La oportunidad perdida para el desarrollo

L íderes de todo el mundo se reunieron recientemente en Nueva York para discutir sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que los países miembros de las Naciones Unidas se propusieron alcanzar para el 2015. América Latina y el Caribe están en vías de lograr dichas metas.

Sin embargo, hay un aspecto íntimamente ligado a la lucha contra la pobreza que se subestima con demasiada frecuencia: el hecho de garantizar que todos tengan una identidad debidamente registrada. América Latina y el Caribe aún no han resuelto el reto de proporcionar a cada niño un certificado de nacimiento. En realidad, en esta región no se registran oficialmente casi 1,3 millones de nacimientos al año.

En total hay 6,5 millones de niños y niñas sin certificado de nacimiento, un número igual a las poblaciones combinadas de Uruguay y Panamá. En octubre, entidades y especialistas de registro civil de América Latina y el Caribe se reunirán en Cancún para discutir estrategias para garantizar el derecho a la identidad de las personas vulnerables.

Esta discusión puede parecer técnica, pero el derecho a la identidad allana el camino a otros derechos humanos. Para un individuo, las consecuencias de su omisión o exclusión del registro pueden ser devastadoras. La falta de un certificado de nacimiento puede convertirse en un obstáculo para acceder a la escuela. Sin una identidad, las personas quedan condenadas a una vida de invisibilidad.

Existe una correlación entre buen gobierno y estadísticas de vida precisas, que se basan justamente en los aportes iniciales de los registros civiles y que sustentan las políticas y los programas públicos. Lo que no puede medirse no se puede mejorar. Sin embargo, en muchos países en desarrollo es difícil obtener estadísticas confiables.

Para mejorar efectivamente la prestación de servicios y promover oportunidades para sacar a más gente de la pobreza, se requieren estadísticas de vida y perfiles demográficos de buena calidad. Si los países quieren mejorar sus estadísticas vitales y demográficas, es necesario abordar con urgencia la capacidad de los registros civiles.

Quienes carecen de identidad legal suelen pertenecer a familias pobres o a comunidades indígenas. En nuestra región, los nacimientos no registrados oscilan desde 1% en Chile hasta un exorbitante 60% en Haití. La falta de identidad no es sólo un problema de derechos humanos. Puede afectar incluso a las finanzas públicas de un país. El año pasado, Perú ahorró US$30 millones luego de comenzar a exigir que los beneficiarios de programas sociales presentaran una tarjeta de identidad emitida por el gobierno para recibir servicios.

Muchas madres que dan a luz son jóvenes y solteras. A pesar de que pueden tener acceso al registro civil, no pueden anotar a sus recién nacidos si las leyes locales exigen que el padre se encuentre presente al momento de la inscripción. Si aspiramos a tener progresos significativos en los ODM, es necesario resolver ya estos enormes desafíos. Hasta ahora ha estado ausente en el debate el vínculo entre el registro civil y las metas de desarrollo.

Sólo un registro civil eficiente —y que ofrezca una cobertura universal del registro de nacimientos y decesos— puede suministrar los datos necesarios para producir información confiable. Cuatro de los ODM y 10 de los indicadores están directamente ligados a tal información. Sin estos datos, la medición de los avances hacia estas metas será inadecuada, en el mejor de los casos. Es hora de actuar.