Negociadores de paz de Colombia viajan a Cuba

La delegación colombiana que negocia la paz con las FARC en Cuba viajó hoy a La Habana para avanzar en relación a la reparación de las víctimas, el siguiente punto de la agenda que tiene como objetivo acabar de forma negociada con el conflicto armado, que se prolonga desde hace 50 años.

Fuentes allegadas al proceso dijeron a Efe que este nuevo encuentro, pactado para comenzar mañana en la capital cubana, no hace parte de los ciclos de negociación porque son reuniones para preparar la forma en que se abordará el tema de víctimas, el cuarto de los cinco puntos que conforman la agenda.

El equipo negociador del gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, lo encabeza el ex vicepresidente, Humberto de la Calle, que al igual que los demás miembros partieron de Bogotá sin entregar declaraciones.

Las partes buscarán, dijo la fuente a Efe, acordar detalles sobre el tema de víctimas sin que se tenga un tiempo definido para cerrar la reunión, y "son ellos los que definen la fecha para reanudar el ciclo", que aún se desconoce.

El Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), acordaron suspender las conversaciones un mes atrás para darle paso a la realización de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 15 junio, en las que fue reelegido Santos para un segundo mandato, hasta 2018.

Y es que en el proceso de paz ha llegado la hora de discutir la situación de las víctimas, uno de los asuntos más sensibles, dado que, según el Centro de Memoria Histórica, este conflicto ha dejado 220.000 muertos, unos 25.000 desaparecidos, 5,7 millones de desplazados y 27.000 secuestrados, además de unas 2.000 masacres.

Las FARC y el Gobierno, que negocian la paz desde noviembre de 2012, iniciaron en junio pasado la discusión sobre víctimas y acordaron una "declaración de principios" que ha sido calificada de "histórica".

En el documento propusieron reconocer "a todas las víctimas del conflicto" y su "responsabilidad".

"No vamos a intercambiar impunidades", prometieron entonces en un comunicado conjunto, al comprometerse a "esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, orígenes y sus efectos", resarcir a las víctimas "por los daños que sufrieron", así como definir una "garantía de no repetición".

En su momento, De la Calle dijo que el reconocimiento de "todas las víctimas del conflicto" y de la responsabilidad frente a ellas encabezan ese listado de principios que "no tienen antecedentes ni en Colombia ni en ninguna parte en un proceso de paz".

Para aportar ideas a esta mesa, los negociadores encargaron a la oficina de Naciones Unidas en Colombia y al Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional la celebración de cuatro foros repartidos por el país, donde víctimas y organizaciones pudieran presentar sus peticiones.

A propósito de los foros, el viernes pasado concluyó uno de ellos, el que se realizó en Barrancabermeja, una de las localidades más golpeadas por estas cinco décadas de violencia.

Allí, los participantes enviaron un mensaje para los negociadores de la paz en Cuba: que las FARC y el Estado asuman su responsabilidad por sus crímenes y que pidan perdón por sus crímenes, con independencia de quienes los cometieran, ya fueran guerrilleros, paramilitares, o el Estado.

Las conclusiones de este y otros foros, como el de Villavicencio, que también ya se cumplió, serán llevados a la mesa de negociación a principios de septiembre para que las FARC y el Gobierno las tengan en cuenta en una eventual firma de un acuerdo de paz.

Quedan pendientes los foros de Barranquilla, que será el tercero, mientras que el cuarto, que tendrá carácter nacional, será en la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, en agosto.

De los cinco principales temas de la agenda, ya se han alcanzado preacuerdos sobre tenencia de la tierra, participación política y drogas ilícitas, mientras siguen pendientes los relacionados con las víctimas y el fin del conflicto.

Todos los preacuerdos alcanzados se divulgarán a la opinión pública cuando se concrete el acuerdo, que deberá ser ratificado por los colombianos en un plebiscito para obtener plena validez.