contractuales en préstamos hipotecarios, comerciales e industriales.

Berguido recordó que Panamá ya vivió esa experiencia en décadas pasadas, con un límite máximo de 24% anual que fue eliminado en 1998 tras concluir que “le hacía daño al sistema y a la economía”.

Destacó que la apertura y competencia entre casi 40 bancos de licencia general han permitido mantener tasas de consumo entre las más bajas de América, comparables incluso con Estados Unidos.

Advirtió además que imponer tasas referenciales obligatorias en un mercado dolarizado y sin banco central podría generar distorsiones y obligar a los bancos a retirarse de segmentos como el hipotecario preferencial.

Por su parte, Ernesto A. Boyd Jr., presidente de la ABP, resaltó que la eliminación de los topes en 1998 permitió multiplicar por cuatro los depósitos y créditos, atrayendo a la banca regional.

Planteó que “imponer controles podría excluir a segmentos de la población del crédito regulado y empujarlos hacia prestamistas informales como los gota a gota, que cobran intereses diarios exorbitantes”.

“Tenemos que cuidar a esos panameños, sobre todo a los que trabajan en la informalidad, no con medidas que los expongan al mercado no regulado, sino con educación financiera y herramientas para cuestionar si sus necesidades están siendo bien atendidas”, afirmó Boyd Jr.

Berguido recordó experiencias internacionales, como Holanda y Costa Rica, donde la imposición de topes a las tasas de interés provocó la salida de bancos del mercado y dejó a cientos de miles de personas sin acceso a crédito.

La ABP reiteró que no se opone a las iniciativas legislativas, siempre que estas sean producto de discusiones técnicas y busquen un impacto positivo en la economía.

“Lo único que pedimos es tener el espacio necesario, no en el calor de discusiones políticas, sino en el contexto de discusiones técnicas”, señaló Berguido.

Boyd complementó que la clave está en fortalecer la educación financiera de la población, para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas y evitar caer en manos de prestamistas informales.