La fiscal general debe renunciar

El cargo de fiscal general de la República es el más importante de todos los que integran el poder público, después del presidente. Hay quienes le otorgan similar jerarquía y también quienes pensamos que por la naturaleza de las obligaciones que debe cumplir al frente del Ministerio Público, la responsabilidad por sus acciones y omisiones es la más grave y delicada de todas. Pensábamos que el fiscal anterior, Isaías Rodríguez, había batido el récord mundial de ineficiencia y desviaciones en el cargo, pero en poco tiempo la actual titular del despacho, Luisa Ortega Díaz, estableció nuevas marcas difíciles de superar.

La fiscal general tiene, entre otras, la responsabilidad de velar por el cumplimiento estricto de la Constitución y las leyes, de la vigencia plena de los derechos y garantías de los ciudadanos, tiene además el monopolio de la acción penal. Por otra parte, también está obligada a garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso. El ordenamiento jurídico le da el instrumental necesario para que pueda cumplir con su trabajo. Esto es bueno recordarlo porque jamás habíamos visto a la cabeza del Ministerio Público tan alejada de sus deberes y obligaciones y en sus cada vez más frecuentes declaraciones públicas, tantos disparates contrarios al derecho que juró defender, cumplir y hacer cumplir. Hasta el Código de Ética del Abogado ha sido vapuleado de manera sistemática en palabras y hechos. Todo es comprobable.

En la oposición tenemos fija la atención en los presos políticos civiles y militares, en los exilados, los torturados, los perseguidos y quienes sufren el acoso de los esbirros del régimen a los que se ha integrado la señora en cuestión. Esta causa se ha convertido en una de las más importantes razones para exigir el cambio de este régimen infame.

Hay otra realidad tan dolorosa como la anterior. Se trata de los presos mal llamados comunes que tienen saturadas los centros de reclusión de Venezuela. Allí no hay derecho humano alguno que se respete, empezando por la vida y la honra. Corruptelas a discreción en las narices de un Ministerio Público definitivamente cómplice de cuanto denunciamos. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, van 3,664 reos asesinados y 11,401 heridos bajo Chávez. 23,457 presos, 14,461 (60%) procesados y 7,495 (34%) condenados. Estas injusticias claman al cielo. La fiscal general debe renunciar. ¡Y el presidente también!