Cruceros a Cuba y viejos fantasmas

Los viajes de cruceros a Cuba autorizados por los gobiernos de Washington y La Habana como parte de la normalización de las relaciones bilaterales, reflotaron pretéritas medidas que tuvieron gran impacto en las últimas décadas por el ámbito hostil en las que fueron adoptadas.

Lo que en apariencia era una contradicción inexplicable entre los intereses de Cuba de promocionar y desarrollar el turismo, incluido el segmento de los cruceros, y su legislación, que debería estar completamente en función de esos objetivos, se resolvió con la oficialización de nuevas normas de migración, según las cuales, a partir del 26 de abril, los cubanos, con independencia de su condición migratoria, podrán enrolarse como pasajeros y tripulantes en buques mercantes y cruceros para entrar y salir del territorio nacional.

Hasta hoy, esa actividad tenía muchas limitaciones en virtud del Decreto-Ley 194 de las infracciones sobre la tenencia y operación de embarcaciones en el territorio nacional fechado el 19 de julio de 1999, que Cuba adoptó como resultado de agresiones por mar al país y graves transgresiones cometidas desde Estados Unidos por traficantes de personas, e incluso desde la propia isla mediante grupos de mafiosos.

Contrariamente a lo que se malinterpretó desde Miami, el decreto no fue promulgado solamente para cubanos residentes en el exterior, en particular Estados Unidos, sino también para todos los habitantes de la isla, que aún requieren permisos especiales para bojear el archipiélago.

Curiosamente, el decreto fue promulgado cuatro años después del inicio, el 2 de mayo de 1995, de un acuerdo migratorio con el Departamento de Estado para posibilitar la emigración ordenada, legal y segura de los cubanos, el cual no fue cumplido por la Casa Blanca desde donde se estimuló el éxodo irregular mediante leyes como la de Ajuste Cubano, y las políticas Parole y "Pies Secos, Pies Mojados".

El decreto 194 pretendía atajar episodios como los de Mariel y Caimanera, que podrían haberse repetido, como parece corroborar la situación migratoria de los cubanos en Panamá y Centroamérica, donde miles se han quedado varados entre fronteras en busca de vías alternativas para beneficiarse de la vigente Ley de Ajuste que favorece a los que lleguen a EE.UU. por tierra.

Los tiempos han cambiado y es cierto que aquella medida de defensa y protección de soberanía con la que se evitaron conflictos se hizo contraproducente con las medidas migratorias adoptadas desde 2013 y los acuerdos del 16 de febrero pasado, que estableció comunicación aérea con Estados Unidos.

Aun así, ni los cubanoamericanos ni los oriundos de Estados Unidos viajarán como turistas en esas naves de recreo, pues las leyes de ese país los vetan para visitar a Cuba en tal condición, otra de las muchas demandas planteadas por La Habana en la comisión negociadora.

La empresa de cruceros Carnival y otras interesadas en la ruta cubana tendrán que elaborar una agenda cultural para cumplir con los requisitos que impone el gobierno de Estados Unidos a los ciudadanos que viajan a Cuba.

El caso planteado en torno a los cruceros es un indicativo de las malformaciones que el proceso de normalización de las relaciones bilaterales va a encontrar en su largo y difícil camino, a las que habrá que darle el pecho y resolverlas de una manera civilizada si de verdad se quiere avanzar.

ANALISTA POLÍTICO