Horror ante nueva arremetida de la Guardia Nacional venezolana

Entre llanto y frustración, por los intentos fallidos ante una justicia invisible, por el cansancio de una lucha política y social y ahora por las nuevas agresiones, Delsa Solórzano, presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional de Venezuela, conversó vía telefónica con La Estrella de Panamá y relató los momentos de horror para aquellos que se encontraban en las instalaciones del centro médico en el que fue asistida en la tarde del lunes, durante las protestas.

Y es que luego de recibir el impacto de una bomba lacrimógena en su pecho y perder el conocimiento, la parlamentaria fue trasladada a la Policlínica Las Mercedes, en la ciudad de Caracas, para recibir asistencia médica.

De acuerdo con sus declaraciones, un numeroso grupo de colegas parlamentarios arribó al centro médico para verificar su estado de salud y en el lugar, algunos de los manifestantes buscaban resguardo ante la convulsión de los enfrentamientos de calle en los que se evidenciaba la presencia de ‘grupos colectivos armados’ adeptos al Gobierno, opositores y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

CORTESÍA DE RODOLFO CHURIÓN Y DAVID DITTMAR | PTP DOCUMENTALManifestantes del bloque opositor, protestan contra el Gobierno de Nicolás Maduro en la ciudad de Caracas, Venezuela.

Poco tiempo después de haber recibido atención médica, un contingente de la GNB se aproximó a la clínica y arrojó entre ‘risas’ y ‘burlas’, bombas lacrimógenas en el área de la emergencia, afirmó.

constitución

Art. 68 de la Constitución venezolana, “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

Para Solórzano, la acción representó una cruda violación a los derechos humanos en la que se vieron afectados tantos pacientes, como el personal de la institución y un recién nacido que tuvo que ser evacuado de emergencia producto de los gases tóxicos.

Gas y más gas

Yerobi Conde, coordinador de admisión en la clínica, explicó que “la primera bomba cayó a un metro de la entrada principal de la Emergencia y la segunda en el jardín”, lugar en el que se encuentran los ductos del sistema de aire acondicionado afectando de manera notoria las instalaciones de la clínica, incluyendo la sala de Terapia Intensiva en la que se encuentra un paciente en estado crítico.

El recién nacido que recibió los efectos tóxicos del gas, fue trasladado a la Unidad de Terapia  Neonatal en otro centro asistencial de la ciudad debido a su condición.

Conde manifestó que se hizo necesario cortar el suministro de aire acondicionado y cerrar las bombas de oxígeno en la emergencia principal.

Comentó que fue posible divisar dos helicópteros que sobrevolaban el área en círculo, desde uno de los cuales también fueron lanzadas bombas lacrimógenas.

Registros

Solórzano, como abogada y defensora de DDHH, ha seguido de cerca los reportes de violaciones por parte de las autoridades en el país suramericano.

En 2014, cuando Venezuela protagonizó durante meses, manifestaciones que dejaron un saldo de 43 fallecidos, centenares de heridos y miles de detenidos, la parlamentaria trabajó para interponer las denuncias correspondientes ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, lamenta que su registro de presos políticos iniciara en el año 2000 y la situación no halla mejorado. “La historia escrita en nuestro informe de derechos humanos es muy difícil, tiene 17 años” y aunque las instancias internacionales se han pronunciado, han admitido los casos, han declarado presos de consciencia a los ciudadanos, es “apenas hoy cuando el mundo despertó sobre Venezuela”.

Sobre el rol de la comunidad internacional, afirmó que “es apenas hoy que se dieron cuenta después de tantos años que estamos siendo víctimas de una sangrienta dictadura”, recordando que aunque la liberación del país está solo en manos de los venezolanos, cada vez que hacen negocios con el Gobierno de Venezuela, reciben dinero “manchado de sangre” de los ciudadanos que “lo están dando todo por liberar a Venezuela”, concluyó en llanto.

Derecho a manifestar

Sobre el derecho a la manifestación pacífica, el artículo 68 de la Constitución venezolana, reza que “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

Pese a ello, el uso de armas de fuego por parte de los efectivos de las fuerzas de seguridad no ha mermado. Uno de los casos más emblemáticos es el de Jairo Ortiz Bustamante, estudiante universitario de tan solo 19 años, que fue asesinado el pasado 6 de abril al recibir un impacto de bala en el pecho, mientras protestaba en el municipio Carrizal del estado Miranda .

¿El asesino? Un oficial de la Policía Nacional Bolivariana, para quien el Ministerio Público dictó privativa de libertad.