Chávez vs derechos humanos

CARACAS. El 18 de septiembre presentamos un libro en Caracas que documenta cómo el presidente Hugo Chávez ha deteriorado la protección de los derechos humanos en Venezuela. Cuando regresamos a nuestro hotel esa noche, nos esperaban unos 20 agentes de seguridad, algunos de ellos armados y uniformados. Quien los dirigía afirmó —aparentemente, sin ningún tipo de ironía— que era un funcionario de “derechos humanos” del gobierno y que estábamos siendo expulsados del país.

El funcionario, acompañado por un camarógrafo oficial que filmaba nuestra expulsión, actuaba como si estuviera cumpliendo con un procedimiento legítimo. Con total naturalidad nos informó que sus agentes habían ingresado a nuestras habitaciones y habían empacado nuestras maletas.

Cuando intentamos comunicarnos por celular con nuestras familias y colegas, toda apariencia de protocolo desapareció abruptamente. Los agentes de seguridad nos rodearon, nos arrebataron violentamente los teléfonos de las manos y extrajeron las baterías. Cuando insistimos en comunicarnos con nuestras embajadas, nos empujaron hasta un ascensor de servicio, nos llevaron al sótano y nos obligaron por la fuerza a ingresar a una camioneta con vidrios polarizados. Cuando preguntamos hacia dónde nos dirigíamos, solamente nos dijeron que estábamos yendo al aeropuerto.

Tres agentes de seguridad se sentaron detrás de nosotros y al menos dos desenfundaron sus armas. Uno de los agentes utilizaba un celular para recibir y transmitir órdenes mientras circulábamos a toda velocidad por las calles de Caracas. Cuando estábamos en la autopista, encendieron la radio para escuchar a la agencia de noticias estatal anunciando nuestra expulsión. Los locutores informaron a su audiencia cautiva —que incluía además a todos los venezolanos que estaban escuchando radio, ya que todas las estaciones están obligadas a transmitir en cadena estos mensajes— que nuestra organización estaba financiada por el gobierno de Estados Unidos y que formábamos parte de una campaña de agresión contra Venezuela.

Human Rights Watch no acepta ni ha aceptado jamás financiamiento del gobierno de Estados Unidos ni de ningún otro gobierno, en forma directa o indirecta. Sin embargo, no es la primera vez que recibimos este tipo de acusaciones falsas, especialmente de gobiernos autoritarios. En ocasiones anteriores, autoridades venezolanas nos han acusado de ser títeres de la CIA, activistas de derecha y, más frecuentemente, “mercenarios del imperio”. En contraste, en la vecina Colombia, las máximas autoridades han intentado reiteradamente desacreditarnos catalogándonos de comunistas, simpatizantes de la guerrilla e, incluso, terroristas. Hace algunos años, luego de presentar un informe en Caracas, el vicepresidente de Chávez nos acusó públicamente de haber colaborado con el ex dictador chileno Augusto Pinochet.

La justificación oficial de nuestra expulsión fue que habíamos violado la Constitución al criticar al gobierno mientras nos encontrábamos en el país con una visa de turista. Esta acusación es falsa, ya que al ingresar al país marcamos en nuestras tarjetas migratorias la casilla que declara que nuestra visita era por motivos de trabajo. De cualquier modo, el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó claramente al día siguiente que la decisión del gobierno no estaba vinculada a nuestras visas. “Extranjero que venga a opinar en contra de nuestra patria será expulsado de manera inmediata”, declaró. Si el gobierno hubiera tenido realmente la intención de aplicar la ley, habría respetado nuestros derechos —consagrados en la Constitución promovida por el propio Chávez— de comunicarnos inmediatamente con nuestros respectivos consulados, obtener asesoría jurídica y ser oídos por una autoridad judicial. En lugar de ello, y tal como nos enteramos recién cuando ya nos encontrábamos a bordo de un avión, optó por comprarnos un pasaje a Brasil.

La soltura con la cual el gobierno ignoró estos derechos simplemente confirma la principal conclusión de nuestro informe: el gobierno de Chávez está más que dispuesto a violar su propia Constitución si así lo exige su agenda política. Paradójicamente, fue el propio Chávez quien impulsó la Constitución vigente hace casi una década. Dicha Constitución representó una oportunidad única para que el país fortaleciera el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Este artículo fue publicado en el New York Review of Books; copyright 2008 NYREV, Inc.