La alerta de la Alerta Amber

En Panamá, la desaparición de un menor de edad no solo representa una emergencia individual: expone las fisuras de un sistema que promete velocidad, coordinación y alcance, pero que opera en la fragmentación institucional. Mientras algunos niños son localizados en países vecinos, otros se pierden entre las decisiones tardías de sus responsables y el laberinto local burocrático de entidades que apenas empiezan a articularse.

Fue apenas el 8 de mayo de 2025 que el presidente de la República, José Raúl Mulino, firmó la Ley 469. Esta nueva ley subroga la Ley 230 del 24 de junio de 2021, que creó el Sistema Nacional de Alerta Amber.

Para entender el alcance real de la Alerta Amber en Panamá, es necesario ir más allá del marco legal y los comunicados oficiales. Este reportaje traza una radiografía del sistema: desde su activación hasta su ejecución. Buscamos responder una pregunta urgente: ¿está la Alerta Amber cumpliendo su propósito o se ha convertido en un reflejo más de las debilidades estructurales que afectan la protección de la niñez?

En un país donde la velocidad de la información convive con la lentitud de las respuestas institucionales, la desaparición de un niño, niña y adolescente (NNA) no sólo activa protocolos: sacude la conciencia colectiva.

Y así lo sintió el país cuando, después de doce días de haber sido reportado como desaparecido, el menor de edad Juan David García fue hallado muerto en un edificio abandonado en el barrio de Curundú. Ante este caso que estremeció al país, la ministra de Gobierno. Dinoska Montalvo admitió en declaraciones a la prensa panameña que “la Alerta Amber le falló a Juan David”.

La Alerta Amber, concebida como un mecanismo de reacción inmediata, promete movilizar recursos, medios de comunicación y ciudadanía en una carrera contra el tiempo. Pero más allá de su activación formal, ¿qué tan eficaz es este sistema en el contexto panameño?

Briceida González no sabía que su hijo Juan David estaba desaparecido. Lo supo cuando no volvió en su horario regular. Lo buscó. Lo denunció. Lo gritó. Pero nadie la escuchó. “Me decían que esperara. Que quizás regresaba solo. Pero yo sabía que algo estaba mal”, dijo.

Su testimonio no es una excepción. Es el reflejo de una falla estructural: en Panamá, la desaparición de un menor no se activaba de inmediato sin un protocolo articulado. La desaparición de una persona no está constituida en el código penal; existen delitos de privación de libertad, secuestro, abuso sexual o contra la vida. Al Ministerio Público le corresponde, después de conocido el hecho y bajo autorización de los familiares, activar la alerta en un periodo de una y máximo cuatro horas.

Sin embargo, hay otros factores que inciden en el tratamiento de desaparición: No hay acompañamiento psicológico. No hay contención institucional. Y eso, en los primeros minutos, puede costar vidas.

Desde marzo de 2025, el Ministerio Público creó una unidad especializada para personas desaparecidas. Su objetivo: sistematizar los reportes, estandarizar procedimientos y aplicar mejores prácticas. Pero aún está en fase de consolidación.

Hasta el 25 de septiembre, se habían reportado 1,024 personas desaparecidas. De ellas, 940 han sido ubicadas, 656 son NNA. Quedan 84 pendientes por encontrar: 55 adultos y 29 menores de edad. “Los menores de edad están en un ciclo constante de reporte y ubicación”, señala el fiscal, Gustavo Barragán. Pero ¿quién acompaña a las familias durante ese ciclo? ¿Quién les explica qué hacer, cómo actuar, cómo sostenerse emocionalmente?

No hay que esperar 24 o 48 horas para presentar una denuncia de persona desaparecida. Una vez se tenga información sobre un familiar que no se encuentra en las horas o tiempos que corresponde, se debe presentar la denuncia ante las oficinas de Atención Primaria del Ministerio Público. De allí se activa el caso en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada y se articula la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, las oficinas regionales, Policía Nacional y el Sistema de Alerta Amber, para ubicar al menor de edad.

“La desaparición constituye un tema social, socioeconómico, sociocultural, entonces también estamos haciendo los enlaces con los entes como lo es, el Ministerio de la Mujer, el Mides, la Seniaf, para articular de qué forma se debe atacar este fenómeno. Pero eso no basta. La ausencia de una figura jurídica específica deja vacíos operativos y emocionales”, dijo Barragán.

“La desaparición de un menor activa una herida traumática”, explica el psicólogo clínico Gilberto Domingo Ramos, “desde el momento en que los padres se dan cuenta de que su hijo no está, comienza un proceso de shock, ambigüedad y parálisis emocional”.

El acompañamiento psicológico debe comenzar desde el momento en que se reporta la desaparición. No después. “La resolución del caso no elimina el trauma. Solo lo transforma. Y si no se maneja clínicamente, puede alterar por completo la dinámica familiar”.

Pero ese acompañamiento no existe. No hay protocolos claros. No hay personal suficiente. No hay presupuesto. Y eso deja a las familias solas, rotas, culpables, sin herramientas para sanar.

La madre de Juan David recuerda que en su momento se le acercó un señor, y le dijo que él era de una fundación. “No recuerdo muy bien, porque yo me descompuse totalmente. Fue la única vez que escuché que alguien me dijo, usted va a tener acompañamiento, pero de ahí más nunca supe nada”.

“Yo tengo que pagar por mis propios medios los psicólogos y bendito sea el Señor que al menos yo puedo tenerlo, yo puedo pagarlo, pero es muy triste. A esas familias que quizá no pueden, pues no esperen nada de nadie”, reiteró Briceida González, entre lágrimas.

Juan David García fue encontrado sin vida el 16 de octubre del año pasado. La madre con apoyo de los medios de comunicación, con información recabada por ella misma e intuición, trató de seguir la pista de los autores del crimen tras la desaparición del joven.

Muchos adolescentes desaparecen por conflictos familiares, manipulación emocional o vínculos con adultos en redes sociales. Pero en vez de recibir contención, son estigmatizados. “Se dice que se fue con el novio, que está en pandillas. Y se les revictimiza antes de entender lo que realmente está pasando”, advierte el psicólogo Ramos.

La falta de análisis crítico impide entender las causas profundas. ¿Por qué se van? ¿Qué les falta en casa? ¿Qué buscan afuera? Sin esa información, no hay prevención. Solo reacción.

Plataformas como Roblox, Minecraft, WhatsApp y comunidades de fandom como K-pop o anime se han convertido en espacios donde adultos manipulan menores de edad. Los niños hablan en códigos que los padres no entienden. Y ahí pueden esconderse señales de peligro.

Esta preocupación no es aislada: en agosto de 2025, la eurodiputada Cristina Maestre presentó una pregunta formal al Parlamento Europeo sobre los casos de grooming y explotación sexual infantil en Roblox, citando múltiples denuncias y demandas judiciales en Estados Unidos. La consulta cuestiona si la empresa prioriza su reputación sobre la protección de menores y exige que se aplique el Reglamento de Servicios Digitales para mitigar riesgos sistémicos.

En Panamá, donde el uso de estas plataformas es masivo entre niños y adolescentes, aún no existen protocolos específicos que articulen prevención digital con el sistema de protección infantil.

Cuando un menor regresa tras una desaparición, el entorno educativo debe estar preparado para recibirlo sin estigmas. Pero eso no ocurre. Es muy difícil para un niño volver al aula y enfrentar miradas, comentarios, juicios. Y si no se maneja bien, puede generar imitaciones o nuevas evasiones.

Estudios regionales en El Salvador y Honduras han documentado cómo, tras ser localizados, muchos menores de edad abandonan nuevamente el sistema educativo por falta de contención emocional, estigmatización social o ausencia de acompañamiento institucional. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) propone intervenciones psicosociales y transferencias condicionadas para evitar la deserción, mientras que el Sistema de Alerta y Respuesta Temprana (SART) en Honduras busca detectar casos críticos antes de que se repitan. Sin embargo, los desafíos persisten: el trauma no termina cuando el niño regresa, y la escuela puede convertirse en un nuevo espacio de exclusión si no se prepara para recibirlo.

En Costa Rica, el Organismo de Investigación Judicial –OIJ- recibe las denuncias de personas desaparecidas. El profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica, Carlos Torres Jiménez quién ha estudiado temas de seguridad en América Latina, señala que en ese país la búsqueda de menores de edad no está ligado a la Alerta Amber, considera que es preocupante la desaparición de menores de edad por diferentes causas, como problemas en el entorno familiar, la evasión con adultos, raptos, secuestros, entre otros.

En Panamá, la Ley 469 establece por primera vez la obligación de recolectar y analizar datos: edad, circunstancias, causas probables. Antes, se subía la alerta y se bajaba cuando el niño aparecía. No había análisis crítico, ni georeferencia, ni articulación entre autoridades. Ahora sí. Pero aún no está implementado, según declaraciones de la directora ejecutiva de la Alerta Amber en Panamá.

El 18 de agosto de este año fue ratificada como directora ejecutiva del Sistema Nacional de Alerta Amber, la subcomisionada de la Policía Nacional, Sumilexy Miller. Desde esa fecha se realizaron gestiones para obtener una entrevista para este reportaje. No fue posible a pesar de las reiteradas solicitudes inicialmente al Ministerio de Seguridad, a la Policía Nacional y a la propia oficina del Sistema Amber. Por respeto al rigor periodístico, se tomó como referencia una entrevista que concedió al noticiero matutino de Telemetro.

Para este reportaje quisimos conocer de la nueva dirección de la Alerta Amber trasladada del Ministerio de Gobierno al de Seguridad, cuáles son las vulnerabilidades existentes que rodean la desaparición de un menor de edad, las cifras de casos que maneja esta oficina, en qué tiempo es dada a conocer la Alerta Amber, cómo es la coordinación con el Ministerio Público y demás instituciones, sobre las adecuaciones existentes, presupuestos, entre otros datos de funcionalidad para la eficiencia de la recuperación de menores de edad desaparecidos.

Falta articulación. Falta presupuesto. Falta personal. Falta formación. Falta voluntad política. Falta cultura de protección. Falta entender que la desaparición de un menor no es solo un hecho policial. Es una herida social. Es una falla del sistema. Es una deuda del Estado.

La Alerta Amber no es una varita mágica. Es una herramienta para ayudar a combatir un problema que parece creciente en Panamá. Herramienta que se creó desde el dolor tras el secuestro y asesinato en Estados Unidos de Amber Hagerman, una niña de 9 años. Su caso conmovió a ese país y motivó a la comunidad y a las autoridades a establecer un sistema de difusión inmediata para localizar a los menores desaparecidos. Desde entonces, el modelo se ha expandido internacionalmente como un mecanismo de reacción rápida, que moviliza medios de comunicación, fuerzas de seguridad y ciudadanía en una carrera contra el tiempo para proteger la vida de niños y adolescentes.

A pesar de que la nueva ley que regula la Alerta Amber en Panamá contempla la participación activa de las empresas telefónicas en la difusión de alertas —mediante mensajes de texto y correos electrónicos a la ciudadanía—, a la fecha de esta publicación, los celulares en Panamá aún no reciben notificaciones oficiales cuando un menor de edad desaparece. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) está encargada de supervisar esta implementación. Esta ausencia limita el alcance ciudadano de la Alerta Amber y retrasa la capacidad de respuesta colectiva ante casos de menores de edad desaparecidos.

En Panamá, el acompañamiento psicológico a las familias durante la desaparición de un menor no está contemplado como parte operativa del sistema. No hay equipos especializados activados en paralelo a la búsqueda, ni protocolos de atención emocional inmediata. Esta omisión refleja una falla estructural: el enfoque sigue siendo policial, sin una respuesta integral que incluya contención, orientación o seguimiento. Frente a esa carencia, es necesario ampliar la red de actores involucrados, incluyendo profesionales del área social, educativa y comunitaria, que puedan aportar desde sus espacios a la protección real de la niñez.

Pero para que eso ocurra, el Estado debe articular. Debe coordinar. Debe invertir. Debe escuchar. El Ministerio Público recibió recortes a su presupuesto 2026, que afectarán proyectos como la creación de una nueva fiscalía para personas desaparecidas, informó el Fiscal Barragán.

“Que ningún niño más sufra lo que sufrió mi hijo.” Esa fue la frase que Briceida González pronunció tras la muerte de Juan David. Lo dijo frente a autoridades, sin guión, sin protocolo. No pidió justicia: la exigió. Su voz no fue parte de un comunicado institucional, pero quedó registrada como testimonio de lo que ocurre cuando el sistema no llega a tiempo.

No fue una consigna. Fue una alerta. Esa que con su hijo no se activó a tiempo.