Renuncia un gobernador colombiano investigado por corrupción

El gobernador del departamento colombiano de Cundinamarca (centro), Álvaro Cruz, renunció hoy a su cargo para defenderse tras ser imputado por la Fiscalía en un escándalo de corrupción en Bogotá.

Cruz fue imputado por el presunto pago de sobornos a concejales de la capital colombiana en aras de conseguir contratos valorados en 23.000 millones de pesos (unos 7,8 millones de dólares), caso conocido como "carrusel de la contratación".

Según explicó Cruz en su carta de "renuncia irrevocable", divulgada en medios, la imputación de cargos le "obliga a atender los requerimientos" de la Fiscalía.

El gobernador, que fue elegido en 2011 por una coalición de cuatro partidos, abandonará formalmente su cargo el próximo 18 de agosto, añade la misiva dirigida al presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

Será el jefe de Estado el responsable de nombrar a su sucesor, quien permanecerá en el cargo hasta el próximo 1 de enero, cuando tome el relevo quien sea elegido en las elecciones regionales y municipales del próximo 25 de octubre.

La Fiscalía anunció el pasado 17 de julio la imputación de cargos a Cruz por supuestos nexos con la firma ICM Ingenieros, a la que al parecer utilizó para pagar millonarios sobornos no solo a concejales sino también a otros funcionarios intermediarios involucrados en el escándalo.

El "carrusel de la contratación" hace referencia a las presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación de contratos para la construcción de infraestructuras en Bogotá que se realizó durante la administración de alcalde Samuel Moreno Rojas (2008-2011), del izquierdista Polo Democrático Alternativo.

Por este escándalo, Moreno Rojas está privado de su libertad desde septiembre de 2011 en un recinto especial de la Policía en Bogotá y la semana pasada la Procuraduría lo inhabilitó por 18 años para ocupar cargos públicos.

La Fiscalía indicó que a Cruz le serán imputados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar y ofrecer, y abuso de confianza calificado.

Según su investigación, el gobernador presuntamente entregó entre diciembre de 2009 y febrero de 2010 alrededor de 800 millones de pesos (unos 272.000 dólares) a funcionarios de la Unidad de Mantenimiento y Rehabilitación Vial de Bogotá, y a concejales de la ciudad que manejaban la mencionada entidad.

El objetivo era favorecer la ejecución de los contratos de suministro de asfalto y emulsión asfáltica a la Unión Temporal Asfaltos 2009, compuesta por la empresas ICM Ingenieros e Incoasfaltos, que finalmente consiguió el contrato por un valor total de 23.000 millones de pesos.