UE pondera avances de Panamá con la Ley de Sustancia Económica

La Unión Europea (UE), a través de Delphine Pronk, destacó los avances de Panamá con la Ley de Sustancia Económica, calificándola como un pilar de la agenda nacional.

Las declaraciones de Pronk, directora general para las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior, se dieron durante un encuentro con el vicecanciller Arturo Hoyos, en el marco de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrada en Panamá.

Hoyos señaló que, tras la reciente sanción de la Ley de Sustancia Económica, el Gobierno proyecta la salida del país de las listas fiscales de la UE en octubre próximo.

Por su parte, la embajadora de la UE en Panamá, Izabela Matusz, adelantó que la normativa está siendo analizada por el Ministerio de Economía y Finanzas de los 27 Estados miembros de la Unión. “Este proceso todavía no ha terminado”, puntualizó.

El 27 de mayo de 2026, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 641, que incorpora al Código Fiscal un nuevo capítulo con reglas de sustancia económica aplicables a entidades de grupos multinacionales domiciliadas en Panamá que obtengan determinadas rentas pasivas del exterior, como dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y rentas inmobiliarias.

Según la normativa, las entidades que no acrediten sustancia económica en Panamá —es decir, que no cuenten con personal calificado, instalaciones adecuadas, toma de decisiones estratégicas y gastos operativos reales en el país— estarán sujetas a una tarifa única y definitiva del 15% sobre la renta neta gravable derivada de dichas rentas pasivas.

La ley también reconoce un tratamiento especial para ingresos derivados de activos intangibles desarrollados en Panamá, como patentes, marcas y derechos de autor, con el fin de incentivar la innovación, el desarrollo tecnológico y la generación de valor agregado.

Asimismo, incorpora un mecanismo de crédito por impuestos pagados en el exterior para evitar la doble tributación y excluye expresamente del régimen a la marina mercante y a las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.

El ministro del MEF, Felipe Chapman, aseguró que la propuesta representa “una decisión soberana, inteligente y estratégica” para adaptar al país a las nuevas exigencias del entorno económico global, sin renunciar al principio de territorialidad fiscal que históricamente ha caracterizado a Panamá.

Además, indicó que la iniciativa forma parte de los esfuerzos del país por salir de listas internacionales que, a juicio del Gobierno, no reflejan la verdadera realidad económica panameña.

Tras su aprobación, el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con un plazo de 90 días para reglamentar la ley, informó Eduardo Gaitán, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas.

“Actualmente se desarrollan conversaciones con el sector privado y distintos gremios para consensuar una reglamentación oportuna”, explicó Gaitán, quien recordó que en octubre Panamá será nuevamente evaluado por la UE.

El diputado subrayó que, si la revisión resulta favorable, las empresas que inviertan en el país no enfrentarán sanciones ni fricciones económicas, lo que impactará positivamente en los niveles de inversión extranjera directa.

La implementación efectiva de la Ley de Sustancia Económica, la generación de evidencia de cumplimiento y una adecuada divulgación de sus alcances serán factores clave para fortalecer la reputación internacional y la competitividad de Panamá. Así lo concluyeron especialistas en un conversatorio organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

Durante el encuentro, moderado por María Eugenia Brenes, presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos de APEDE, los panelistas coincidieron en que existe desinformación sobre el alcance de la ley. Aclararon que esta no elimina el régimen de renta territorial ni crea nuevos impuestos sobre rentas generadas en el exterior, sino que busca acreditar la presencia económica real de determinadas estructuras empresariales en el país, conforme a estándares internacionales de transparencia y cooperación fiscal.

Luis Ocando, socio líder de Deloitte, explicó que la legislación refuerza la credibilidad internacional de Panamá mediante requisitos de sustancia económica, preservando los elementos esenciales del sistema tributario territorial.

Martha Luna, especialista en Derecho Tributario, destacó la necesidad de fortalecer la educación y divulgación sobre las nuevas obligaciones regulatorias para reducir la incertidumbre y facilitar el cumplimiento.

Desde la perspectiva económica, Eric Molino Ferrer señaló que los cambios en el entorno regulatorio global representan una oportunidad para atraer inversiones de mayor calidad y consolidar a Panamá como un centro internacional de servicios con operaciones reales y sostenibles.

Mayra Rodríguez, especialista en Cumplimiento, enfatizó que la aprobación de nuevas regulaciones debe acompañarse de mecanismos efectivos de supervisión y seguimiento. Añadió que Panamá necesita producir estadísticas y evidencia que demuestren ante organismos internacionales la efectividad de sus normas en materia de transparencia fiscal y cooperación.

Finalmente, Giulia De Sanctis, presidenta de APEDE, resaltó que el gremio empresarial participó activamente en el proceso legislativo, aportando una posición técnica que respaldó la reforma y propuso ajustes para garantizar una implementación predecible y objetiva.

“Panamá dio un paso importante al aprobar esta legislación. Ahora el desafío es implementarla correctamente y demostrar con hechos que somos un país comprometido con la transparencia, la seguridad jurídica y la actividad económica real. La confianza internacional no se construye únicamente con leyes; se construye con resultados, consistencia y credibilidad. Ese es el reto que tenemos por delante”, concluyó.