Expertos legales critican reformas

EEUU. Varias de las importantes reformas de espionaje anunciadas por el presidente estadounidense Barack Obama enfrentan obstáculos como retrasar su marcha en el Congreso, cargar al gobierno con grandes costos y burocracia y alterar la legalidad de las propuestas, advierten expertos legales.

Pese a los planes de Obama de cambiar el almacenamiento masivo de registros telefónicos de los estadounidenses a otra parte, las compañías telefónicas no quieren la responsabilidad. Analistas constitucionales cuestionan además los puntales legales del compromiso de Obama a establecer un panel asesor de expertos en privacidad para que intervenga en algunos procedimientos de la secreta Corte de Espionaje Extranjero, que supervisa las operaciones de compilación de datos de la Agencia de Seguridad nacional (NSA). Obama le pidió al Congreso que establezca el panel, pero altos jueces federales han expresado su oposición, argumentando inconvenientes legales y prácticos.

La corte secreta opera con sólo el gobierno presentando argumentos a un juez federal para el examen de los datos telefónicos de una persona. Activistas de libertades civiles dicen que debe haber otra voz que ofrezca al juez una opinión contraria. ‘El problema está en los detalles de cómo el gobierno colecta y retiene registros telefónicos’, dijo Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

Activistas de privacidad cuestionan además el silencio del gobierno sobre qué hará con centenares de millones de registros telefónicos, como mínimo, que son ahora mantenidos en inventarios del gobierno.

Por último, aludiendo a los planes de la NSA de construir una vasta instalación de almacenamiento de información en Utah, Romero dijo que ‘no hubo nada en el discurso del presidente sobre lo que ya está en manos del gobierno’.