La antidemocracia electoral mexicana

La presencia masiva de las fuerzas militares y la policía federal, desplegadas en las elecciones de este domingo, en todo el territorio de México, terminó por liquidar el poco espíritu democrático que quedaba en ese país latinoamericano. Mientras las autoridades minimizaban los problemas, tanto en la víspera como durante el desarrollo de la jornada electoral, la violencia daba la nota de unas elecciones marcadas por la farsa política, la corrupción, los asesinatos de candidatos y el ‘clientelismo' tradicional.

México llega a las elecciones ‘con un Estado cuestionado por las Naciones Unidas por la práctica sistemática de torturas e impunidad', declaró a la prensa Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de DD.HH. y Democracia. En la víspera, hubo una veintena de asesinados vinculados al proceso electoral, nueve eran candidatos en plena campaña. Sus muertes fueron reportadas a las autoridades y varios de estos casos fueron obligados a sustituciones forzadas. México convocó a 87 millones de electores a las urnas (11 millones indígenas) para renovar la Cámara de Diputados, un millar de alcaldías y nueve gobernaciones.

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que esperaba ‘unas elecciones tranquilas'. Pero la resistencia ciudadana en Guerrero, ante la impunidad de los crímenes de Ayotzinapa, quemaron casillas y papeletas electorales. Las autoridades tuvieron que desmentir que habían sido suspendidas las elecciones en Tixtla, aseguraron que el 98.2% de las casillas en México se habían habilitado con ‘toda normalidad'.

Tras los comicios de ayer, México se convertía en el único país de América Latina que, en la última década, ha tenido que recurrir a sus fuerzas armadas para custodiar las urnas y frenar la violencia, la peor en su historia reciente. Las imágenes que transmitía la televisión de militares y policías bien armados en Tixtla y Oaxaca evidenciaban la ‘narcopolítica' detrás de los procesos electorales, donde el crimen organizado ha logrado torcer la democracia de México hasta convertirla en la caricatura democrática que actualmente es. El caso de los normalistas desaparecidos en Iguala, sucesos que descaradamente mostraron la complicidad de funcionarios, policías y políticos con el crimen organizado, es la señal de que no bastarán los votos para las reformas profundas que necesita el país.