Nueva fiscal de Costa Rica revisará caso de expresidente peruano Toledo
La Corte Suprema de Justicia suspendió por tres meses a Jorge Chavarría como fiscal general y en su lugar nombró a Emilia Navas

La nueva fiscal general de Costa Rica, Emilia Navas, anunció hoy que "revisará" el caso de supuesto lavado de dinero en el país por parte del expresidente peruano Alejandro Toledo, relacionado a aparentes sobornos de la empresa Odebrecht.
"En cuanto al expresidente Toledo, vamos a revisarlo", dijo Navas al programa Hablando Claro de la emisora Radio Columbia, sin ahondar en detalles, pues afirmó que no puede referirse al fondo del asunto.
El caso por el movimiento de 17 millones de dólares en cuentas bancarias de Costa Rica pertenecientes a sociedades anónimas conformadas en este país, fue archivado este año por un juez a pedido de la Fiscalía.
El pasado viernes la Corte Suprema de Justicia suspendió por tres meses a Jorge Chavarría como fiscal general y en su lugar nombró a Emilia Navas, quien hoy dijo que ha cambiado a todo el equipo de trabajo por gente de su confianza.
Chavarría, suspendido por aparentes irregularidades en la investigación de otro caso local de supuesta corrupción, tuvo a su cargo el equipo que investigó el caso del expresidente Toledo.
La desestimación del caso contra Toledo forma parte de un serie de causas cerradas en condiciones polémicas que serán revisadas por la nueva fiscal costarricense, según confirmó la misma abogada.
Las investigaciones de las autoridades de Perú y Brasil indican que al menos 17 millones de dólares de supuestos sobornos fueron movilizados a las cuentas de sociedades anónimas establecidas en Costa Rica.
En Perú, Odebrecht es investigada por el presunto reparto de 29 millones de dólares en sobornos entre 2005 y 2014, y los primeros denunciados han sido el exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006) y el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), detenido en prisión preventiva, por presunto lavado de dinero.
A raíz de la denuncia de presunto lavado de activos, Toledo tiene una orden de detención preventiva por 18 meses en Perú, que la justicia peruana tramita para lograr su extradición de Estados Unidos, donde reside desde hace varios años.
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