Sustancia económica: sector corporativo advierte sobre impacto del proyecto de ley 641 en zonas especiales

El sector corporativo mantiene una profunda preocupación y advierte sobre el impacto que tendría el proyecto de ley 641, que regula la sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera, en las zonas económicas especiales. En un desayuno empresarial de la Asociación de Empresas del Área Económica Especial Panamá Pacífico (Adedapp), el 19 de mayo, Carlos Sucre Levy, socio administrador de la firma legal Sucre, Arias & Reyes, alertó que la iniciativa busca establecer requisitos de sustancia para empresas multinacionales establecidas en Panamá que generen rentas pasivas de fuente extranjera, lo cual alteraría el panorama operativo actual.

El especialista expuso dos efectos críticos que el proyecto legislativo tendría para las multinacionales que operan en estas áreas delimitadas. Como primer impacto, Sucre planteó que “ahora tendrán que presentar un nuevo reporte y pruebas de sustancia ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo cual implicaría la incorporación de requisitos adicionales de cumplimiento y podría representar un cambio respecto al esquema actual. Nuestra recomendación es evaluar la exclusión de este requisito para este tipo de zonas específicas”.

El segundo efecto identificado por el jurista golpea directamente la estructura operativa y financiera de los conglomerados. “El segundo efecto es que estas empresas —si tienen otra sociedad o entidad panameña que recibe rentas pasivas de fuentes extranjeras— esa segunda entidad también va a tener obligaciones de sustancia económica; y, no solamente hacer reportería adicional, sino la necesidad de hacer las inversiones y adecuaciones necesarias para demostrar que cuenta con personal, instalaciones y capacidad de toma de decisiones suficientes en Panamá para cumplir con el requisito, de lo contrario podrían enfrentar una sanción o un impuesto adicional de 15% sobre su renta bruta extranjera”, concluyó Sucre.

Frente a estas advertencias gremiales, las autoridades defienden la necesidad estratégica de la norma. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sostuvo que la decisión de impulsar este proyecto, propuesto por el órgano Ejecutivo para ajustar la legislación nacional con los estándares de la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y salir de listas discriminatorias, trasciende las solicitudes externas.

”Panamá ha decidido con convicción propia dar un paso que fortalece su posición en el mundo. Este proyecto de ley es una decisión soberana, inteligente y estratégica de un país que entiende que el mundo ha cambiado y que los que se adaptan ganan. Que las empresas que se benefician de operar bajo la bandera panameña tengan una presencia real en nuestro territorio, que generen empleos para los panameños, que contraten proveedores locales, que tomen decisiones desde Panamá; eso no es una carga, es exactamente el tipo de inversión que nuestro país necesita y merece”, remarcó el ministro del MEF el pasado 11 de mayo.

Chapman enfatizó que el país no renuncia a su régimen territorial, “Salir de esas listas no es un favor que le hacemos a Europa, es un favor que nos hacemos nosotros mismos los panameños. no es una renuncia a nuestra territorialidad”, aseguró Chapman, al tiempo que destacó que “Panamá es y seguirá siendo un centro de negocios internacional de primer nivel. Nuestra posición geográfica, nuestra infraestructura, nuestro talento humano, nuestro sistema financiero, todo eso sigue siendo una ventaja competitiva enorme. Esta ley no viene a debilitarla, viene a blindarla”.

A nivel legislativo, la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó de forma unánime y en primer debate la iniciativa este jueves 21 de mayo. El presidente de esta instancia, diputado Eduardo Gaitán, informó que el documento, “Que modifica y adiciona artículos al Código Fiscal, relativos al impuesto sobre la renta y a la suspensa económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera”, pasará el próximo lunes al pleno legislativo para segundo y tercer debate, tras tres semanas de consultas que reformaron alrededor de 12 de sus 18 artículos.

Entre las modificaciones contempladas al Código Fiscal, se definieron las causales para ser considerado una entidad no calificada, aplicables a las corporaciones de un grupo multinacional que incumplan con el deber de información en su declaración jurada o aporten datos falsos o inconsistentes con la realidad de sus actividades, riesgos, recursos humanos, instalaciones o gastos operativos declarados.

Asimismo, las firmas de grupos multinacionales bajo regímenes preferenciales no obligadas a declarar sustancia bajo sus reglas particulares, pero que perciban rentas pasivas externas, deberán acreditar su condición de entidad calificada ante el MEF; de lo contrario, sus rentas pasivas extranjeras quedarán sujetas a la tarifa del artículo 707, además de multas o recargos. Como contrapeso, se integró un artículo nuevo uno que aclara que la norma no se aplicará a las entidades de conglomerados multinacionales constituidas o domiciliadas en el país que obtengan rentas pasivas de fuente extranjera, siempre que cumplan debidamente las condiciones exigidas por la ley.

Para dar fluidez al proceso, el presidente de la República, José Raúl Mulino, convocó a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias con el fin de que la legislación esté completamente discutida, consensuada y reglamentada antes de octubre, mes en que la Unión Europea revisará la permanencia de los países en las listas de paraísos fiscales.