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29 de May de 2022

América

Justicia por mano propia en México

MÉXICO. En menos de cuatro meses ciudadanos comunes, esos que se levantan, trabajan y vuelven a sus casas, decidieron luchar con mano pr...

MÉXICO. En menos de cuatro meses ciudadanos comunes, esos que se levantan, trabajan y vuelven a sus casas, decidieron luchar con mano propia contra el crimen en al menos cuatro estados de México. Son grupos civiles armados de autodefensa que ante la incapacidad del gobierno de dar respuestas ante la inseguridad, decidieron actuar.

Allí, según señalan especialistas consultados por La Estrella, la inseguridad creciente y la convivencia de las autoridades con el crimen organizado, obligaron a estos pobladores a tomar las armas y decir basta. Pero, ¿es legítima la decisión? ¿Qué ha hecho el actual gobierno para hacer frente a este fenómeno que comenzó a manifestarse de forma espectacular el 6 de enero de 2013, cuando unos 800 hombres armados con machetes y escopetas conformaron en Ayutla de los Libres (un municipio de montaña en el sur del país) grupos de autodefensa para proteger a sus comunidades acosadas por organizaciones criminales? ¿CULTURA DE LA VIOLENCIA?

Estos grupos se multiplicaron en los últimos meses en Guerrero , en el estado de Michoacán, así como un municipio en Oaxaca y dos en el estado de México.

No son un fenómeno reciente, pero no fue hasta el 6 de enero que llamaron la atención del público. Ese día los pobladores de Ayutla, en Guerrero, hartos de los abusos del crimen organizado, decidieron cubrir sus rostros y tomar las armas. Días después, otros municipios se sumaron a la iniciativa.

Finalmente el movimiento civil de autodefensa se autodenominó como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.

Realizaban retenes y montaban guardias, y hace poco capturaron a 54 presuntos criminales. Este último hecho provocó preocupación en el actual gobierno, que decidió tomar acciones.

Casi inmediatamente, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue a visitar a los dirigentes de aquella comunidad. El resultado de esas conversaciones fue que se logró la entrega de los criminales a las autoridades, pero también hubo algo más.

El acuerdo entre Osorio Chong y los líderes de Ayutla es considerado por algunos expertos como un peligro. En él, el estado decidió apoyar a estos grupos, lo que para algunos expertos sería legitimar una ‘cultura de la violencia’.

A Magda Coss, editora del portal mexicoseguridad.mx consultada por La Estrella, le preocupa que este reconocimiento en algún momento pueda dar paso a una transformación de estos grupos en paramilitares.

Coss señala además que en México la autodefensa es contraria a la ley (en el artículo 17 de la Constitución mexicana), por lo que la actual ‘legitimación’ no debería ser.

Pero ‘esa justicia que debían proporcionar los tribunales de forma pronta, indiscriminada y expedita, era inexistente’, dice Coss.

Y estos no son los únicos factores, ‘es un problema de derechos humanos. La marginación, la desigualdad, bajos niveles educativos’, terminaron por orillar a estos pueblos a buscar vías alternas para hacer respetar sus derechos fundamentales.

Y es que todas las regiones donde surgieron estos grupos están marcadas por la pobreza y la inseguridad.

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Según Vidulfo Rosales, coordinador del área legal de un centro de derechos humanos en Guerrero, lo hecho por el gobierno no se trata solo de una legitimización. ‘Lo que ha intentado hacer el estado es infiltrarse dentro de los grupos para tratar de dominarlos’. Rosales dice que hay dinero y promesas de darles uniformes, armas y sueldos. Esta es -según Rosales- la nueva política del gobierno de Peña Nieto.

En esa línea, Octavio Rodríguez Araujo, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), percibe que no es solo la violencia del crimen organizado contra la población la razón de la formación de estos grupos: hay intereses mineros en la región.

Las comunidades indígenas y campesinas que habitan la zona temen que le quiten o dañen los recursos de los dependen para vivir.

‘Las comunidades saben que si las empresas mineras entran en la región además de quitarles sus tierras las contaminarán y les cambiará radicalmente su vida, como ha ocurrido en las zonas petroleras de Tabasco, Campeche y Chiapas’.

DIFERENCIA CLAVE

Hay una diferencia clave que falta indicar en todo este asunto y es que según indica el investigador del Instituto Sociales de la UNAM, Carlos Antonio Aguirres Rojas, hay una confusión entre los recién formados grupos de autodefensa y la policía comunitaria. Básicamente no son lo mismo. La equivocada equiparación, señala Rojas, es por culpa de la prensa y televisión.

Para aclarar más, Coss dice: ‘No es lo mismo. La policía comunitaria ha estado por ejemplo en Guerrero, desde hace mucho, más de 15 años y se encarga de brindar seguridad a la comunidad’.

El peligro, según indica Rojas, parece estar más en los recientes grupos de autodefensa que en la policía comunitaria y otras experiencias similares, como los zapatistas en el estado de Chiapas. Estos últimos son grupos que además de tener más tiempo de existir, ‘están muy organizados y tienen su propio sistema de leyes y normas’.

Y más allá de defenderse, los zapatistas y la policía comunitaria, ‘proponen un cambio en el modo de hacer política’. Como indica Rojas, son comunidades que no solo tomaron acción frente al crimen organizado, sino que además buscan su propia autodeterminación. Ya que no se sienten representados por ningún gobierno.

No sería el caso de los recién formados grupos de autodefensa, que pueden estar siendo controlados desde arriba, según la sospecha de Rosales y Rojas. Coss agrega que estos grupos de autodefensa están desorganizados y que aparentemente no tienen ningún tipo de capacitación.

Sea este el caso o no, lo cierto es que el gobierno mexicano apostó por una confrontación directa con las organizaciones criminales que degeneró en la pérdida de unas 70 mil vidas. Una cifra equiparable al horroroso conflicto en Siria.