Nuevo ministro de Interior peruano, en la mira

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por su sigla en inglés) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) cuestionaron ayer la designación del general retirado Daniel Urresti como ministro del Interior de Perú, quien es investigado como presunto autor mediato del asesinato de Hugo Bustíos, periodista y corresponsal de la revista Caretas , el 24 de noviembre de 1988.

Bustíos y su colega Eduardo Rojas Arce fueron atacados a balazos cuando se trasladaban en una motocicleta a Huanta para investigar el asesinato de dos civiles en las afueras de esa ciudad. Al parecer, Bustíos resultó herido y sobre su cuerpo malherido los atacantes colocaron una carga explosiva provocando su muerte.

En esa época Urresti, que era entonces capitán de Ejército, fungía como jefe de la sección local de inteligencia militar en Castropampa, Ayacucho. ‘Este caso es emblemático porque fue investigado por la Comisión de la Verdad de Perú, que recomendó la investigación y procesamiento de todos los responsables’, señaló la directora ejecutiva de DPFL, Katya Salazar. La activista añadió que ‘la decisión del presidente Ollanta Humala de evaluar el caso y concluir que no existen pruebas suficientes es un ataque a la independencia judicial, supone recompensar a una persona acusada de graves violaciones’.

Jo-Marie Burt, de WOLA, sostuvo que el gobierno peruano ‘debe rectificar esta decisión porque es lesiva al proceso que se sigue en Perú para lograr verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado interno, y afecta gravemente la consolidación de las instituciones democráticas’.